“Mientras no se blinden las pensiones en la Constitución el futuro de las pensiones públicas es la pérdida de poder adquisitivo”

“Consideramos urgente blindar las pensiones en la Constitución, para que se prohíba explícitamente su privatización y la pérdida de poder adquisitivo”.

En los medios de comunicación se ha presentado la propuesta que está haciendo el PP en la Comisión del Pacto de Toledo con las declaraciones de la ministra de Empleo, Fátima Báñez: “Ampliar voluntariamente el periodo para calcular la pensión a toda la vida laboral…, favorecería a trabajadores perjudicados por la crisis”. ¿Qué te parece esta propuesta?

Esta es una pregunta que muchas de las organizaciones que pertenecen a la MERP podrían contestar, y seguro que hay diferentes opiniones y matices, pero en la actual situación lo que nos une es saber que mientras no se blinden las pensiones en la Constitución el futuro de las pensiones públicas es la degradación y la pérdida de poder adquisitivo.

El proceso de deterioro de las pensiones públicas es innegable, cuando hemos conquistado con el trabajo de todos un sistema que es un referente en todo el mundo, y que constituye la columna vertebral del Estado social. Desde luego, todas las opciones y propuestas deben ser debatidas, insisto, todas. Pero por encima del debate de la financiación o del cálculo de las pensiones, es necesario un compromiso político incuestionable con el carácter público de las pensiones y con su mejora.

En nombre de “garantizar las pensiones”se hicieron las reformas de Zapatero y Rajoy cuyas consecuencias ya conocemos. ¿Estamos ante otra ofensiva contra las pensiones?

Lo que no debemos permitir es que avancen las propuestas de quienes afirman que el sistema público de pensiones es insostenible y que solo se pueden “garantizar” y, por supuesto mejorar, si es mediante “el ahorro privado”, es decir, entregando las pensiones a los fondos privados. Ese es el actual peligro en el marco del debate y las propuestas del Pacto de Toledo.

Hemos podido ver cómo en los diez años de crisis que llevamos el PIB español no ha variado prácticamente, lo que quiere decir que no existe un problema de recursos, sino de a qué se dedican esos recursos. Así, cualquiera puede entender que si no se destinan los recursos necesarios para mantener y mejorar el sistema público de pensiones es por voluntad política, no porque “no hay dinero” o por criterios técnicos. Y la voluntad política, es decir, las decisiones de los gestores, de aquellos a los que elegimos para que gestionen nuestras pensiones, dependen de sus proyectos políticos. Y las pensiones públicas no pueden depender de eso, deben estar por encima de eso. Es decir, todas las sensibilidades políticas debemos unirnos en este punto. Además, es evidente que las decisiones tomadas hasta ahora no se han mostrado capaces de solucionar el problema que dicen que hay. Por eso consideramos urgente blindar las pensiones en la Constitución, para que se prohíba explícitamente su privatización y la pérdida de poder adquisitivo.

Muchas veces nos repiten que nadie, que se sepa públicamente, ha propuesto privatizar las pensiones. Y aunque esto pueda ser discutible, desde la MERP lo que contestamos es que no nos preocupa eso, que lo que nos importan son los hechos, y año tras año el “espacio” de las pensiones públicas se achica y pasa a ser ocupado por las privadas. Esto es lo que hay que evitar.

¿Alguien aceptaría que las deudas del Estado, poco a poco, se fueran transfiriendo al ámbito privado, para que fueran las empresas y las familias quienes las pagasen?, ¿por qué las pensiones sí?, de hecho, lo que ha pasado es lo contrario, la deuda privada se ha transferido a las arcas del Estado. Porque la deuda solo da beneficio si se convierte en un préstamo que da la banca al Estado a un interés desorbitado, como hemos visto que ha pasado, pero las pensiones son un enorme negocio, el mayor que puede hacerse con las arcas públicas. No estamos en contra de que los fondos privados hagan negocio, adelante… pero no a costa de las pensiones públicas.

Sea por error, por ideología o por negligencia, la Carta Magna, la Constitución como ley de leyes, debe evitar que esto pase. Y este debe ser un acuerdo de todos los demócratas por encima de cualquier otra diferencia.

Sobre la mesa del Pacto de Toledo hay dos tipos de propuestas, la del PP y las de los sindicatos y la oposición sobre la financiación. ¿Por qué blindar las pensiones es la alternativa que propone la MERP?

Precisamente porque las diferentes alternativas técnicas incluyen concepciones diferentes de lo público, de las pensiones, de la gestión…, es decir, proyectos políticos diferentes y alternativas técnicas distintas. Todas ellas debatibles. Pero mientras el marco de esas soluciones sea que lo que hemos construido entre todos, el fruto del esfuerzo colectivo, puede convertirse en un negocio, las pensiones estarán vendidas al gobierno de turno, a sus proyectos políticos, a sus aciertos y errores, a su capacidad o negligencia.

Sin embargo, las pensiones públicas expresan una voluntad colectiva de solidaridad, el empeño de una sociedad por generaciones de cuidar a quienes han trabajado toda la vida en el momento en el que más lo necesitan, devolviéndoles una pequeña parte de lo que le han entregado.

Blindarlas es un paso adelante, una evolución democrática, un signo de progreso. Tenemos que ser capaces de alcanzar ese consenso, de forma que el mantenimiento del carácter público de las pensiones y su poder adquisitivo sea un mandato constitucional inexcusable para todos los gobiernos de aquí en adelante. Y que saltárselo, coloque a quien lo haga fuera de la ley y de la Constitución.

Todo indica que se va a intensificar los movimientos en torno a las pensiones. La MERP ha recogido firmas, presentado mociones en los ayuntamientos y CCAA. ¿Qué se plantea hacer la MERP?

La MERP está formada ya por casi 300 organizaciones con presencia en las 52 provincias y hemos conseguido el respaldo de más de 50 ayuntamientos, además del Parlamento de Navarra. Esto significa que nos apoyan instituciones que representan al 27% de la población. Estamos decididos a conseguir el apoyo del 70% de la población, a través de los ayuntamientos, los parlamentos autonómicos y superando los dos millones de firmas.

Para eso, seguiremos recabando el apoyo del conjunto de la sociedad, profesionales, trabajadores, organizaciones, instituciones… sin distinción de ideologías, credos religiosos ni siglas partidistas. Hay mucho en juego, y el papel que han jugado las pensiones en miles de familias durante la crisis es buena prueba de ello.