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El gobierno mexicano ha emitido un decreto por el cual prohíbe el maíz transgénico resistente al glifosato -ambos uno de los productos estrella de la multinacional norteamericana Monsanto, ahora absorbida por Bayer- en todo el país, y da a la agroindustria, que utiliza ampliamente estos productos, tres años para adaptarse.
El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup (nombre comercial producido por Monsanto comprada por Bayer en 2018, cuya patente expiró en 2000), un compuesto que mata casi cualquier brote de mala hierba, pero que es objeto de controversia desde el punto de vista toxicológico y ambiental, al ser devastador para los ecosistemas. La multinacional Monsanto, que patentó el Roundup, también elaboró por ingeniería genética diversos cultivos RR (Roundup Ready); maíz, soja, algodón, etc… transgénicos para ser resistentes al herbicida. Algo que ha multiplicado el uso del herbicida, envenenando los ecosistemas y las cadenas tróficas, y enganchando a los agricultores, que solo pueden cultivar productos RR en un terreno contaminado por glifosato.
Monopolios como Monsanto/Bayer, el glifosato y sus plantas RR son el paradigma del uso criminal de la tecnología transgénica (que en sí misma no es ni buena ni mala), que arruinan a los agricultores y a la tierra, y que llevan décadas imperando en los campos de cultivo de América Latina. El glifosato, junto a otro herbicida, el paracuato, encabezan la lista de productos agrícolas más tóxicos y mortales. Cada año se registran cientos de miles de caso de intoxicaciones por estos plaguicidas en todo el mundo.
Ahora el gobierno progresista de López Obrador ha decidido poner fin a estas prácticas monopolistas, prohibiendo el uso de glifosato como veneno agrícola. A partir del decreto se prohíbe en México la compra, uso, distribución, promoción e importación de glifosato o productos que lo tengan como ingrediente activo por parte de organismos públicos. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal se encargará de promover alternativas sostenibles y culturalmente apropiadas para la salud humana, la biodiversidad del país y el medio ambiente.
En el caso del maíz transgénico, el decreto impide a las autoridades de bioseguridad emitir licencias que autoricen la siembra de semillas del cereal genéticamente modificadas. Además, la orden es revocar las autorizaciones ya otorgadas para el uso de granos transgénicos hasta el 31 de enero de 2024.