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Los resultados electorales en el país azteca son para el presidente Peña Nieto una victoria agridulce. Aunque el PRI logra mantener la mayoría, lo hace retrocediendo -y mucho- en votos. En un México recorrido por explosivas desigualdades y luchas sociales, azotado por la corrupción, la violencia y el narcotráfico, los votantes han hecho retroceder a los partidos tradicionales (PRI, PAN y PRD). Un terreno movedizo y preocupante para su clase política… y para el gigante del Norte.
Un castigo a los principales partidos. Este es el veredicto de las urnas mexicanas en las elecciones intermedias del 7 de junio, donde se elegían nueve gobernadores, el Parlamento nacional, los miembros de 16 congresos estatales y de 1.009 ayuntamientos. Si bien el PRI de Peña Nieto retiene la mayoría simple y la Cámara de Diputados, al obtener con un 30% de los votos y cerca de 200 escaños, retrocede una decena de diputados, y necesitará del Partido Verde Ecologista para tener estabilidad parlamentaria. El PAN (Partido de Acción Nacional, derecha) de Gustavo Madero, la segunda fuerza con el 22%, también retrocede. Y el más castigado es el PRD (Partido de la Revolución Democrática, centro izquierda), que sólo obtiene un 11% de los votos y pierde 40 escaños. «Un castigo a los principales partidos. Este es el veredicto de las urnas mexicanas en las elecciones intermedias del 7 de junio»
La excepción como fuerza emergente es la MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional, izquierda) de López Obrador, una escisión del PRD que se alza con el 8,5% de votos. Otro flamante triunfador es un expriista, Jaime Rodríguez «El Bronco», que ha ganado por un amplio margen en el estado de Nuevo León, el segundo estado más rico del país. En un país donde el PRI y el resto de los partidos tradicionales (PRD y PAN) llevan 80 años gobernando, es la primera vez que una candidatura independiente consigue una gobierno regional.
Narcoestado y lucha de masas.
Hartazgo, indignación y un sistema de contradicciones explosivo. Ante los ojos de la mayoría de los mexicanos, la corrupción y los cárteles impregnan todos los estamentos del Estado. Narcopartidos, narcocandidatos, narcolegisladores, narcogobernadores, narcoalcaldes, narcojueces, narcoinstituciones… El narco llega a todas partes, se mimetiza con el Gobierno, sus raíces no dejan instituciones sin pudrir, y en particular los grandes partidos: el PRI, el PAN, el PRD. La violencia de los cárteles ha dejado más de 150.000 muertos en la última década y ha costado a la economía mexicana aproximadamente 233.000 millones de dólares, un 17% del PIB.«El narco cumple un gran papel para amedrentar, dividir, desarticular o disolver movimientos sociales subversivos»
El caldo de cultivo de los cárteles y el narco se nutre de las instituciones de la nación, y a su vez es un eficaz instrumento de control social al sur del Rio Grande. El crimen organizado cumple un gran papel -para la oligarquía mexicana y sobretodo para la norteamericana- para amedrentar, dividir, desarticular o disolver movimientos sociales subversivos para el Estado. La DEA lo combate con una mano y lo alienta con la otra.
Un ejemplo sangrante y caliente aún en la memoria de los mexicanos -y que ha influido de forma notable en estos comicios- es el caso de los 43 estudiantes desaparecidos y asesinados en Iguala el año pasado. La complicidad del violento cártel de los Guerreros Unidos, con la policía y el alcalde de Iguala (Jose Luis Abarca, del PRD) ha enardecido un movimiento popular que está lejos de haberse apaciguado.
De hecho, el movimiento de maestros y estudiantes contra la feroz reforma educativa impulsada por Peña Nieto es una de las puntas de lanza de la lucha popular en México. Una movilización que no sólo se ha radicalizado contra el gobierno, sino contra los partidos del stablishment y contra el sistema mismo, llamando al boicot en estas elecciones. Las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el combativo sindicato de maestros, contra la «farsa electoral» en el sur del país -Oaxaca, Chiapas y especialmente Guerrero- se saldaron con cortes de carreteras, centrales petroleras, aeropuertos y violentos enfrentamientos con la policía. En la capital de Oaxaca, los manifestantes saquearon las oficinas de todos los partidos políticos y del Instituto Nacional Electoral. Pero paradójicamente, la abstención propugnada por estos sectores radicalizados ha sido lo que ha permitido al PRI conservar la mayoría, a pesar de su desgaste en votos.
Pero la violencia de las masas no ha sido las que han convertido a estos comicios en «las elecciones más sucias desde la aparición de la democracia en México», como han titulado varios rotativos aztecas. El país vive los peores años desde el punto de vista de la seguridad, y el narcoterrorismo ha estado muy presente en la campaña para hacer propaganda -a tiros- contra uno u otro grupo político. Al menos siete precandidatos, candidatos y nueve funcionarios y responsables de campañas han sido asesinados, y otros 20 candidatos se vieron forzados a abandonar sus respectivas campañas, perseguidos e intimidados por los cárteles.
La preocupación de los gringos.
En un continente donde en las últimas décadas una potente corriente antihegemonista ha arrebatado a EEUU la mayor parte de los gobiernos de Hispanoamérica, México -y también Colombia o Chile- es una plaza fuerte que de ninguna manera Washington está dispuesto a perder. Mucho más cuando es la frontera sur y el país de donde procede la mayor minoría racial de la clase trabajadora norteamericana. Pero además, el país azteca -que mantiene con EEUU un Tratado de Libre Comercio, el NAFTA- es un gigante económico (es la 13ª economía del mundo, con un PIB de 1,2 billones de dólares, por delante de España), demográfico (121 millones de hab.) y es un enorme mercado y fuente de materias primas para los capitales de Wall Street. Por incontables razones, para Washington es una necesidad perentoria que México siga firmemente anclado a su órbita.
Más aún cuando el presidente Peña Nieto ha abierto la petrolera estatal Pemex -la sexta del mundo- a la entrada de capitales extranjeros. Por eso, aunque para Washington es una buena noticia que el PRI -un instrumento que les ha servido bien durante 80 años- mantenga la mayoría parlamentaria, observa con preocupación -en boca de Luis Rubio, director del CIDAC, un think tank especializado en México, ligado a la Trilateral y a medios como Washington Post o Wall Street Journal- «una profunda desazón social a todos niveles en la que el 76% desaprueba al gobierno».
Wall Street exhorta a Peña Nieto a acelerar y seguir adelante con las «necesarias reformas económicas» y con su política de entrega al país en manos del gran capital norteamericano, y le advierte al mismo tiempo que es necesario atemperar una situación social cada vez más antagónica, y una indignación ciudadana que desgasta rápidamente el sistema político. Lo más preocupante es que no hay posibilidad de recambio inmediato, dice Rubio: «En contraste con España, donde existen, o son posibles, mecanismos institucionales alternativos para canalizar el hartazgo, en México ese camino es virtualmente imposible, lo que se torna en una amenaza soterrada a la estabilidad».«Wall Street exhorta a Peña Nieto a acelerar y seguir con su política de entrega al país en manos del gran capital norteamericano»
La abigarrada trama de corrupción, clientelismo e intereses creados -entre la partitocracia, caciques, empresas y el narco- puede hacer más difícil, lenta o torpe cualquier maniobra de cambio. La posibilidad de emprender una «primavera mexicana» que, aprovechando el descontento popular, consiga un rápido recambio de régimen favorable al hegemonismo no se antoja fácil en México. La corrupción se ha hecho quiste. «Por más que haya corrupción, el riesgo de que un político de las primeras líneas pierda su empleo es irrisorio», avdierte Luis Rubio.
Un terreno movedizo, impredecible y peligrosamente cambiante. Como el pantano sobre el que fue construida Tenochtitlán.