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Dijimos en capítulos anteriores que México vivía instalado en una contradicción: o da- ba un empuje definitivo a su modernización, superando las inmensas trabas que se resis- ten a ello, o podía llegar a verse envuelto en una situación prácticamente insurreccional. Las recientres protestas que recorren el país, protagonizadas por el sindicato de maestros contra la reforma educativa del gobierno del PRI, agravada por los sucesos violentos de Oaxaca (donde la policía reprimió a balazos una protesta, dejando un terrorífico balance de 9 muertos), ponen en evidencia que el di- lema planteado es mucho más real de lo que se piensa.
El conflicto or la reforma educativa en México, que dura ya varias semanas, se agravó efectivamente el domingo 19 de junio pasado con la muerte a tiros de al menos nueve personas durante el desalojo policial de una autopista bloqueada por la protesta de los maestros. La batalla campal ocurrió por la mañana en la carretera junto al pueblo de Nochixtlán, en Oaxaca, el Estado del sur de México donde se concentra la oposición más radical a una reforma que el Gobierno considera imprescindible para «modernizar el anticuado modelo tradicional» y que el sindicato que impulsa el rechazo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), denuncia como «un caballo de Troya contra la educación pública». Para el sindicato: «El Estado trata de imponer a sangre y fuego una falsa reforma. Lo que quieren es justificar el despido masivo de los trabajadores de la educación. Necesitamos una reforma educativa, sí, pero no laboral». En el mismo lugar donde a las 10 de la mañana se agrupaba una marcha en protesta por los asesinatos, un líder de la CNTE caloficó el dramático episodio del domingo como «represión de Estado» y se mostró contrario a cualquier negociación con el Gobierno: «Sus reformas son lesivas para el pueblo y no negociamos en contra del pueblo». Todo empezó con los rifirrafes habituales de los choques entre los maestros y la policía, con barricadas de vehículos en lla- mas y lanzamiento de objetos, pero a partir de un determinado momento la situación se descontroló por completo y pasó a un terreno que hasta ahora no se había pisado en la dura disputa sobre la reforma educativa. Según el jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo, se trató de una «emboscada» que los «envolvió» con cócteles molotov y cohetes artesanales y que llegó de pronto a los balazos contra los agentes «y contra los propios manifestantes». Ante la situación, dijo Galindo, llegaron refuerzos especiales «que respondieron con fuego». De los muertos, según la información oficial ofrecida a última hora del lunes, «siete fallecieron por herida de bala y uno por la explosión de un artefacto». Según la versión gubernamental «ninguno de los fallecidos era maestro». Se investiga si los balazos mortales que recibieron estso fueron disparados por la policía o por los supuestos atacantes imprevistos. En la refriega hubo más de 100 heridos, entre ellos medio centenar de agentes, ocho con impactos de bala. La policía sostiene que los responsables fueron «grupos radicales» que no están vinculados al movimiento de los maestros y que durante el ataque llegaron a sumar «más de 2.000 individuos». Hay 21 de- tenidos. La Comisión Nacional de Seguridad, el órgano superior encargado de la policía, ha anunciado que la Unidad de Asuntos Internos iniciará una investigación de los sucesos. «Para el sindicato: «el Estado trata de imponer a sangre y fuego una falsa reforma. Lo que quieren es justificar el despido masivo de trabajadores de la educación».»La versión de la CNTE, que frente a la información policial reclama a todos los fallecidos como propios, es que fue un ataque directo de la policía. «Dispararon sin piedad. Ellos fueron a agredir», dijo en Oaxaca uno de sus líderes, Juan García, que acusó a las autoridades de orquestar el caos con agentes infiltrados como pretexto para poder arre- meter contra ellos. El sindicato, que cuenta con más de 100.000 afiliados en el cinturón sur de México, pobre y tradicionalmente desatendido por el Estado, ha pedido la renuncia del Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, y del secretario de Educación Aurelio Nuño, un tecnócrata de la máxima confianza del presidente Enrique Peña Nieto. Ese mismo domingo, en otro punto de Oaxaca, en el municipio de Juchitán, era asesinado el reportero Elidio Ramos Zárate, del periódico El Sur. El periodista, que cubría las protestas de los maestros contra la reforma educativa, estaba descansando en un banco cuando dos individuos en moto se le acercaron y le dispararon con armas largas. Ramos, de 44 años, era el responsable de la información policial de su diario. (Más de 90 informadores han sido asesinados en México desde el año 2000). Tras los gravísimos sucesos de Oaxaca, el presidente Peña Nieto dijo a través de su cuenta de Twitter que su Gobierno investigará el origen de los altercados para castigar a los responsables y que tomará «las acciones ne- cesarias para solucionar el conflicto». Incluso se ha manifestado dispuesto, por primera vez, a negociar «con todos y sobre todo». La reforma educativa emprendida por el gobierno pretende, según él, «cortar viejos privilegios del sistema educativo, como la heredad de las plazas docentes o la ausencia de evaluaciones», pero en el fondo aspira a minar el poder real de la CNTE. Dos de sus líderes fueron detenidos una semana antes de la provocación de Oaxaca acusados de desvío de fondos públicos y lavado de dinero, en un golpe de efecto que pretendía desacreditar al sindicato y debilitar la protesta. Pero los sucesos del domingo han hecho que el conflicto suba un peligroso peldaño. «Ahora veremos qué pasa», retaba en Oaxaca el líder de la CNTE. «A ver quién acumula más fuerzas». Otro manifestante, el profesor jubilado Manuel Hernández, encendido por la alta temperatura que ha alcanzado la batalla educativa, soltó: «Ahora sí, fíjese lo que le voy a decir. La gente está despertando, y si más adelante hay represión y hay armas de fuego nosotros tenemos también que utilizar armas de fuego». «La policía afirma que los responsables fueron «grupos radicales» que no están vinculados al movimiento de los maestros. Para el sindicato esos «radicales» eran provocadores de la policía.»Mientras a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Oaxaca los maestros seguían buscando respuestas a la matanza del domingo, en el parque de la Ciudadela de la Ciudad de México, donde hay 2.000 miembros del sindicato de maestros acampados desde el 15 de mayo, el ambiente era tenso y lleno de incertidumbre. Por un lado los líderes magisteriales se reunían en un lugar desconocido por razones de seguridad para acordar una nueva agenda de movilizaciones para el futuro inmediato, y por otro no dejaban de llegar hasta el campamento de la capital grupos de apoyo al movimiento. Entre ellos, colectivos vinculados a las escuelas Normales como la de Ayotzinapa o los campesinos de San Salvador Atenco, quienes irrumpieron en el lugar entonando su característica banda sonora: el sonido del metal de los machetes al golpear unos contra los otros. Junto a ellos el escritor Paco Ignacio Taibo II y el Padre Alejandro Solalinde hablaron a los maestros acampados y criticaron la intervención del gobierno al tiempo que se preguntaban: ¿dónde está el gobernador de Oaxaca?. Originalmente el objetivo era cerrar el día con la celebración de una vigilia por los fallecidos en los disturbios de Oaxaca, pero ante la insistente lluvia todos ellos decidieron concentrarse en la Ciudadela y entonar juntos Venceremos`, el himno de la Unidad Popular de Salvador Allende que popularizó Quilapayún. Bajo los plásticos del campamento, donde desde hace un mes se ha levantado una mini ciudad en la que viven de forma permanente cientos de maestros de Chiapas y Oaxaca, se vive con angustia el recuento de muertos pero siempre con la misma idea: «La policía mató a nuestros compañeros». Los sucesos de Oaxaca y el devenir de las protestas de los maestros no hacen sino corroborar, de un lado, lo que el reciente Premio Cervantes, el mexicano Fernando del Paso, advirtía hace unos pocos meses: México camina hacia el autoritarismo; y por otro refuerza la idea de que el país podría vivir nuevos movimientos insurreccionales. Sobre todo, si un gobierno tan impopular, represivo y desprestigiado como el de Peña Nieto intenta llevar a cabo una política neoliberal disfrazada detrás de un supuesto reformismo modernizador. México no está para bromas y los mexicanos no quieren que les sigan tomando el pelo. El país es un volcán y cada nueva erupción es más potente.