Un país sacudido, otra vez, por escándalos de corrupción. Una sociedad, conviene no olvidarlo, cabreada porque sus salarios menguan mientras suben los precios… y los beneficios de los que más tienen.
La tensión política alcanza un pico, pero amenaza con escalar más todavía. Un gobierno en situación de máxima debilidad. Y poderosas fuerzas empujando, en estas aguas revueltas, para instaurar un gobierno PP-Vox.
Todo puede ocurrir. Situación de máximo riesgo.
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Lo que es y lo que no es
El juez Peinado acaba de culminar su causa política, disfrazada de proceso judicial, dictaminando la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez. Pide para la mujer del presidente… entre 2 y 16 años de cárcel.
No son desvaríos de un “magistrado ultra”. La cúpula judicial le ha dejado hacer. Es la culminación de “el que pueda hacer que haga”. Presente también en otros casos, desde la causa contra el hermano de Sánchez a la que le costó el puesto al fiscal general, donde se ha retorcido la ley para atacar al gobierno.
Pero no todo es “lawfare”. Hay casos de corrupción reales, probados o con indicios sólidos, que afectan al gobierno y al PSOE.
Las joyas por valor de 1,3 millones de euros, que Zapatero se apropió y guardaba en su caja fuerte, son una imagen demasiado clara y contundente. Y la comparecencia ante el juez del ex presidente no ha disipado ninguna duda. Al contrario, han sido imputadas las hijas de Zapatero y su secretaria.
No sabemos el resultado final de esta causa. Pero aunque no hubiera delito, política y moralmente Zapatero ya ha sido condenado, especialmente por la mayoría progresista.
El caso Leire-Cerdán ha escalado, afectando a instituciones del Estado, desde la Fiscalía General a la directora de la Guardia Civil.
Y el “caso mascarillas”, con abrumadoras evidencias contra Ábalos, Cerdán y Koldo, está visto para sentencia.
No todo es “lawfare”. Y es inaceptable ocultar o minimizar los casos reales de corrupción.
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El cerco al gobierno, cada vez más asfixiante
Rueda de prensa tras el Consejo Europeo. Un periodista pregunta a Pedro Sánchez si podría adelantar elecciones en caso de que no pueda aprobar los presupuestos. Respuesta del presidente: “si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos cuando se produzcan estas hipótesis”.
Por primera vez, Pedro Sánchez, que ha hecho bandera de agotar la legislatura, abre la puerta a un adelanto electoral.
La presión es máxima, y todo puede suceder. Junts y PNV actúan como arietes. Forman parte de la “mayoría de investidura”, pero son dos partidos de derechas muy vinculados a intereses patronales. La gran burguesía catalana, cuya influencia en Junts es evidente, reclama elecciones inmediatas.
EL PNV exige al gobierno que presente presupuestos este año, y que si no consigue aprobarlos convoque elecciones.
Junts presentó junto a PP y Vox una moción en el Congreso instando a Sánchez a convocar elecciones inmediatamente. La Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, vetó su tramitación. Pero va a ser discutida en el Senado.
Algunos medios advierten que Junts podría apoyar una moción de censura del PP si es para convocar elecciones y el candidato no es Rajoy.
La legislatura se da ya por terminada. Lo que no se sabe es cuándo se certificará su defunción. Hay quien señala elecciones en febrero o marzo como opción más probable. Otros afirman que podría ser antes.
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La gran batalla
Feijóo acaba de reconocer que, si no puede gobernar en solitario, no tendrá inconveniente en hacerlo en coalición con Vox. Esto es lo que ya ha sucedido en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Y todo apunta a que también va a ocurrir en Andalucía.
Esto es lo que está en juego en esta situación política cada vez más convulsa. Quién, y con qué programa, va a gobernar España. Si es posible la continuidad de un gobierno de coalición de izquierdas, o si ahora sí se instaura en Moncloa un gobierno PP-Vox. Lo que intentaron en 2023 y no pudieron culminar.
Un analista como Enric Juliana señala el contenido de la partida política clave: “¿Qué mayoría social y política dirigirá España en los próximos años?”. Y sitúa el marco de esta batalla: “La desregulación y la “prioridad nacional”; el mantenimiento del estado del bienestar o el desmantelamiento del estado del bienestar”.
No estaríamos ante una nueva “alternancia” entre “izquierda y derecha”. Sino ante algo más hondo. Y más grave.
Con Trump, EEUU busca dinamitar la legalidad internacional para fortalecer su posición instaurando su propia “ley de la selva”. En España, centros de poder internacionales y nacionales, desde Washington al Ibex-35, apuestan por un gobierno PP-Vox que dinamite consensos sociales. Arremeten contra la inmigración, criminalizándola para poder hiper explotarla. Afirman que ya no será posible mantener una sanidad pública universal y gratuita en los términos que ahora la disfrutamos. Apuestan por privatizar las pensiones. Quieren cumplir con el 5% del PIB en gasto militar que exige Trump, financiándolo con drásticos recortes sociales.
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Y la principal debilidad
La principal debilidad del actual gobierno no son los casos de corrupción. Son algo intolerable, y desmovilizan a una parte de la mayoría progresista. Pero hay algo peor, más tóxico.
En los últimos ocho años, bajo gobiernos de coalición de izquierdas, la mayoría de la población se ha empobrecido. Los salarios reales se recortan a golpe de subidas de precios, los alquileres o las cuotas de las hipotecas se disparan, la sanidad o la educación públicas se degradan…
Mientras, en ese mismo periodo, los beneficios del Ibex-35 se han disparado, encadenando año tras año récords de ganancias. Lo mismo sucede con los fondos extranjeros, principalmente los norteamericanos.
España crece y mucho. Pero la desigualdad aumenta al mismo ritmo.
Un gobierno trumpista en España sería una gravísima amenaza, para el país y para el pueblo. Evitarlo exige impulsar una política que mejore la vida de la mayoría. Redistribuyendo la riqueza. Recortando beneficios de bancos, eléctricas, petroleras… para mejorar salarios, pensiones, sanidad…