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Al grito de «queremos hospitales, no estadios», Marruecos lleva un mes viviendo las protestas más intensas de la última década, con intensas manifestaciones protagonizadas por la juventud contra la desigualdad, la corrupción, la falta de expectativas y la degradación de las condiciones de vida.
Tras varias semanas de marchas y choques con los antidisturbios, el movimiento ha perdido algo de intensidad, pero continúa a pesar de la represión del régimen, que ha condenado a penas de entre 3 y 15 años de prisión a varios jóvenes por su participación en las protestas.
Organizadas en torno al «colectivo Generación Z 212” -el nombre se refiere a la generación posmilenial (1995-2010), junto al prefijo telefónico internacional de Marruecos-, las protestas se centran en la denuncia de las cada vez más depauperadas condiciones de vida de la mayoría, en la desigualdad y en la degradación de los servicios públicos, así como en la denuncia de la corrupción estructural de las autoridades, la represión y la falta de libertades.
El detonante de este polvorín social ocurrió a finales de septiembre, cuando ocho mujeres embarazadas murieron en apenas diez días, tras someterse a cesáreas de un hospital de Agadir. Destapándose un escándalo de corrupción, falta de salubridad y negligencia en esta instalación sanitaria que es un ejemplo paradigmático de las condiciones de vida en muchos lugares de Marruecos, y que implicaba de forma directa al primer ministro Aziz Akhannouch, que justamente forma parte de la oligarquía de Agadir y ha sido su alcalde.
Las protestas han sido multitudinarias y se han extendido por todo el país, con especial protagonismo de los jóvenes. Y han obligado al régimen a dar una doble respuesta. Por una parte, Mohamed VI ha prometido más «oportunidades para los jóvenes», avanzar en la «justicia social» y poner la «reducción de las desigualdades» en el centro del nuevo curso legislativo del país.
Pero junto a estas promesas para bajar la presión de la olla está la represión y la criminalización de los que se han atrevido a protestar. Un tribunal de Agadir ha condenado a al menos 15 jóvenes a penas de entre 3 y 15 años de cárcel, por su implicación en las protestas de la Generación Z contra el Gobierno.
Algunos de ellos han sido condenados por «participación en una concentración armada» y pertenencia a organización criminal, a pesar de que el Colectivo GenZ212 se ha desvinculado una y otra vez de la violencia.
Este colectivo ha denunciado que todavía hay muchos jóvenes en prisión preventiva a la espera de juicio simplemente por tratar de manifestarse de forma pacífica y exigen su liberación.
La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) ha documentado que más de 240 manifestantes del movimiento de la generación Z han sido ya condenados a “duras penas” su participación en las marchas de protesta. Más de 1.500 personas están siendo procesadas por cargos como “organización de marchas no autorizadas”, “daños a la propiedad” o “insultos y violencia contra las fuerzas de seguridad”.