Un juez de guardia decidió liberar a Lula, atendiendo la petición de habeas corpus de la defensa de Lula. Inmediatamente, todos los mecanismos del Estado brasileño reaccionaron como un resorte, revocando la decisión del primer juez y manteniendo la prisión para Lula. Un nuevo acto del golpe de Estado político-judicial que vive el país desde hace tres años.
En pocas horas, los brasileños han visto atónitos cómo las noticias anunciaban la excarcelación de Lula… y luego emitían la decisión judicial de mantenerlo preso. Un culebrón que ha hecho bullir a una opinión pública polarizada, pero mayoritariamente en contra de la farsa que ha llevado al presidente más popular de la historia de Brasil a la cárcel.
Lula lleva en prisión desde abril, tras un juicio escandalosamente fraudulento e irregular, que no ha disminuido ni un ápice su popularidad: recientes encuestas le dan entre un 35% y un 48% de intención de voto. La causa por “corrupción” dirigida por el juez Sergio Moro contra Lula es un cúmulo de irregularidades y prevaricaciones flagrantes, un ejemplo puro de lo que en el campo el Derecho se conoce como lawfare: la mala utilización y el abuso de las leyes del procedimiento jurídico con fines políticos. Moro y la Fiscalía han hecho uso de los medios de comunicación para filtrar informaciones no contrastadas, acusaciones infundadas que no se sostienen, mentiras que repetidas mil veces se convierten en una montaña de fango, en un clima de opinión asfixiante que busca desprestigiar al presidente más popular de la historia de Brasil. No hay pruebas -ni una sola- de que Lula haya cobrado coimas de la constructora Odebrecht. Nada. Cero. Humo.
La defensa de Lula pedía su excarcelación cautelar, alegando el habeas corpus: que la ejecución anticipada de la pena (es decir, antes de que sean analizados todos los recursos ante las instancias judiciales superiores) es inconstitucional. Por fin, el juez de apelación Rogério Favreto atendió al recurso de habeas corpus y ordenó la puesta en libertad cautelar de Lula.
Pero la excarcelación no se llegó a ejecutar. El juez Sergio Moro interrumpió sus vacaciones para dictar un auto que desautorizaba a Favreto. Un tercer juez, Gebran Neto, responsable del caso Lula en segunda instancia, intervino y bloqueó la orden de excarcelar el expresidente. Pero el primer juez insistió en su decisión y volvió a decretar otra vez la liberación de Lula. Tuvo que intervenir el presidente del tribunal para decretar mantener al dirigente en la cárcel.
Los aparatos de Estado han actuado. Hay intereses -de la oligarquía carioca, pero también del dominio hegemonista sobre Brasil- demasiado poderosos en juego para que la decisión de excarcelar a Lula se pueda resolver simplemente en instancias judiciales.
Esta lucha se decidirá en las calles. Los millones de Lulas, los millones de luchadores de la izquierda brasileña no se van a rendir. Van a dar la batalla hasta el final por recuperar el país y la democracia. Por eso salen sin parar a las grandes avenidas a gritar: