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Recortes Cero ha lanzado ya una intensa campaña por toda España para dar a conocer su candidatura a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. También ha comenzado la recogida de avales para concurrir a las elecciones catalanas del 12 de mayo.
La izquierda que defiende la redistribución de la riqueza quiere llevar al Parlamento Europeo políticas para luchar contra un atraco financiero y monopolista que empobrece a la inmensa mayoría al mismo tiempo que genera beneficios récord para bancos y grandes empresas del Ibex, todas ellas fuertemente participadas por el capital extranjero.
Pero estas elecciones son también una oportunidad para poner en evidencia algo en lo que el 15M insistió pero que las fuerzas de la izquierda han «olvidado» convenientemente, sobre todo aquellas que forman parte del gobierno, porque han acatado su ejecución. Gran parte de las políticas de ajuste y recorte del gasto social… vienen de las instituciones europeas: de las ejecutivas de la Comisión Europea, de las «recomendaciones» del BCE, de las resoluciones del Eurogrupo.
Por eso, cualquier proyecto de país basado en la redistribución de la riqueza está indisolublemente ligado con la defensa de la soberanía nacional, con la denuncia y la oposición de las imposiciones que nos vienen de Bruselas
Quienes son y qué pretenden
La Comisión Europea presidida por Úrsula von der Leyen y el BCE dirigido por Christine Lagarde. Junto al FMI, esta «troika» al servicio de los intereses imperialistas de las burguesías monopolistas más poderosas del continente -principalmente, la alemana, también la frances- es la que se encarga de dictar las llamadas políticas de austeridad -mejor dicho, de saqueo- principalmente sobre los países del sur de Europa, designados despectivamente -cuando deciden que es el momento de sacrificarnos- como PIGS.
Ahora que EEUU ahonda en su ocaso imperial, y que Alemania está en recesión, los «halcones de la austeridad», en Berlín y en Bruselas, vuelven a sacar las tijeras de los recortes. Vuelven con la cantinela que tantas veces escuchamos de boca de Ángela Merkel y de su feroz ministro de finanzas, Wolfgang Schäuble: «España tiene una sanidad y una educación por encima de sus posibilidaes», «los ancianos españoles viven demasiado, gastan ustedes mucho en pensiones», «están obligados a presentar planes de ajuste».
Wall Street o Frankfurt buscan endosar a los eslabones más débiles de Europa sus propias pérdidas, y encontrar en los recortes del gasto público nuevos nichos de negocio para su capital monopolista. Este es el propósito último de los recortes de gasto público, que siempre se imponen sobre las políticas sociales (nunca, por ejemplo, sobre los gastos de defensa).
Y el gobierno español ya ha acordado y firmado con Bruselas recortes sociales por valor del 1% del PIB, aproximadamente 15.000 millones de euros anuales
El gobierno español ya ha acordado y firmado con Bruselas recortes sociales por valor del 1% del PIB, aproximadamente 15.000 millones de euros anuales
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Los recortes que Bruselas exige… y ya se están aplicando
13.000 millones
El ministerio de Hacienda acaba de comunicar a las diferentes autonomías que hasta final de año deberán hacer frente a un “ajuste presupuestario para subsanar el exceso de déficit”. Es un eufemismo para no tener que decir recortes.
El hachazo está valorado en 13.000 millones. Y cabe recordar que, dada la estructura descentralizada de nuestro país, en las autonomías se concentra la mayor parte del gasto público en sanidad o educación.
Es el primer efecto de las nuevas exigencias impuestas desde Bruselas, que bajo la bandera de reducir la deuda y el déficit nos abocan a otra ronda de recortes. Adquirirán su máxima expresión en 2025, pero ya se están empezando a aplicar este año.
Esta oleada de “austeridad” amenaza el gasto social, que se concentra en una parte importante en los presupuestos autonómicos.
“El margen financiero se ha acabado, y eso obligará a todas las administraciones a apretarse el cinturón”. Así define uno de los principales periódicos del país la situación a la que ya estamos abocados.
Las nuevas reglas fiscales impuestas desde Bruselas, y de obligado cumplimiento para España, señalan el fin de la manga ancha presupuestaria. Con la pandemia se suspendió la exigencia de “estabilidad presupuestaria”, pero ahora han vuelto los estrictos límites de deuda y déficit que no deben superarse.
Se ha acabado imponiendo la versión más dura exigida por los “halcones alemanes”. No podrá acumularse un déficit anual superior al 3% del PIB. Y cuando la deuda pública supere el 60% del PIB deberá recortarse a un ritmo equivalente al 1% del PIB cada año. Para España -cuya deuda superar con mucho el límite- supone unos recortes de hasta 15.000 millones anuales.
Estas reglas fiscales estarán plenamente vigentes en 2025, pero ya se están empezando a aplicar. Están en el origen de los recortes que hoy se exigen a las comunidades autónomas.
El año pasado, las autonomías registraron un déficit del 0,9% del PIB, superando en tres décimas lo fijado. Ahora tendrán hasta diciembre para enjugarlo.
Esta oleada de “austeridad” amenaza el gasto social, que se concentra en una parte importante en los presupuestos autonómicos.
Desde las instituciones europeas se añaden otras dosis de atraco. El BCE se ha negado por ahora a rebajar los tipos de interés, cuya fulgurante subida ha hecho posible un gigantesco atraco financiero por parte de los bancos, traducido en subidas de hipotecas y préstamos.
Y en cambio el BCE sí se ha mostrado muy preocupado por unos “salarios excesivos”, recomendando su recorte.
En estas elecciones europeas, esta es una cuestión que debe estar en primer plano. No aceptamos que a través de la UE se nos impongan recortes que van a atentar contra la mayoría de la población.
Si quieren reducir la deuda y el déficit hay un camino que no exigiría recorte alguno: Redistribuir la Riqueza.
Bancos, monopolios y capital extranjero deberían pagar un 30% de sus enormes beneficios en impuestos. Pero actualmente solo abonan un 6% o incluso un 2%.
Si pagaran a Hacienda el 50% de sus crecientes ganancias, se recaudarían 60.000 millones de euros adicionales. Más de cuatro veces más de los recortes que ahora se exigen a las autonomías.
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La OCDE exige recortar las pensiones
Cada vez más claro: hay que blindar las pensiones en la Constitución
La OCDE acaba de declarar, una vez más, que el sistema público de pensiones es insostenible porque es “demasiado generoso”. La mitad de los jubilados españoles ni siquiera es mileurista, pero a la OCDE eso le parece un exceso de generosidad y reclama recortar la cuantía de las pensiones.
No hay semana que no se encadenen varios ataques sobre las pensiones públicas por parte de quienes pretenden convertirlas en su negocio particular.
Cada vez es más evidente que la única manera de protegerlas de verdad es blindarlas en la Constitución.
Cada año la OCDE publica un informe sobre la situación de las pensiones en cada uno de sus miembros.
No hay semana que no se encadenen varios ataques sobre las pensiones públicas por parte de quienes pretenden convertirlas en su negocio particular.
Este año ha vuelto a arremeter contra las pensiones públicas españolas. Según la OCDE, España es el segundo país con unas pensiones “más generosas”. Sus cálculos se basan en que la primera pensión en España corresponde al 80,4% del último salario, cuando la media de la OCDE es del 50,7%.
Bajo la bandera de adecuarnos a lo que sucede en los países de nuestro entorno, lo que la OCDE reclama es una rebaja de la cuantía de las pensiones españolas… de casi un tercio. Un pensionista que cobra 900 euros pasaría a ingresar solo 600.
Las principales burguesías del planeta quieren imponer la degradación de las pensiones públicas para forzar su privatización. Debemos prepararnos, porque el año que viene se avecina un envite crucial.
La Comisión Europea impuso que la “sostenibilidad financiera” de las pensiones sea revisada cada tres años. Si “no cuadran las cuentas” se deberían introducir “factores de corrección”, que siempre apuntan a recortar las pensiones.
La próxima revisión será en 2025. Y desde los grandes bancos y fondos se suceden los pronunciamientos sobre la necesidad de recortar la pensiones.
Revalorizar las pensiones según el IPC es positivo, pero no las protege de esta amenaza. La única forma de hacerlo es blindar las pensiones en la Constitución, de manera que esté expresamente prohibido recortarlas o avanzar en su privatización. Esto es lo que va a defender la candidatura de Recortes Cero en estas próximas elecciones europeas.