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Tras siete años de investigación, el juez De la Mata (Audiencia Nacional), concluye que la familia Pujol al completo (matrimonio y siete hijos) debe ser juzgada por Organización criminal: pues «cada uno cumplía una función» aprovechando «su posición privilegiada» en la vida política, social y económica catalana para acumular un «patrimonio desmedido». Y que la Organización «ha mantenido una perfecta coordinación entre todos sus integrantes durante muchos años, lo suficiente para asegurar la efectividad de su finalidad: obtener beneficios multimillonarios ilícitos mediante actividades falsarias y corruptas.»
Un paso importante contra la corrupción y el régimen que la ampara. Aunque esta organización ya se ha extendido parasitando la sociedad catalana hasta el tuétano.
Jordi Pujol i Soley, el expresidente de la Generalitat, dejó de ser molt honorable president en 2014 tras confesar que su fortuna personal en el extranjero efectivamente existía y no la declaró porque «nunca se encontró el momento». Atribuyó el origen de la fortuna a una herencia de su padre (el abuelo Florenci), pero «a lo largo de la investigación no ha aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad de esta versión…». Y explica el juez que «los investigados niegan tener conocimiento de las entidades bancarias donde estuvo depositado o fue administrado; el momento y forma en que llegó a Andorra; y la cuenta o productos financieros en que estuvo invertido.» Los millones aparecieron en sus manos sin saber cómo… ¡Qué maravilla!
Del honor al sainete
La esposa, Marta Ferrusola, introdujo otro toque de comedia al autodenominarse «madre superiora de la congregación«. Así figura en una orden manuscrita al gestor bancario, «reverendo» José María Pallerola: «Reverendo Mosen, soy la madre superiora de la congregación, desearía que traspasases dos misales (léase dos millones) de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia, y él te dirá a quién se le ha de colocar».
«El capellán» se refiere al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola: según el juez, responsable de la recepción y distribución del dinero.
Para asegurar la buena marcha del negocio, otro hijo, Oriol Pujol, debía ocupar un puesto clave en la política, en la gestión de los presupuestos públicos. Fue elevado a Secretario General de Convergencia Democrática de Cataluña en 2012. A punto estuvo de derivar en una Generalitat hereditaria… pero se vio obligado a dimitir al ser imputado en el ‘Caso de las ITV’ por tráfico de influencias. Ingresó en prisión en 2019, cumpliendo solo unos meses porque el Govern de Cataluña le concedió el tercer grado. ¡La de apuros y trámites engorrosos que se podrían ahorrar con un aparato judicial propio!
El hermano pequeño, Oleguer, está investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales en la compra de oficinas del Banco Santander en Cataluña por más de 2.000 millones de euros….
Y los otros cuatro hermanos, según redacta el auto, «gestionaron los capitales que eran distribuídos» por el primogénito y tomaron «decisiones a lo largo de los años para mantener oculto su patrimonio ilícito».
El juez también señala que «otras personas colaboraron estrechamente con la organización “ y al menos 18 estarán encausadas.
El primer respaldo a abrir esta causa judicial habían sido las revelaciones del ‘caso SwissLeaks’. La lista de clientes del banco HSBC hecha pública en 2009, que sacó a la luz a 2.700 evasores españoles. El diario que publicó la noticia apuntó que el clan de los Pujol ya movía fondos en el extranjero como mínimo en 1994.
Desde entonces ha sido tirar del hilo: el último informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Agencia Tributaria) elevó a 16,6 millones de euros sólo el fraude fiscal tras el descubrimiento de dos cuentas más en Suiza, y otra radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes británicas.
De clan a clase
La Congregación de los Pujol hacía tiempo que había proliferado en decenas de «conventos», grupos de interés que enquistados en los organismos, empresas públicas y ayuntamientos, se han ido cohesionando en torno a su necesidad vital de mantener el control de la Generalitat, clave de bóveda de su enriquecimiento. Hasta el punto de llegar a cristalizar en una nueva clase social: una nueva Burguesía, en su esencia Burocrática, cuya fuente de plusvalía es la que contienen los presupuestos públicos, pues la Generalitat parte y reparte un presupuesto anual de unos 35.000 millones de euros. Sólo en sus siete años de gobierno, Mas y Puigdemont manejaron 266.518 millones de euros, sumando presupuestos y aumento de la Deuda.
Durante éstas cuatro décadas desde Pujol han levantado un auténtico régimen con 278.000 funcionarios, entre administraciones autonómica y local; y un sector público de 200 entidades, con 27 sociedades mercantiles, 54 consorcios y 34 fundaciones. Desde ahí controlan la gestión de los contratos públicos, y las subvenciones, lo que les ha permitido crear una amplísima red clientelar extendida por todos los ámbitos de la sociedad catalana, de la economía, los medios de comunicación, la cultura; decidiendo en la colocación de personal, otorgándose sueldazos en los puestos de dirección que superan los 100.000 euros anuales en Ferrocarrils, TV3, Hospital Sant Pau, Fira, Gestión de Puertos, Consells Comarcales…
Y por el sencillo método de engordar los gastos en trabajos de dudoso rigor e interés, y en informes o servicios varios difícilmente cuantificables… eso sí, con factura, hacen partícipes a otros capellanes de la congregación que no llegan a ocupar puesto público, consiguiendo el más completo saqueo legal de las arcas públicas.
Por cierto ¿qué empresa, que nunca se ha dedicado a esa tarea es la adjudicataria de los contratos para rastrear los positivos de Covid en Cataluña? Pues Ferrovial. Sí, la misma que aparece implicada en el caso Palau. El Gobierno catalán le ha concedido sin concurso, literalmente a dedo, un contrato por la vía de urgencia por valor de 17,7 millones de euros a una filial del grupo.
«Reverendo Mosen, soy la madre superiora de la congregación, desearía que tramitase por la nueva vía de urgencia varios misales a la biblioteca del Arzobispo en Bruselas, y él te dirá a quién se le ha de colocar».
Ramón dice:
En primer lugar, ya era hora. Vergonzoso es que los «Padres de Cataluña» se pasearan con total impunidad después de décadas de desmanes. En segundo lugar, todos los actos de corrupción son actividades de crimen organizado, por lo que deben ser juzgados como tales y es una doble buena noticia en este sentido, que esperemos que siente precedentes. Por último, hay que esperar el fallo final y si salen culpables, que devuelvan todo lo robado y que vayan a la cárcel. Si en el camino cae más gente que está en los archivos secretos del EX-Molt Honorable, tal y como amenazó, mejor que mejor.