Cargando...Crisis de Estado pilotada entre Madrid y Pekín. Recia, seca y reglamentaria, la política española parece haber entrado definitivamente en la posmodernidad. Uno de los momentos políticos más complicados de los últimos tres años se gestionará esta semana desde la habitación de un hotel en la capital de la República Popular China, nuevo centro del mundo.
Poco antes de partir hacia China, el presidente del Gobierno anuncia la retirada de una ley presentada, hace un año, por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como la más firme expresión de los principios morales de la mayoría gubernamental. Totalmente desautorizado por el presidente del Gobierno, el ministro dimite al cabo de unas horas. Se va de la política el hombre que aspiraba a ser el sucesor de Mariano Rajoy en una próxima legislatura, previa reconciliación con el zócalo de la derecha española. Se va, para no volver, dice, pero recomiendo cautela sobre el carácter definitivo de esa retirada. No sabemos cómo será la política española dentro de año y medio. Puede pasar de todo en los próximos meses. Atención al flanco derecho del PP.
No es pieza menor Gallardón. Miembro del círculo fundacional de Alianza Popular y del Partido Popular, ex presidente de la Comunidad de Madrid, ex alcalde de la capital de España, es el ministro que tenía que activar, esta misma semana, los mecanismos de apelación y bloqueo constitucional de la consulta catalana. Del Ministerio de Justicia depende el funcionamiento de la maquinaria judicial. Y entre los muchos asuntos pendientes de resolución se halla el denominado ‘caso Bárcenas’. El ex tesorero y ex administrador del Partido Popular lleva más de un año en prisión preventiva por presunta corrupción.
Al anochecer, se anunciaba el nombre del nuevo ministro de Justicia: Rafael Catalá, hasta ahora secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. Catalá es un ‘sorayo’, nombre con el que se conocen en Madrid a los altos cargos –abogados del Estado y técnicos de alto nivel, en su mayoría–, que forman parte del círculo de confianza de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Catalá dirigirá técnicamente la impugnación de la consulta catalana.
Él ciclo electoral va tomando cuerpo. Mariano Rajoy Brey, el gobernante más gélido de la historia reciente de España, ha decidido retirar la contrarreforma de la ley del aborto porque las elecciones municipales y autonómicas de mayo del 2015 vienen muy envenenadas. Están en riesgo Madrid y Valencia, enclaves estratégicos para la hegemonía electoral del centro derecha, y un montón de capitales de provincia. Muchos cuadros intermedios del PP están asustados.
Se han impuesto los principios de Pedro Arriola. Este sociólogo sevillano de 66 años, casado con la diputada Celia Villalobos, antiguo colaborador de José María Cuevas en la patronal CEOE, es uno de los hombres clave de la derecha española desde mediados de los años noventa, cuando José María Aznar le encomendó los trabajos de prospectiva electoral.
Antes del verano, Arriola, pragmático al cuadrado, ya tenía detectado que la ley Gallardón presentaba un doble efecto negativo para el Partido Popular: movilizaba la izquierda y causaba disgusto en un significativo sector del nuevo electorado popular, especialmente entre las mujeres jóvenes. Los límites al aborto por malformación del feto eran hirientes para muchas mujeres no necesariamente identificadas con la izquierda. El índice de apoyo social a la nueva ley no superaba el 20%. La política de derechos y costumbres impulsada por el Partido Socialista ha conectado con una mayoría sociológica, que va más allá del recinto de la izquierda. En este aspecto, puede decirse que José Luis Rodríguez Zapatero ha triunfado. Hay un nuevo marco en España, más liberal que en otros países europeos, que ha roto el clásico esquema derecha-izquierda. Gallardón, deseoso de reconectar con la derecha dura, con la que tantos enfrentamientos tuvo en su última etapa como alcalde de Madrid, ignoró ese aspecto de la realidad. Gallardón se comportó como una político de la vieja escuela, manejando esquemas anticuados. La ley Gallardón podía convertirse en un nuevo ‘Prestige’. Este era el diagnóstico de los ‘sorayos’, antes del verano.
A principios de septiembre, las perspectivas aún eran más sombrías. En una reciente reunión en el parador de Sigüenza, Arriola expuso a la cúpula del partido cuál puede ser el mapa de mayo: el PP en minoría frente a una izquierda muy fragmentada. Una España muy difícil de gobernar, con Catalunya inflamada.
Una modificación genética de la ley electoral para dar un sesgo mayoritario a los comicios municipales fue la primera idea de urgencia. Una iniciativa problemática, que el PSOE se niega a pactar y que en estos momentos avanza con los faros muy apagados, buscando aliados en el Congreso de los Diputados. Segunda medida: retirada inmediata de la ley del aborto, sacrificando, si fuese necesario a un notable del PP con una ambición política fuera de toda duda.
Cae Gallardón, sale de escena Ana Botella, el círculo ‘sorayo’ se refuerza –Catalá es un moderado con ideas propias sobre Catalunya, que conoce bien– y no hay, por ahora, un partido emergente que amenace con romper al PP por la derecha. Hubo un intento en las elecciones europeas de mayo, pero la fórmula Vox fracasó.
Es derogada la iniciativa parlamentaria más grata a la derecha católica y el cardenal Rouco Varela ya ha sido jubilado por el Vaticano.