Cargando...«Si cogemos los últimos 15 años del IRPF de los que existen datos publicados, el tipo efectivo de las rentas altas, es decir, lo que realmente pagan, ha bajado del 49,15% en 1994 hasta el 30,8% en 2008, medido en términos de base liquidable y rentas homogéneas. Eso supone que el tipo efectivo para las rentas más altas ha bajado más de 18 puntos. Y a los ricos-ricos, los que declaran más de 600.000 euros, su tipo efectivo baja al 27,4% en 2008.
El Estado se sostiene fundamentalmente or los ingresos que obtiene por el Impuesto sobre la Renta, de ahí llegó el 38% de los ingresos totales en 2010, mientras que Sociedades apenas aportó el 9%. El IVA, a pesar de ser un cañón recaudatorio, facilitó el 28% de los ingresos, diez puntos porcentuales menos que el IRPF. ¿Y de dónde sale el dinero de este impuesto? Casi el 79% de su base imponible está formada por rentas del trabajo, apenas el 10% por rentas de capital y plusvalías, y menos del 7% por rentas de actividades económicas. Vamos, que el impuesto es soportado fundamentalmente por los asalariados. (PÚBLICO) EXPANSIÓN.- Paradójicamente, el mismo presidente del Gobierno que dilapidó fondos públicos, pasará también a la historia como el líder que impulsó una reforma de la Carta Magna para garantizar la estabilidad presupuestaria. Sin embargo, los expertos advierten de que el nuevo artículo 135 de la Constitución se queda aún corto. Dentro del PP lo saben. Por ello, algunas voces del principal partido de la oposición se muestran partidarias de acelerar el objetivo de reducción de déficit a 2015 EL MUNDO.- Los nacionalistas catalanes han adelantado cuál será su exigencia para sumarse al acuerdo PSOE-PP sobre la reforma constitucional para incorporar al articulado el principio de estabilidad presupuestaria. Durán, portavoz de CiU, propondrá hoy a su grupo la presentación de una enmienda para que el nuevo artículo 135 incorpore también un tope máximo de déficit fiscal entre las autonomías y el Estado. CiU quiere que establezca que este déficit no pueda exceder del 4% del PIB de cada una de las autonomías. Lo que Durán propone es que la aportación de Cataluña a la caja de la solidaridad interterritorial tenga un límite. Se trata de una vieja reivindicación del nacionalismo catalán -también de buena parte del PSC- incluida dentro del que llaman «pacto fiscal», con el que quieren lograr un sistema de financiación semejante al del Concierto Vasco, que está exento de contribuir al fondo de solidaridad interterritorial. Impuestos. Público Los más ricos sólo pagan el 27% de sus rentas en el IRPF A. Estrada / P. González Uno de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffet,con una fortuna estimada en 50.000 millones de dólares, quiere pagar más impuestos. De hecho, se escandaliza porque su secretaria paga más que él. Dieciséis millonarios franceses, encabezados por la dueña de L’Oréal, piden que les suban la presión fiscal un día antes de que Sarkozy, con el objetivo de reducir el déficit, pusiera una tasa del 3% a los que ganan más de 500.000 euros. En España, ninguna de las grandes fortunas ha dicho ni palabra. Callados están, como lo estuvieron cuando sucesivos gobiernos aprobaron rebajas fiscales que les beneficiaron. Y callado permanece, por ahora, el Consejo de Ministros, aunque se ha barajado la posible recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio. Las arcas públicas han sufrido una sustancial caída de ingresos durante esta crisis, pero ¿cuánto han dejado de pagar los ricos en los últimos años? No existe aún un estudio al respecto, pero sí se pueden hacer algunos cálculos. Si cogemos los últimos 15 años del IRPF de los que existen datos publicados, el tipo efectivo de las rentas altas, es decir, lo que realmente pagan, ha bajado del 49,15% en 1994 hasta el 30,8% en 2008, medido en términos de base liquidable y rentas homogéneas (partimos de 180.000 euros en 1994 o 30 millones de pesetas, que es el último tramo de rentas en la información de Hacienda, que equivalen a 291.000 en 2008). Eso supone que el tipo efectivo para las rentas más altas ha bajado más de 18 puntos. Y a los ricos-ricos, los que declaran más de 600.000 euros, su tipo efectivo baja al 27,4% en 2008. Ya en 1998, la Memoria que elabora el Ministerio de Hacienda destacaba que algunas deducciones son regresivas: benefician más cuanto más ganas. La conclusión es que los más ricos pagan ahora en el IRPF menos de dos terceras partes de lo que pagaban hace casi 20 años. La rebaja fiscal más importante se produjo con la reforma fiscal del PP que entró en vigor en 1999. En el ejemplo analizado, el tipo efectivo pasa del 41,29% al 35,16% y siguió bajando con el PSOE. De hecho, Zapatero afirmó que bajar impuestos también era de izquierdas. Sin embargo, con ser llamativa la reducción del tipo marginal máximo del IRPF, que ha pasado del 65% al 45%, para Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, el verdadero problema no está en lo que pagan los que declaran sino en los que no declaran: "Los ricos utilizan mecanismos de elusión y evasión y hay una tolerancia terrible en la sociedad hacia los defraudadores, a los que siguen considerando buenos ciudadanos". Por eso, Zubiri propone que la Administración haga pública la lista de defraudadores como reproche social. Eduardo Gutiérrez, economista del Gabinete Interfederal de CCOO, destaca que los ricos no tributan en el IRPF, sino que lo hacen a través de empresas: "Muchas de ellas son sicav y, en otros casos, simples sociedades tenedoras de valores, sin plantilla y con declaraciones que suelen estar repletas de deducciones". Además, Gutiérrez recalca que las grandes empresas apenas tienen un tipo efectivo del 10% sobre sus beneficios (ver Público del 15 de agosto de 2010), muy inferior al de las rentas del trabajo. "La normativa hace posible que haya instrumentos que se cuelan por los recovecos de la ley para no tributar. Y estas personas, que tienen unos elevados patrimonios, con un adecuado asesoramiento y sin recurrir a ilegalidades, casi no pagan impuestos", denuncia también José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha. Al economista Juan Francisco Martín Seco, que fue secretario general de Hacienda entre 1984 y 1987, le parece especialmente grave que a las rentas de capital no se les aplique la tarifa progresiva del IRPF, sino que tributan a un tipo fijo (19% por debajo de 6.000 euros y 21% por encima). Mollinedo critica igualmente esta reforma, que introdujo Aznar y los socialistas han mantenido: "¿Quién puede ahorrar ganando 22.000 euros al año, que son los ingresos medios de los españoles? Son los que ganan más de 100.000 euros los que tienen capacidad de ahorro y los rendimientos que les producen quedan fuera de la progresividad del impuesto. El rendimiento del ahorro se grava con un 19% o un 21%, menos que el marginal mínimo, que es el 24%. Y ese 19% se aplica a cualquier plusvalía lograda con una operación especulativa en undía, a eso lo llaman ahorro". "Los tipos impositivos en España no están entre los más bajos de Europa y, sin embargo, España es el país que menos recauda explica Zubiri. La crisis que vivimos es en buena parte una crisis de ingresos". En 2010, en la Europa de los 15, el único país que recaudaba menos que España era Irlanda; hasta Grecia recaudaba más. El Estado se sostiene fundamentalmente por los ingresos que obtiene por el Impuesto sobre la Renta, de ahí llegó el 38% de los ingresos totales en 2010, mientras que Sociedades apenas aportó el 9%. El IVA, a pesar de ser un cañón recaudatorio, facilitó el 28% de los ingresos, diez puntos porcentuales menos que el IRPF. ¿Y de dónde sale el dinero de este impuesto? Casi el 79% de su base imponible está formada por rentas del trabajo, apenas el 10% por rentas de capital y plusvalías, y menos del 7% por rentas de actividades económicas. Vamos, que el impuesto es soportado fundamentalmente por los asalariados. Y la capacidad recaudatoria de todos los impuestos se ve mermada por los beneficios fiscales que pueden llegar a minorar hasta más de una tercera parte de la recaudación. "El problema de los beneficios fiscales es que no son efectivos y salen muy caros", dice Zubiri. Como caro resulta un sistema fiscal ineficiente. PÚBLICO. 29-8-2011 Editorial. Expansión Acelerar la austeridad para recuperar la confianza La reforma de la Constitución española no es suficiente para acabar con la desconfianza que acecha a las finanzas públicas de España. No obstante, si los políticos no se convierten de nuevo en un freno insalvable, los cambios en la Carta Magna ayudarán a establecer las bases normativas adecuadas para poner freno al despilfarro que asfixia la credibilidad del país. Paradójicamente, el mismo presidente del Gobierno que dilapidó fondos públicos construyendo aceras y cementerios en un buen número de ciudades y pueblos hasta disparar el déficit al 11% del PIB, pasará también a la historia como el líder que impulsó una reforma de la Carta Magna para garantizar la estabilidad presupuestaria. Sin embargo, los expertos advierten de que el nuevo artículo 135 de la Constitución se queda aún corto, ya que se establecen plazos demasiado amplios, hasta 2020, para que se reduzca la deuda al 60% del PIB y el déficit estructural al 0,4%. Dentro del PP lo saben. Por ello, algunas voces del principal partido de la oposición se muestran partidarias de acelerar el objetivo de reducción de déficit a 2015 o 2018, una opción que ha quedado abierta en el acuerdo político con el PSOE. Este adelanto dependerá, en todo caso, de la velocidad de la recuperación económica. Aunque es bueno que la norma suprema del Estado consagre la estabilidad presupuestaria como uno de sus principios inviolables, no hay que olvidar que el déficit no se reduce por si solo por el hecho de figurar en la Constitución. España se enfrenta a un duro periodo de recortes presupuestarios, en el que será necesario una reordenación del Estado del Bienestar y de la Administración Pública. El próximo Gobierno deberá incorporar a su ADN la austeridad en las cuentas públicas, para lo que sería muy positivo adelantar varios años la senda de estabilidad presupuestaria prevista, lo que otorgaría al nuevo Ejecutivo la credibilidad suficiente para desmarcarse de una vez del peligroso club al que pertenecen Grecia, Portugal, Irlanda e Italia. La propuesta inicial del PP para reformar la Constitución era más ambiciosa que la que finalmente se ha aprobado, ya que Rubalcaba se ha aferrado a los dogmas de la izquierda aunque ahora diga en los mítines que endeudarse no es socialista. Si el líder de los populares, Mariano Rajoy, vence las elecciones generales con mayoría absoluta, como apuntan las encuestas, lo primero que deberá hacer por coherencia política será impulsar una regla muy ortodoxa para limitar el gasto público del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, para que no vuelva a repetirse los desmanes presupuestarios de la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. EXPANSIÓN. 28-8-2011 Editorial. El Mundo PSOE y PP no deben ceder al chantaje de CiU Los nacionalistas catalanes han adelantado cuál será su exigencia para sumarse al acuerdo PSOE-PP sobre la reforma constitucional para incorporar al articulado el principio de estabilidad presupuestaria. Durán, portavoz de CiU, propondrá hoy a su grupo la presentación de una enmienda para que el nuevo artículo 135 incorpore también un tope máximo de déficit fiscal entre las autonomías y el Estado. CiU quiere que la ley orgánica posterior anunciada por los partidos firmantes del acuerdo, que fijará las cifras concretas, establezca que este déficit no pueda exceder del 4% del PIB de cada una de las autonomías. Lo que Durán propone -en román paladino- es que la aportación de Cataluña a la caja de la solidaridad interterritorial -que la Generalitat calcula en el 9%- tenga un límite. Se trata de una vieja reivindicación del nacionalismo catalán -también de buena parte del PSC- incluida dentro del que llaman «pacto fiscal», con el que quieren lograr un sistema de financiación semejante al del Concierto Vasco, que está exento de contribuir al fondo de solidaridad interterritorial. El pacto fiscal, según los pronunciamientos públicos de Durán y de Mas, será el caballo de batalla de su campaña electoral para las generales del 20-N. La tesis de los nacionalistas es que si en vez del 9% de déficit fiscal con el Estado tuvieran el 4%, el Gobierno catalán no pasaría por los apuros actuales de tesorería. Ahora, aprovechando que los dos grandes partidos han abierto el melón de la reforma constitucional, CiU pretende colar su programa para sumarse al acuerdo. Naturalmente que sería positivo reeditar el consenso constitucional entre todos los grupos para esta reforma. Pero no a cualquier precio. Y lo que los nacionalistas están planteando es, sencillamente, inadmisible en este contexto y en este momento. Demasiadas veces en la democracia española, los partidos vascos y catalanes han utilizado el chantaje para lograr sus objetivos debido a que el sistema electoral les ha dado el papel de bisagra para poner o quitar gobiernos sin mayoría absoluta. Sin embargo, esta vez PSOE y PP no necesitan el concurso ni de CiU ni del PNV para aprobar la reforma, por lo que no deben ceder a las pretensiones de cambiar el actual sistema de solidaridad interterritorial por la vía de una ley orgánica que -entre otras cosas- no está en absoluto pensada para eso, sino para establecer el techo del déficit de las distintas administraciones públicas. No es de recibo intentar una corrección sustancial en el actual modelo de financiación autonómica -que tiene su marco su propia ley y su marco de discusión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde están representadas todas las comunidades- por la puerta de atrás. Ni se puede abordar el mecanismo de solidaridad interterritorial sólo y exclusivamente teniendo en cuenta el déficit de Cataluña con el Estado, que además es un criterio que sólo usan los nacionalistas. En todo caso, el déficit de las comunidades -que afecta también a otras- es una cuestión que podría plantearse si en el futuro se abre otro melón: el de la reforma del sistema autonómico, incluida la financiación. Sólo si se aborda en profundidad el modelo de Estado, y su deriva desde que se aprobó la Constitución, sería asumible que CiU planteara rebajas en el criterio de solidaridad, al igual que otros partidos, u otras comunidades, podrían proponer la devolución de competencias al Estado, por poner sólo un ejemplo. EL MUNDO. 28-8-2011