Nuestra cada vez mayor participación en la maquinaria militar norteamericana debe quedar fuera del debate político

Los límites y “vetos” en el programa del nuevo gobierno

Este es un gobierno progresista. Su sola constitución es una victoria que debemos celebrar, y genera mejores condiciones para avanzar en una dirección favorable a los intereses populares.

Esta es la corriente política principal, la expresada por una mayoría de votos en abril y noviembre, y que ha hecho posible, frente a poderosas presiones y enormes dificultades, que se forme en España el gobierno más a la izquierda de Europa.

Pero esta no es la única fuerza que actúa sobre el nuevo gobierno. Sería ingenuo, y totalmente erróneo, pensarlo. En el nuevo gabinete influyen, tanto sobre el PSOE como ante Unidas Podemos, poderosos actores que le han fijado, incluso antes de constituirse, límites y capítulos que ni siquiera pueden ser tratados o incluso nombrados.

En las 50 páginas que sintetizan los ejes del acuerdo entre PSOE y Unidas-Podemos para constituir un gobierno de coalición hay muchos puntos que desde estas páginas apoyamos, y que son su aspecto principal, pero también sonoras ausencias que debemos señalar, y que la mayoría progresista debe tener en cuenta.

OTAN y EEUU

Dos palabras innombrables

En el texto del acuerdo entre PSOE y Unidas-Podemos, cuyo carácter progresista nadie puede negar, hay dos palabras que no podemos encontrar: OTAN y EEUU. No se puede ni estar en contra o a favor de lo que de ellas se dicen… porque no aparecen ni siquiera mencionadas.

Una ausencia inexplicable, si tenemos en cuenta que mientras se celebraba la sesión de investidura, el mundo se revolvía ante las consecuencias de un ataque norteamericano contra Irán que amenaza seriamente la paz mundial.

Sufrimos un incremento de nuestra implicación y participación en la estructura militar de EEUU y la OTAN. Pero este es uno de los “innombrables” de la política española. Es algo que debe quedar fuera del debate político.

Este es el primer límite que se impone sobre el nuevo gobierno. Lo aceptan el PSOE y Pedro Sánchez, que en la última cumbre de la OTAN declaró que España seguirá los pasos de los gobiernos anteriores, como el de Rajoy, aceptando que la orientación atlantista no se discute. Y lo aceptan Podemos y Pablo Iglesias, que ha anunciado que contará como jefe de gabinete de su vicepresidencia a Julio Rodríguez, ex JEMAD y declarado partidario de la OTAN.

Actualmente España participa en seis operaciones permanentes de la OTAN y otras 17 más de diferente duración. Nuestros soldados están desplegados en Irak, Turquía, Libia, Mali, países bálticos… al servicio de los intereses norteamericanos. Participamos en la “ Fuerza de muy alta disponibilidad” desarrollada por la OTAN. Y las bases españolas ocupan un papel cada vez mayor en el despliegue global yanqui: en Rota se instala el “escudo antimisiles”, y en Morón la base operativa del AFRICOM, el mando militar de Estados Unidos para África y el Mediterráneo

Y Washington nos exige más. Las presiones norteamericanas han hecho aumentar el presupuesto militar español… 7.800 millones más al año. Y EEUU busca incrementar en un 50% su presencia militar en Rota.

Un encadenamiento cada vez mayor a la maquinaria militar norteamericana que, además de ser un peligro para la paz mundial, es un riesgo para nuestra seguridad. Cabe recordar que los misiles norteamericanos arrojados sobre Siria hace poco más de un año procedían de dos destructores atracados en Rota.

El artículo 135 y los mandatos de la Comisión Europea

Una camisa de fuerza cada vez más apretada

Desde un primer momento -ya en el documento que 48 horas después de las elecciones del 10-N sentó las bases del acuerdo- el pacto entre PSOE y Unidas-Podemos se asentó sobre un principio incuestionable: se respetarán las exigencias y mandatos de reducción del déficit y la deuda impuestos desde Bruselas.

Pero esos dictados nos imponen una camisa de fuerzas que limitan la ejecución de políticas progresistas. Solo por mencionar un dato, en las últimas perspectivas financieras que el gobierno entonces en funciones de Pedro Sánchez envío a la Comisión Europea para su aprobación, se fijaba que en 2022 el porcentaje del PIB destinado a sanidad o educación será en España menor que en 2007.

España crece por encima de la media europea, pero desde Bruselas se nos impone una sanidad y una educación por debajo de nuestras posibilidades.

Esta contradicción va a ser a partir de ahora más acuciante si cabe. Porque al inaugurar el año ha entrado en vigor la reforma del artículo 135 de la Constitución, aprobado aceleradamente por Zapatero y Rajoy en 2011 bajo mandato directo de Merkel. No solo otorga prioridad absoluta al pago de la deuda a la banca nacional o extranjera, por encima de gastos sociales o inversión, sino que declara inconstitucional cualquier presupuesto o medida que no se atenga a los estrictos límites financieros impuestos por Bruselas. 

Eso significa que 50 diputados del PP, o de Vox, podrían tumbar el próximo presupuesto del nuevo gobierno, gracias al arma que el 135 pone en sus manos.

Cuestionar estos límites, impuestos desde el exterior, va a ser clave para poder desarrollar plenamente las políticas que la población y el país necesitan.

Pensiones y reforma laboral

Defender no es blindar

El nuevo gobierno se compromete a actualizar las pensiones en función del IPC, y a derogar el “factor de sostenibilidad”, que recorta la cuantía de las pensiones conforme aumenta la esperanza de vida. 

Es evidentemente una buena noticia, que elimina algunas de las medidas aprobadas por los gobiernos de Rajoy que más han atacado el poder adquisitivo de los pensionistas.

Pero las pensiones públicas se enfrentan a un ataque todavía mayor: el intento de grandes bancos extranjeros y nacionales por convertirlas en un negocio privado. Si se degradan las pensiones públicas es con la intención de privatizarlas.

Por eso es imprescindible blindar las pensiones en la Constitución, tal y como exige la MERP. A través de un artículo que prohíba expresamente tanto la privatización total o parcial del sistema público de pensiones como cualquier medida que reduzca el poder adquisitivo de los pensionistas.

Lo mismo sucede con la reforma laboral. El nuevo gobierno se compromete a eliminar los aspectos más lesivos de la reforma aprobada por Rajoy, como la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, la prevalencia de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales o limitar las subcontratas.

Esto redundará en beneficio de los trabajadores. Pero para combatir de verdad la precariedad, y para poder poner coto al cada vez mayor atraco a los salarios, es imprescindible derogar de conjunto las dos reformas laborales impuestas en 2011 y 2013, porque son el marco que impone una jibarización de nuestros sueldos.

Bankia y el rescate bancario

¿Y la banca?

Cuestionar los enormes privilegios y beneficios de la gran banca es imprescindible para poder ejecutar una auténtica política de redistribución de la riqueza en beneficio de la mayoría.

Sin embargo, en el programa anunciado por PSOE y Unidas-Podemos no existe ni una sola mención a recuperar los más de 100.000 millones de dinero público invertidos en el rescate bancario. Con esos recursos podría impulsarse una política de creación de empleo que rebajara el paro a la mitad y reindustrializara el país.

Tampoco aparece en los ejes del nuevo gobierno referencia alguna a paralizar la privatización de Bankia. Nos ha costado miles de millones de dinero público sanearla… y cuando está “limpia” Bruselas nos impone entregarla a un banco privado. Lo que necesitamos es que Bankia se convierta en germen de una banca pública, para poner sus recursos al servicio de un cambio del modelo productivo.

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