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Cataluña y el 3%: del ‘oasis’ a la corrupción institucional El escándalo del 3% en Cataluña ha dado un salto cualitativo. La detención del tesorero de CDC y del director general de la mayor empresa pública licitadora de Cataluña saca a la luz un secreto a voces: una auténtica trama de crimen organizado entre la administración autonómica catalana y grandes empresas y multinacionales. Una red en el que los primeros -los corruptos- se llevan jugosas mordidas, pero en el que las segundas -los corruptores- hacen astronómicos negocios.
El 3% vuelve a primera plana.
La Operación Petrum contra la financiación ilegal de CDC vuelve a situar el filo del escándalo del 3% contra el pecho de la burguesía burocrática catalana. Ya no es una investigación local o de casos aislados. La Petrum -lo mismo que la Gürtel o la Púnica para el PP- golpea al corazón financiero de la burguesía burocrática catalana, y pone bajo sospecha a todo su entramado territorial. Las constructoras que están bajo los focos de la Fiscalía son algunas de las más importantes del sector de la construcción el Cataluña, y algunas de ellas tienen importantes vínculos -cuando no son filiales- con el IBEX35.
Sin embargo las acciones penales no van a ir dirigidas principalmente contra las grandes empresas beneficiarias de esta trama, o al menos contra las grandes constructoras vinculadas a los grandes monopolios españoles o extranjeros. Sólo contra las empresas de la burguesía burocrática catalana, las que han hecho de las comisiones ilegales su nicho ecológico particular en Cataluña.
En julio tuvo lugar la detención del director de la constructora Teyco, en cuya contabilidad se habían encontrado partidas del 3% de varias adjudicaciones hechas por ayuntamientos convergentes. En agosto se registraron las sedes de CDC y de las dos fundaciones instrumentales del partido: CatDem y Barcelona Fòrum. Semanas después, la operación ha culminado con la detención del tesorero de CDC, Andreu Viloca y del director general de la mayor empresa pública licitadora de Cataluña, Josep Antoni Rosell i Polo.
El ecosistema del 3% venía funcionando así: CDC/CiU, y eventualmente cargos del PSC o ERC cuando han formado parte de las instituciones utilizaban su poder político para adjudicar obras públicas o multimillonarias concesiones a grandes constructoras o monopolios, la mayoría a empresas catalanas “amigas”, pero también a gigantes españoles o extranjeros. Luego esas empresas hacían cuantiosísimas donaciones a las dos fundaciones de CDC, que además servirían para desgravar impuestos. Entre 2008 y 2013, las dos fundaciones de Convergència recibieron un total de 10,4 millones de euros en forma de donaciones, en su mayor parte procedentes de empresas adjudicatarias de grandes contratos públicos. El negocio se cerraba cuando CatDem y Barcelona Fòrum desviaban gran parte de esos fondos al partido por “trabajos” ficticios -en esos dos años, transfirieron casi 4 millones de euros no justificados a su partido matriz- una parte de los fondos iba para el lucro personal de los Pujol o los Millet de turno.
«Los monopolios son los verdaderos benefiarios de la estafa institucional del 3% que ha larvado durante 40 años las arcas públicas catalanas, ante la ‘omertá’ de grandes partidos y de medios de comunicación.»
Pero ¿dónde está la responsabilidad de los grandes monopolios implicados?. Cierto que entre los grandes benefactores ilegales de los convergentes hay importantes constructoras catalanas como Copisa, Teyco o el grupo Soler, que pagaron varios millones a Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán, en comisiones y pagos por obras ajudicadas por las administraciones catalanas. Pero no sólo las constructoras catalanas, también las empresas del IBEX35 entraron en el juego del 3%: las filiales de ACS (390.000 euros) o de FCC (175.000 euros ). El soberanismo es una variable despreciable en la ecuaciones a la hora de hacer negocios.
Entre los grandes donantes de CDC está también el grupo Agbar, gigante de los servicios de abastecimiento de agua de capital francés y con contratos millonarios en toda Cataluña y buena parte de España. Una de sus filiales, Aquagest, está siendo investigada por la Audiencia Nacional a raíz del caso Pokémon por sus actividades en el resto de España, que golpean al PP.
Estas grandes empresas, estos gigantescos monopolios, son los verdaderos benefiarios de esta estafa institucional, de esta trama mafiosa que ha larvado durante 40 años las arcas públicas catalanas, ante la ‘omertá’ de grandes partidos y de medios de comunicación. Ellos son los que se han lucrado de grandes obras públicas o de jugosas concesiones de servicios públicos. Si consideramos sólo las empresas investigadas por la Operación Petrum y las comisiones que han pagado (ver tabla), considerando que las comisiones son al 3%… significa que estas empresas se han beneficiado con más de 215 millones de euros sólo en 5 años. Y es sólo la punta del iceberg.
Lo único que tenian que hacer era untar abundantemente a los cargos públicos de la Generalitat y los ayuntamientos con una minúscula parte de sus gigantescas ganancias. En Cataluña, como en el resto de España, los traidores no son gratis: hay que llenarles bien los bolsillos. Pero son altamente rentables. Por cada euro “invertido” en comisiones ilegales, estas empresas obtenian cien, mil, diez mil….
Como en el caso de la financiación ilegal del PP -acreditada por la sentencia del juez Ruz- ningún ejecutivo de estas grandes empresas irá al banquillo. Ningún oligarca, ningún consejero de ningún consejo de administración será citado a declarar como imputado. Es posible que el escándalo del 3% -utilizado como un arma política contra la burguesía burocrática catalana y el proceso independentista- se lleve por delante a Artur Mas o incluso a Convergencia entera. Pero los auténticos beneficiarios de esta trama de corrupción, que durante décadas se ha adueñado de cantidades inmensas de riqueza de todos los catalanes, son intocables. Porque la ley, la fiscalía y el Gobierno son de su propiedad.
Breve historia del 3%, el porcentaje que resquebrajó al ‘oasis catalán’
Durante mucho tiempo, en el ‘oasis catalán’ imperó un mensaje desde las instituciones. La versión oficial era sencilla y cristalina. ‘En Catalunya no hay corrupción’, decía la Generalitat; ‘la corrupción es cosa de España’, repetía la TV3. Jordi Pujol era un prohombre dechado de virtudes y CiU la guardiana de las esencias de la nación y del seny, y no había más que hablar. Ahora sabemos que los creadores del ‘España nos roba’ eran los arquitectos de una trama de latrocinio institucional tan pulcra como consabida en las altas esferas de la política catalana.
Todo empezó a resquebrajarse en 2005, con el hundimiento de un túnel del barrio barcelonés del Carmel. Del cruce de acusaciones entre Maragall y Artur Más -en pleno debate del Estatut- al primero se le escapó un trozo de verdad. “Ustedes tienen un problema, y se llama 3%”, dijo el socialista. “No siga usted por ahí o nos podemos hacer todos mucho daño”, vino a decir el nacionalista.
Y no le faltaba razón. Quizá por eso la Fiscalía General del Estado y el gobierno de Zapatero no quisieron tirar del hilo. El tiempo ha demostrado que en materia de corrupción, tanto PP, PSOE como CiU tienen toneladas de dinero sucio escondido en cajas B. Pero el 3% ya había asomado la nariz. El oasis catalán se esfumó, era sólo un espejismo, un timo, una estafa: la clase política catalana robaba tanto como la madrileña, la valenciana o la andaluza, aunque quizá de forma más sigilosa.
El 3% que mencionó Maragall quedó suspendido en la atmósfera, como una nube tóxica en torno a la Generalitat y a CiU. Luego vinieron los escándalos del Palau de la Música, donde trincaron a su presidente, Félix Millet -muy próximo a CiU-; el ‘caso Pretoria’, donde cayeron varios cargos de confianza de Jordi Pujol y un alcalde del PSC por corrupción urbanistica; o el ‘caso Pallerols’, donde se desviaron 400.000 euros de un fondo de parados para financiar a Unió. La corrupción en Cataluña paso de niebla y ‘rumores’ a espesa y tupida realidad.
«Ahora sabemos que los creadores del ‘España nos roba’ eran los arquitectos de una trama de latrocinio institucional tan pulcra como consabida en las altas esferas de la política catalana.»
De nuevo el 3% pareció volver a las nubes judiciales, hasta que la intensificación de la ofensiva soberanista hizo que la Fiscalía volviera a sacar la artillería pesada contra las ‘vacas sagradas’ de la burguesía burocrática catalana: el clan Pujol. Todos los hijos del ‘molt honorable’ habían prosperado hasta acumular una escandalosa fortuna beneficiándose de una trama corrupta de comisiones, aprovechándose de su hilo directo con el poder político. Al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, le correspondía el honor de cobrar las “mordidas” a los empresarios a cambio de adjudicaciones. Era el cobrador del famoso 3%.
Oriol Pujol, llamado a ser el sucesor de Mas, tuvo que abandonar la política tras ser imputado en el “caso ITV”, en el que utilizó su peso político para que unos empresarios lograran, de forma ilícita, la adjudicación de estaciones de ITV a cambio de sustanciosas comisiones. Josep Pujol hizo el negocio de su vida al vender su empresa de consultoría (Europraxis) al gigante Indra. En la operación se embolsó 9 millones de euros. Poco después, Indra obtuvo contratos por valor de 60 millones de la Generalitat. Cuando su hermano Oriol era alto cargo de Industria, se desmanteló la multinacional Lear, de componentes para automóviles, que dejó en la calle a 1.200 trabajadores. La consultora que asesoró en ese proceso fue… Europraxis.
El menor del clan, Oleguer Pujol, tampoco estuvo ocioso. A través de una compleja trama financiera
desviaba la fortuna familiar, obtenida ilícitamente, hacia paraísos fiscales. Y luego utilizó ese dinero en multimillonarias operaciones inmobiliarias, beneficiando de paso en sus actividades delictivas a grandes fondos de inversión nortamericanos o a bancos tan ‘legales’ como el Santander o La Caixa.
Como el órdago soberanista seguía en su ofensiva, los poderes del Estado fueron a por el patriarca, sacando a la luz que el ‘molt honorable’ Jordi Pujol tenía 500 millones de euros en una cuenta suiza, aunque luego se ha sabido que la suma asciende a 3000 millones. La sede de CDC quedó embargada judicialmente porque se lucró de las comisiones ilegales que Ferrovial pagó en el “caso Palau” a cambio de adjudicaciones de obras públicas. El círculo contra Artur Mas y su proyecto soberanista se estrechaba, pero el ‘procés’ seguía en su huída hacia adelante.
Ahora, la implicación del tesorero de CDC y la constatación de que el pago de comisiones ilegales es una práctica extendida por toda Cataluña, desde las concesiones de la Generalitat a las de los ayuntamientos, resitúa en toda su dimensión y extensión el escándalo del 3%, y pone de nuevo de manifiesto la división entre corruptos y corruptores. Los primeros deben existir y quedarse una parte del botín, para que los segundos puedan obtener enormes ganancias. Pero este cuento aún no ha acabado. No se vayan todavía, aun hay más.