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Asistimos estupefactos al estallido sucesivo de escándalos de corrupción. Las últimas revelaciones del «caso Bárcenas» nos informan de las comisiones ilegales pagadas por constructores y monopolios y cobradas por ministros y presidentes. La instrucción del «caso Palau» desvela el «pacto criminal» entre los dirigentes de la Generalitat y destacadas empresas españolas. E incluso el pozo sin fondo de los EREs andaluces nos retrotrae a prácticas tan degeneradas que suponíamos «felizmente superadas». ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gangrena de la corrupción ha llegado a estos extremos? ¿Quiénes son «los padrinos» de estas tramas corruptas? ¿Y, sobre todo, es posible extirparlas de raíz?
¿Una “banda de chorizos”… o tramas de saqueo estructural?
Los focos de los grandes medios se dirigen obsesivamente hacia los millones de las cuentas en Suiza de Luis Bárcenas, los oscuros manejos de personajes como Correa en la trama Gürtell o los turbios trapicheos de Félix Millet para vaciar las arcas del Palau de la Música.
Dirigen nuestra mirada hacia los crímenes de individuos corruptos, que se han instalado en las altas esferas del poder y utilizan esa privilegiada posición para delinquir.
El hecho de que se incluya en los “beneficiarios” de la trama a altos cargos de la Generalitat, o a ministros, e incluso el presidente, del gobierno central, no altera lo sustancial.
Parece evidente que nos enfrentamos a “bandas de chorizos” organizadas, aunque entre sus miembros se cuenten personajes “muy respetables”.
No entenderemos nada sobre la corrupción –ni de su sentido ni de su extensión- si la concebimos desde este punto de vista.
No estamos ante la actuación de grupos de individuos, sino ante tramas de saqueo económico e intervención política cuyo alcance es estructural.
El fiscal anticorrupción del “caso Palau”, uno de los más sonados casos de corrupción en Cataluña, ha denunciado que “Convergencia Democrática de Catalunya y Ferrovial [una de los mayores monopolios españoles de la construcción y los servicios] sellaron un pacto criminal durante más de una década”. Que permitió a CDC financiarse con comisiones ilegales, y a Ferrovial hacerse con suculentos contratos de obras públicas.
Este “pacto criminal” es el que sostiene todas las tramas de corrupción. La red Gürtell o el “caso Bárcenas” nos hablan del matrimonio corrupto entre el gobierno central y el principal partido nacional y algunos de los mayores bancos y monopolios españoles.
El origen del caso de los EREs andaluces está en el “fondo de reptiles”, dotado con 747 millones, cuyo objetivo era, según han difundido los medios, era “lograr la paz social ante las sucesivas reconversiones industriales”.
Es decir, un fondo para “subvencionar” la liquidación de la industria andaluza en beneficio de grandes monopolios extranjeros y nacionales, que también se han lucrado de los EREs aprobados por la consejería, permitiéndoles ajustar plantillas con subvenciones públicas.
A cambio, se permitía la casta política local quedarse con una jugosa “comisión” a través del saqueo permitido de los fondos públicos.
¡Sí se puede acabar con la corrupción!
Nadie duda ya que la corrupción es una de los peores cánceres que corroe la vida pública española, cuya metástasis se extiende por toda la administración del Estado. Ha llegado el momento de tratar de raíz el problema.
Unificación Comunista de España venimos exigiendo desde las elecciones europeas de 2.009 la elaboración de una ley específica que trate a la corrupción y a los corruptos como uno de los más graves delitos penales. Equiparando su tratamiento al del crimen organizado y desarticulando, hasta sus últimos responsables, las tramas corruptas.
Debe calificarse la corrupción, no como desmanes de algunos corruptos, sino como una trama organizada que actúa con un móvil delictivo económico que, en última instancia, consiste en el saqueo del dinero público, el dinero de todos.
Debe exigirse un cambio del código penal para equiparar los delitos de corrupción política al crimen organizado. No sólo hay que endurecer las penas y equipararlas a las del crimen organizado, sino además disponer las herramientas legales para que devuelvan lo robado o expoliado de las arcas públicas. Expropiación del patrimonio amasado con la corrupción y responsabilidad de los partidos que la han amparado para que respondan con su patrimonio hasta devolver todo lo robado.
De investigar los casos de corrupción política a fondo, hasta el final, con el objetivo no ya de detener al corrupto de turno, sino de desmantelar la trama corrupta hasta sus últimas consecuencias.
Y de enjuiciar no sólo a los corruptos sino también a los corruptores. ¿Cómo no enjuiciar a las grandes empresas y bancos que están detrás de los millonarios contratos con dinero público que han financiado la compra de voluntades políticas a cambio de contratos multimillonarios? Se les conoce (FCC, Ferrovial, OHL, Sacyr…) ¿Por qué establecer la figura del corruptor como delito y sentar en el banquillo a los bancos a través de los cuales se han estado manejando las cuentas de la corrupción? ¿Se conocen unos y otros, entonces por qué no se les enjuicia?
Una propuesta sencilla para atajar la corrupción y acabar con los corruptos. Pero para la que es necesario tener, como nuestro partido, no sólo, por supuesto, las manos limpias, sino también la necesaria independencia de los grandes poderes económicos y políticos, tanto nacionales como mundiales.