Lo que España necesita

El 28 de Abril una mayoría social progresista votó un giro a la izquierda con un mandato claro, la formación de un gobierno progresista que diera satisfacción a las demandas populares que reclaman que se reviertan los recortes, suban los salarios, se acabe con la precariedad, se blinden las pensiones o se atiendan las reclamaciones feministas…

Cuatro meses después, con el tiempo casi agotado, no solo no se ha formado un gobierno de progreso sino que, salvo un giro imprevisible y sorprendente de ultimísima hora, han colocado al país en rumbo a la repetición de elecciones.

Las fuerzas que concentraron la mayor parte del voto progresista, el PSOE que ganó las elecciones y Unidas Podemos, han transformado su relación de “socio preferente” en un desencuentro permanente, haciendo fracasar las negociaciones para hacer posible bajo cualquier forma la investidura de Sánchez, abocando al país a la repetición de elecciones.

¿Por qué lo que parecía hecho se ha vuelto imposible?

En septiembre, uno y otro se han mantenido inflexibles en las posiciones que hicieron fracasar el primer intento de investidura en julio. Pedro Sánchez negándose a negociar la entrada de Podemos en el Consejo de Ministros. Y Pablo Iglesias despreciando las 370 medidas propuestas por el PSOE y rechazando su oferta de un “acuerdo programático y de gobernanza” sin ministros, una especie de “gobierno a la portuguesa”.

Y todo esto en medio de una intensa campaña desarrollada por los centros de poder oligárquicos y del capital extranjero desde todos los flancos, medios de comunicación, organizaciones empresariales y las fuerzas políticas de la derecha, junto a las presiones desde organismos internacionales como el FMI y la UE, para advertir de los “peligros” para sus intereses de un gobierno bajo la influencia de la mayoría social.

Los centros de poder nacionales e internacionales se preparan para defender sus intereses, especialmente ante las consecuencias de una nueva recesión en Europa y en nuestro país, como consecuencia de la guerra comercial desatada por EEUU contra China y el Brexit, y traspasar sus costes a los pueblos, sobre todo a los ciudadanos de los países del sur de Europa como el nuestro. Costes que ya sabemos lo que significan: más recortes, ajustes y saqueo para las clases populares.

La gran banca, los monopolios y el gran capital extranjero quieren un gobierno “moderado y estable” que mantenga las reformas estructurales logradas con la reforma laboral y de las pensiones y que defienda sus intereses ante las amenazas de crisis y recesión. Y Bruselas, junto con el FMI y la OCDE, exigen que el nuevo gobierno cumpla con los objetivos de déficit, recortando el gasto público en 15.000 millones de euros en dos años, a costa de las pensiones, sanidad, educación…

Esa es la razón por la que estos centros de poder han venido apostando por la repetición de elecciones, tratando de forzar una nueva situación que les permita minimizar, eliminar o excluir la influencia de ese “viento popular” y sobre todo las demandas progresistas de la mayoría. Ese es el centro de sus objetivos, hacer imposible un gobierno de progreso en cualquiera de sus formas y abrir paso a cualquier otro gobierno que les sea más favorable. Un gobierno “moderado y estable” bajo cualquier forma de “gran coalición” que se pueda articular con la participación de PSOE y PP o con PSOE y Ciudadanos, incluso con la abstención de los dos o alguno de ellos para investir al ganador de unas nuevas elecciones.

Y por eso es tan grave para los intereses populares que las fuerzas políticas que han concentrado la mayoría del voto progresista, estén contribuyendo a la repetición de elecciones. Especialmente la línea de Pablo Iglesias que ha bloqueado por tercera vez la posibilidad de investir a Sánchez bajo una forma de gobierno progresista, en 2016, en julio rechazando la oferta de un gobierno de coalición con una vicepresidencia y tres ministerios y ahora despreciando las 370 medidas y un gobierno a la portuguesa.

370 medidas…

No se puede negar que las 370 medidas propuestas por el PSOE para formar un gobierno apoyado por Podemos, reflejan en una parte importante la influencia de la mayoría social progresista y que, en el marco de un gobierno de progreso en cualquiera de sus formas, servirían para avanzar en un sentido favorable a satisfacer demandas de las clases populares en torno a una gran parte de los ejes que abordan, como en empleo y pensiones, feminismo, emergencia climática y transición ecológica o avance científico.

Medidas como garantizar la revalorización de las pensiones según el IPC y eliminar el factor de sostenibilidad. Seguir subiendo el salario mínimo hasta el 60% del salario medio y derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Frenar los precios abusivos del alquiler y crear un gran parque de vivienda pública especialmente diseñado para las familias con “exclusión residencial y los jóvenes”. Políticas de igualdad entre hombres y mujeres para acabar con la brecha salarial, potenciar, con matrículas gratuitas en la universidad, a las mujeres que estudien carreras técnicas y científicas o medidas contra la violencia de género. Políticas sociales con atención especial a la lucha contra la pobreza infantil o prohibir los cortes de luz, agua y gas a las personas vulnerables.

Y lo que necesitamos

Pero excluida cualquier posibilidad de gobierno de progreso, no son en lo fundamental las medidas que nuestro país y las clases populares necesitamos para hacer frente a los retos que hemos de afrontar. Las turbulencias derivadas del peligro de recesión y la exigencia de nuevos recortes y ajustes, las tensiones derivadas del procés y por quienes desde fuera intentan mantener abierta la herida de la unidad, y de esa especie de agenda oculta que implica el encadenamiento cada vez mayor a los planes militares de Estados Unidos. Aspecto este sobre el que se tiende una espesa capa de silencio.

Las medidas paliativas o parciales no han logrado detener los cambios estructurales que han cambiado el mercado laboral, precarizando salarios y condiciones laborales; que amenazan el sistema público de pensiones, abriendo camino a la privatización; o que han provocado que haya una mayor desigualdad, concentrando la riqueza en un puñado de más ricos y también más sectores empobrecidos, como ese nuevo sector de “trabajadores pobres” con trabajos precarios que apenas les da para malvivir.

España es un país rico, somos la cuarta potencia económica de la Unión Europea, se ha recuperado el crecimiento de la economía perdido durante la crisis, pero ese crecimiento ha ido a parar a manos de la gran banca, los monopolios, el capital extranjero y las grandes fortunas del país.

La única política que puede acabar con esta situación es la redistribución de la riqueza.

Una política que recupere la ingente cantidad de riqueza expropiada a la inmensa mayoría de la población, mediante los recortes, la rebaja de salarios y pensiones y los rescates bancarios, para ponerla –junto con los inmensos recursos y riqueza que se generan cada año– al servicio del país y las necesidades de los ciudadanos.

-Necesitamos un programa de medidas concretas para blindar las pensiones en la Constitución y que ni se recorten ni se privaticen.

-Una redistribución salarial para que nadie gane menos de 1.000 euros netos al mes pero tampoco nadie más de 10.000. 

-Recuperar los más de 125.000 millones de euros de los rescates bancarios para ponerlos al servicio de la reindustrialización del país y del cambio de modelo energético, con energías limpias y renovables. Y una gran “Bankia pública”.

-Una reforma fiscal progresiva para que la banca, grupos monopolistas y grandes fortunas contribuyan de acuerdo a sus multimillonarios beneficios, acabando con los privilegios fiscales y un impuesto de sociedades de hasta el 50%.

-Revertir los recortes y un Programa de Solidaridad y Reintegración Social.

Pero además necesitamos una política de unidad frente a quienes nos quieren divididos y enfrentados para saquearnos mejor. Una política basada en la libre y solidaria unidad del pueblo de las nacionalidades y regiones de España.

Y necesitamos defender nuestra soberanía frente a las imposiciones exteriores del FMI y Bruselas, de Washington y Berlín, para decidir soberanamente lo que mejor sirva a nuestro pueblo y nuestro país.