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Cualquier caso de corrupción se rige estrictamente por la ley de la oferta y la demanda. Es la demanda de grandes grupos económicos, empeñados en saquear el dinero público, la que genera la oferta de cargos y funcionarios corruptos.
Si los sobres de los corruptos o las “cajas b” estuvieran vacías, si nadie las llenara pagando sustanciosas comisiones ilegales, una “inversión” con un rentable “retorno” en forma de contratos amañados o sobreprecios, no existiría un solo caso de corrupción.
Esta es una realidad que los hechos siempre corroboran. Sin embargo, la información sobre los episodios de corrupción -por ejemplo el “caso Bárcenas”, ahora en plena ebullición- fija nuestra mirada únicamente sobre los corruptos, y silencia o menciona con sordina la actuación de los corruptores, la verdadera raíz del mal.
El juicio por el caso de los “papeles de Bárcenas” se celebra en la Audiencia Nacional bajo la sombra de un nuevo giro de guion. El ex tesorero del PP se muestra ahora dispuesto a “tirar de la manta”, y afirma que la financiación ilegal del primer partido de la oposición, la llamada “caja b”, se prolongó de 1982 a 2009, apuntando directamente a Mariano Rajoy como máximo responsable del delito.
Se nos presenta esta nueva situación como resultado del resentimiento de Bárcenas, que habría pactado con la dirección del PP evitar la entrada en prisión de su esposa si guardaba silencio. Pero en el “caso Bárcenas” hay muchos hilos que, sorprendentemente, no se siguen hasta el final.
En su repentina confesión, Bárcenas afirma poder dar detalles sobre las “comisiones finalistas” que nutrieron la “caja b” del PP, es decir comisiones entregadas por empresarios a cambio de contratos públicos.
Algunos de esos “donantes” nada altruistas están anotados en los famosos “papeles de Bárcenas”, la libreta donde el ex tesorero apuntaba las entradas y salidas de la “caja b”: Luis Rivero de Sacyr con 400.000 euros, FCC, entonces en propiedad de la Koplowitz, con 165.000, la OHL de Villar Mir… Todos ellos nombres y apellidos oligárquicos.
Sigamos el rastro de los corruptores. Por ejemplo en el “caso Púnica”, uno de los episodios en los que Bárcenas dice ahora querer colaborar con la justicia.
Según ya publicó Infolibre, en la agenda de Francisco Granados, condenado por este caso de corrupción, figuran hasta 11 empresas del Ibex-35, el sancta sanctorum de la oligarquía, como origen del chorro de dinero que engrasaba las cañerías corruptas de la Púnica.
Con un añadido de relumbrón: Cofely, filial de Gaz de France en España. Según el juez que instruyó el caso la multinacional gala fue “el principal interlocutor y articulador de la red de tráfico de influencias y pago de cohechos”. Cuyo objetivo era amañar contratos con diferentes ayuntamientos para asegurarse la adjudicación de contratos públicos.
Siempre sucede lo mismo: en el origen de cualquier caso de corrupción hay corruptores: grandes constructoras, monopolios españoles y extranjeros, bancos… que pagan las mordidas para obtener jugosos beneficios.
Ellos, los corruptores, son quienes se llevan la mayor parte del botín de la corrupción, cuyo coste, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se eleva a 87.000 millones de euros al año… Más que todo el gasto público sanitario. Este es el sangrante registro del saqueo a los fondos públicos que supone la corrupción.
Acabar con las tramas corruptas significa perseguir a los corruptos, desde luego, pero sobre todo a los corruptores. Los Bárcenas de turno son los cómplices necesarios, pero nunca los “padrinos” del atraco.