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Tras la fracasada investidura de Feijóo, ahora es el turno de Pedro Sánchez. Y ante ella todos se limitan a posicionarse ante la amnistía, a favor o en contra, o a plantear qué exigencias de Junts y ERC pueden asumirse y cuáles no.
¿Pero ese es el problema principal que debe atender el nuevo gobierno? ¿Lo que de verdad importa a la mayoría no es el alza de los precios o de las hipotecas, que recorta nuestros bolsillos mientras bancos o eléctricas presentan beneficios récord gracias a ese expolio?
Luís García Montero, poeta, director del Instituto Cervantes y uno de los intelectuales de izquierda más respetados, ha expresado la posición de muchos en una columna titulada “Amnistiados”. En ella nos plantea: “Hago una transferencia en mi ordenador, con mi dinero, en mi pantalla, y el banco me anuncia la comisión que va a cobrarme por sus gestiones”. Para concluir: “En la radio discuten una vez más sobre la amnistía y yo me pregunto cuando nos van a amnistiar a todos de las ganancias inmisericordes de los bancos”.
Si uno sigue la información política parece que el centro de la vida nacional está en la amnistía.
¿Ese es el centro que nos ocupa y preocupa a la mayoría?
Hemos cerrado septiembre con una nueva subida de la inflación, mientras se anuncia que los grandes monopolios energéticos, de la alimentación y la distribución, han disparado sus márgenes de ganancia a máximos históricos.
¿Cuándo seremos todos “amnistiados” de los recortes sociales y salariales, o del tijeretazo a nuestras rentas que suponen la inflación y la subida de las hipotecas?. Este debe ser el centro de la investidura.
Y la nueva subida de los tipos de interés decretada por el BCE va a asfixiar todavía más a familias hipotecadas y pymes, en beneficio de una gran banca que utiliza este expolio financiero para aumentar sus ya escandalosos beneficios.
Acabar con el atraco de la inflación y la de la subida de hipotecas o préstamos. Esta sí es una prioridad.
Más en una legislatura en la que se anuncia que los recortes no solo no van a desaparecer sino que se agudizarán.
La Comisión Europea exige que el gobierno español retire a final de año todas las ayudas aprobadas durante la pandemia o para hacer frente a la escalada de precios que siguen vigentes. Y nos impone un ajuste en las cuentas públicas, para reducir la deuda y el déficit, que implicará recortes de gasto de hasta 13.000 millones anuales.
Esto es lo que debe ocupar la mayor parte del debate de investidura. Cuando seremos todos “amnistiados” de los recortes sociales y salariales, o del tijeretazo a nuestras rentas que suponen la inflación y la subida de las hipotecas.