Lo que de verdad está decidiendo la formación de gobierno

Para dilucidar si la investidura de Pedro Sánchez llegará a buen puerto, todos los medios y analistas concentran su atención en los avances y retrocesos de la negociación con ERC o en la rotunda negativa de PP y Ciudadanos a permitir un gobierno en el que también participe Unidas Podemos.

Pero la posición de las fuerzas políticas es solo la superficie de una tormenta mucho más profunda. Como ha sucedido desde 2015, lo que de verdad está decidiendo la formación de gobierno es la pugna entre las fuerzas que quieren mantener y llevar más allá las políticas de los recortes, y la mayoría progresista y de izquierdas que exige un cambio de rumbo.

Los auténticos protagonistas

Lo que ha fijado las condiciones sobre  las que se puede formar gobierno, y están empeñados en que lo olvidemos, fue el voto popular, que el 10-N concedió una mayoría a la izquierda, y vetó la posibilidad de un gobierno de los recortes más agresivo.

Esos resultados electorales fueron los que impusieron el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, sólo 48 horas después de cerrar los colegios electorales, frente a la prohibición que había llevado a repetir elecciones.

Y esa mayoría progresista sigue ejerciendo su influencia. Las recientes encuestas cifran en casi un 60% el apoyo a un gobierno basado en el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. Y las fuerzas sociales que representan a esa mayoría contra los recortes, desde los sindicatos a los diferentes movimientos de lucha, empujan hacia la formación de un gobierno de izquierdas.

Esta es la corriente principal, pero existen otras, poderosas, en sentido contrario.

Quienes pretendían imponer un gobierno, nucleado en torno al PP de Casado y con la presencia de Vox, que llevará adelante una política de recortes “sin complejos”, han fracasado, ante el rechazo social que han generado, primero en abril y luego en noviembre. Pero no han cejado en su empeño.

Están maniobrando para crear todas las dificultades posibles a la formación de un gobierno de progreso, aun en su versión más moderada. Y se empeñan en esgrimir la alternativa de un acuerdo PSOE-PP, con la participación de Ciudadanos, mucho menos permeable a las exigencias de la mayoría contra los recortes.

Su consigna es impedir que haya un gobierno progresista, y si eso no es posible, que nazca lo más débil e inestable posible.

Estas son las fuerzas que, más allá de los acuerdos y desacuerdos entre los partidos, son los auténticos protagonistas de la batalla por la formación de gobierno, que en España dura ya nueve meses.

Los límites y las presiones

Dos hechos, que apenas reciben atención mediática, nos permiten comprender por qué la formación de gobierno en España se ha convertido en una batalla tan aguda.

Tas reunirse con Pedro Sánchez, Pablo Casado cerró el paso a una abstención afirmando que “el PP no puede blanquear un gobierno con los comunistas”. Seguía la estela de Aznar, que afirmó algo muy parecido pocos días antes… y de uno de los principales portavoces de la gran burguesía norteamericana, The New York Times, que alerta del peligro de que “España sea uno de los pocos países de Europa con ministros de extrema izquierda”.

En la UE existen numerosos gobiernos de coalición… pero en ninguno de ellos un partido socialdemócrata comparte gabinete con una fuerza más a la izquierda. En Portugal o en Dinamarca, partidos a su izquierda sostienen gobiernos socialistas, pero siempre fuera del consejo de ministros.

Independientemente incluso de la posición de la dirección de Podemos, la presencia en el gobierno de una fuerza que representa a una parte de la sociedad radicalizada en la lucha contra los recortes, es, como algunos medios conservadores señalan, “una anomalía en el concierto europeo”. Que esto suceda en un país de la importancia de España -cuyo PIB es cinco veces superior al de Portugal- lo redimensiona.

Pero otra noticia de enorme trascendencia ha pasado desapercibida: el 1 de enero de 2020 entrará en vigor la reforma del artículo 135 de  la Constitución, que impide a todas las administraciones públicas -gobierno central, comunidades, ayuntamientos- tener un déficit mayor que el exigido por la UE.

A partir del año que viene será inconstitucional que las cuentas públicas no recojan los ajustes que exija Bruselas. 

Esto implica por un lado más recortes. El Banco de España acaba de advertir que “la aplicación estricta de este artículo llevará a un ajuste mucho más intenso”. Las exigencias de Bruselas, solo para el año que viene, llegan hasta los 7.800 millones, y pueden alcanzar los 12.000. 

Y por otro lado, establece un blindaje mucho mayor del saqueo. A partir del 1 de enero cualquier presupuesto o ley que incumpla los límites de Bruselas puede ser recurrido ante el Constitucional… por parte del PP… o incluso de los 52 diputados de Vox.

Las oportunidades y los peligros

Seguimos estando en una situación más favorable para la formación de un gobierno progresista, tras la nueva irrupción el 10-N de una mayoría de izquierdas que sigue presionando para que se cumpla lo que las urnas dictaron. 

Pero vamos a asistir a una intensificación de las presiones, por parte de las fuerzas que quieren llevar más allá los recortes, para tratar de impedirlo, o hacer que los límites de ese futuro gobierno sean lo más estrechos posibles. Evitando que la presión de la mayoría contra los recortes, que se redoblaría con un gobierno de izquierdas, pueda conquistar nuevos avances.

Antes y después de la formación de gobierno, la batalla va a continuar, y como sucedió el 10-N su desenlace también va a depender de lo que hagamos la mayoría que queremos revertir el camino de saqueo y recortes.