¿En qué consiste el convenio? En que, ante el impago repetido de las cuotas de la hipoteca, la Generalitat lo comprará en vez de pasar a manos del banco o caja que haya dado el crédito.
Está revisto que el convenio se aplique desde este año, y supondrá que cuando una familia beneficiaria de un piso protegido deje de pagar las cuotas de la hipoteca repetidamente, el Ejecutivo de la Generalitat lo comprará, en vez de pasar a manos del banco o caja que haya dado el crédito. Se calcula que este convenio afecta a unas 300 viviendas que puestas de nuevo en el mercado supondrán el 2% de las 15.000 viviendas de protección oficial que están previstas sean adjudicadas este año.Sin embargo, según las previsiones de la CECA, la falta de pago a finales de 2009 en el sector de cajas de ahorro, el mayoritario en Cataluña, se situará en el 4%, lo cual supone multiplicarse casi por tres. Esta medida se presenta, desde el gobern, como un espaldarazo, a la vez a las familias que por su nivel de ingresos no pueden acceder a los créditos y a las cajas y bancos que no dan los créditos por el riesgo de impago. Sin embargo la distribución de riesgos no es equitativa. La firma del convenio, que busca explícitamente animar a la banca para que abra líneas de crédito a las familias sin miedo a la morosidad, supone la garantía de que la Generalitat, en lugar de ayudar a las personas afectadas renegociando el pago de las hipotecas para que no supongan una soga al cuello de los presupuestos familiares, saldrá al rescate de La Caixa y Cía con dinero público si las cosas no van bien. Eso sí, el gobierno catalán afirma que las familias que se queden en la calle tendrán la posibilidad de acogerse a las ayudas que la Generalitat da a las personas sin recursos. Como consecuencia, la vivienda protegida se irá inevitablemente restringiendo para los sectores más afectados por la crisis mientras los bancos y cajas tendrán sus cuentas de beneficios cubiertas. El convenio busca resolver lo que le conviene a la banca, especialmente a las caixascatalanas. Hoy en día, ante el impago de las hipotecas, los bancos recurren al avalista para resarcir la deuda. Caso de que eso no sea posible lo que hacen es proceder al embargo. Pero en la situación actual, con la bajada del precio de la vivienda y del precio del dinero las viviendas pasan a valer menos que las hipotecas suscritas en su momento para su adquisición. A los bancos no les interesa, por tanto, quedarse con unos pisos cuya subasta nunca les va a permitir recuperar lo prestado más los intereses previstos. Las familias que no pueden pagar las cuotas acaban devolviendo las llaves, llaves que para el banco se han convertido en una patata caliente. Por otro lado las cajas de ahorros catalanas son las que más tienen que perder con la morosidad. Como consecuencia de la crisis, Cataluña es la comunidad autónoma más afectada por la morosidad empresarial, ya que uno de cada tres efectos impagados tiene como protagonista a una empresa catalana. ¿Cómo resolver este dilema? Ya lo decía recientemente el presidente de La Caixa, Isidre Fariné, "el aumento de la morosidad no significa que no se acaben pagando los créditos bancarios e hipotecarios", tal como viene ocurriendo desde hace un siglo, y como va a seguir ocurriendo ahora claro. La realidad es que las cajas catalana es la que peor media saca en el ranking de morosidad. El 2,28% de sus créditos estaban impagados en agosto del año pasado, como media. Esto provoca un descenso en el rating que las agencias de calificación estadounidenses efectúa de la solvencia de las entidades financieras. Algunas, como la caja de Tarragona se quedaba a muy poco de la calificación de basura. La medida de la Generalitat contribuye a poner a buen recaudo a su banca nacional frente al chaparrón de la crisis mientras los más afectados por la crisis son los que descienden puestos en el rating social. El abismo social se agranda, gracias a un auténtico plan rescate II que tendrá sus futuras ediciones a medida que la crisis vaya dando su verdadera cara.