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Las casualidades en política no existen, pero “haberlas haylas”. Dos organismos internacionales como el FMI y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) eligieron el mismo día, el pasado 30 de enero, para publicar sus informes sobre las pensiones en España. Curiosamente los dos coincidían en lo fundamental con las posiciones que viene manifestando el Banco de España y la Comisión Europea: que el sistema público de pensiones español no es sostenible, que no se pueden revalorizar con el IPC y que hay que impulsar los planes privados.
El informe del FMI, “Efectividad y equidad en el gasto social: el caso de España”, se supera a sí mismo respecto a informes anteriores.
En sus conclusiones considera que las pensiones españolas son bastante “generosas”. En segundo lugar, que estas “generosas” pensiones han estado “protegidas” durante la crisis, en relación a otros sectores como los parados, y han ayudado a que los mayores hayan “navegado” la crisis mejor que los jóvenes, que han “quedado en desventaja”.
Para concluir, en tercer lugar, que un sistema tan “generoso” “no es sostenible…, sin reformas integrales y se haría a expensas de la generación más joven que ya está en desventaja”.
¿Qué propone para “hacerlo viable”?
Incentivar “las vidas laborales más largas”. Es decir, retrasar la edad de jubilación.
Incrementar los ingresos sin elevar las cotizaciones sociales.
Y “fomentar el ahorro suplementario”. O sea, los planes privados de pensiones.
A la nueva presidenta del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, como a su antecesora, Cristina Lagarde, ahora en el Banco Central Europeo, les debe de parecer que las pensiones de los 2,5 millones de pensionistas, el 25% del total, que cobran entre 600 y 750 euros (por no hablar de varios millones más que cobran por debajo de esas cantidades) son tan “generosas” que han decidido que lo mejor es que los pensionistas cobren menos, trabajen más años y que la nueva generación se jubile ya cobrando menos y pagándose un plan privado suplementario si quiere poder vivir dignamente de su pensión la última parte de su vida.
Coincidencias
La OCDE por su parte, en el “Informe Bienal de Pensiones”, presentado en la sede de Inverco -la patronal que agrupa a las entidades españolas y extranjeras que gestionan fondos de inversión y planes de pensiones-, el economista jefe Hervé Boulhol ha defendido la necesidad de reducir de forma gradual la cuantía de las pensiones, vincular la edad de jubilación con la esperanza de vida mediante mecanismos automáticos y alentar fiscalmente los “ahorros suplementarios”.
Según Boulhol “puede no ser injusto” que las pensiones suban menos que el IPC, “es la única forma de que los pensionistas compartan el esfuerzo con los otros grupos de edad”. Una muy cínica manera de decir que la mejor forma de ser solidarios con los trabajadores pobres es empobrecer a los pensionistas recortando su pensión.
El informe de la OCDE insiste especialmente en las medidas que propone:
Vincular las pensiones con la esperanza de vida para ir retrasando la edad real de jubilación de forma progresiva.
Tener en cuenta toda la vida laboral para el cálculo de las pensiones para reducir la cuantía.
E impulsar los incentivos fiscales para promover los planes privados.
Son tan evidentes las coincidencias entre las posiciones y las alternativas del FMI y la OCDE que parecen dictadas por el mismo consejo de administración bajo la aplicación implacable de las leyes del capitalismo monopolista.
Ante todo, sus beneficios no se tocan. Nada de subir los salarios a la generación más joven y así también mejorar sus pensiones futuras. Nada de garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores que lleguen a la edad de jubilación con la subida del coste de la vida…
Lo que la OCDE y el Fondo Monetario Internacional dirigido por su nueva presidenta, Kristalina Georgieva, proponen es reducir las pensiones “demasiado generosas” del sistema público de pensiones para enrasar a todo el mundo por abajo. O lo que es lo mismo, degradar las pensiones públicas para convertirlas en un sistema asistencial, abriendo camino a que su lugar lo ocupen los planes privados. Esta es su ley de reforma de las pensiones y este su auténtico objetivo: controlar los 115.000 millones de euros anuales que gestiona el sistema público de pensiones en España.
El primer reto del nuevo gobierno
Con la constitución del nuevo gobierno de coalición progresista es evidente el relanzamiento de la ofensiva por la privatización de las pensiones públicas, pero aún hay dos agentes más: Bruselas y el Banco de España.
La Comisión Europea viene insistiendo también en la teoría de que el sistema de pensiones “es insostenible” y que se debe mantener la reforma de Rajoy, el Índice de Revalorización (la ley del 0,25%) y la aplicación del Factor de Sostenibilidad, que vincula las pensiones a la esperanza de vida. En noviembre ni siquiera esperó a que estuviera constituido el nuevo gobierno. En plenas negociaciones entre PSOE y Podemos, Bruselas envió una carta marcando los límites al nuevo gobierno, recordando que su prioridad era cumplir con la reducción del déficit y mostrando su preocupación por el riesgo de “desviación significativa del déficit público”, sobre todo por la propuesta para subir las pensiones el 0,9% con el IPC, advirtiendo que el nuevo gobierno tendría que hacer un ajuste extra de unos 8.900 millones de euros.
El Banco de España, por su parte, está embarcado en una campaña para que se mantengan las reformas de Zapatero en 2011 y de Rajoy en 2013, especialmente esta última, frente a las medidas del gobierno de Pedro Sánchez e Iglesias de revalorizarlas con el IPC.
En el último mes el director del BE, Pablo Hernández de Cos, ha vuelto a insistir en la necesidad de alargar la edad de jubilación más allá de los 67 años, ligada con la esperanza de vida. Y fomentar los planes privados de pensiones.
Blindar las pensiones
Estos cuatro jinetes del capital monopolista, FMI, OCDE, UE y el Banco de España han relanzado su ofensiva para “precarizar más las pensiones públicas y abrir camino a los planes privados de pensiones”. Este es el gran primer reto que se le plantea al gobierno de coalición progresista y que va a estar presente durante la legislatura: hacer frente a sus intentos por impedir que se apliquen las medidas que derogan total o parcialmente aspectos de las reformas de las pensiones, como la subida de las pensiones de acuerdo al IPC o que no se aplique el “factor de sostenibilidad” que debería aplicarse dentro de dos años. Un reto que ya se da en los medios pero que se va a trasladar de inmediato al Pacto de Toledo en cuanto se abran las sesiones de la Comisión.
Esta es una batalla que tenemos que dar el conjunto de las fuerzas populares, organizaciones y movimientos por las pensiones, movimientos sociales, sindicatos, personalidades y profesionales, jóvenes y mayores, todas las mujeres y hombres del pueblo. Por un lado, apoyando las medidas anunciadas por el gobierno que vayan a favor de defender el sistema público de pensiones y garantizar su poder adquisitivo. Por otro, haciendo avanzar el apoyo popular y la unidad en torno al blindaje constitucional de las pensiones en la Constitución como un derecho fundamental.