Cargando...«Quienes todavía no se han pronunciado al respecto son sus beneficiarios, las principales compañías eléctricas, que en pleno debate sobre la inminente subida de la tarifa de la luz, que entrará en vigor a partir del próximo mes de enero de 2001, mantendrán e incluso reforzarán el pago de dividendos a sus accionistas durante el próximo año»
Las tres grandes comañías energéticas españolas -Iberdrola, Endesa y Gas Natural- repartieron este año 3.556 millones de euros entre sus accionistas por concepto de dividendo, cantidad que elevarán hasta los 4.589 millones para el próximo 2011, según las estimaciones del mercado. Esta retribución es posible gracias a los beneficios de cada ejercicio, aun teniendo en cuenta que una parte importante de su actividad está condicionada por la fijación del Gobierno del precio de la luz. Esta política de remuneración convierte a estos valores en unos de los más atractivos para los inversores. (EL CONFIDENCIAL) EL ECONOMISTA.- Las federaciones sectoriales y territoriales de CCOO se reúnen este miércoles para estudiar la posibilidad de convocar nuevas movilizaciones en contra de la política económica y laboral del Gobierno, que podría incluir una huelga general. Sin embargo, la reunión de secretarios generales de estas federaciones que se celebra hoy miércoles sólo tiene carácter consultivo y deberá ser el Consejo Confederal quien apruebe la convocatoria de estas movilizaciones. EL PAÍS.- El Gobierno de Artur Mas tomará hoy posesión en el Palau de la Generalitat con una hoja de ruta clara bajo el brazo. Una de sus primeras decisiones será encargar una auditoría para saber el estado de las cuentas. Según el balance del ex presidente José Montilla, la Generalitat tiene una deuda de 40.000 millones de euros. Mas tiene dos prioridades: reducir impuestos y revisar el modelo de la sanidad pública para evitar su colapso. Otra de las medidas será anular la limitación de velocidad a 80 Km/hora en los accesos a Barcelona y el código ético de los Mossos Tarifas. El Confidencial Las eléctricas repartirán cerca de 4.500 millones en dividendos el primer año del tarifazo R.J. Lapetra / C. Hernanz El tarifazo aprobado por el Gobierno el pasado lunes 27 de diciembre ya es objeto de debate entre Gobierno y la oposición y de indignación ciudadana a partes iguales. Quienes todavía no se han pronunciado al respecto son sus beneficiarios, las principales compañías eléctricas, que en pleno debate sobre la inminente subida de la tarifa de la luz, que entrará en vigor a partir del próximo mes de enero de 2001, mantendrán e incluso reforzarán el pago de dividendos a sus accionistas durante el próximo año. Las tres grandes compañías energéticas españolas -Iberdrola, Endesa y Gas Natural- repartieron este año 3.556 millones de euros entre sus accionistas por concepto de dividendo, cantidad que elevarán hasta los 4.589 millones para el próximo 2011, según las estimaciones del mercado recopiladas por Cotizalia. Esta retribución es posible gracias a los beneficios de cada ejercicio, aun teniendo en cuenta que una parte importante de su actividad está condicionada por la fijación del Gobierno del precio de la luz. Esta política de remuneración convierte a estos valores en unos de los más atractivos para los inversores. Endesa ha abonado 1.079 millones en 2010 y podría elevar hasta los 2.147 millones durante 2011, según estimaciones de analistas, que en su mayoría irá a manos de la italiana Enel, que controla el 92% de las acciones. Iberdrola por su parte ha pagado este año 1.747 millones y repartirá 1.640 millones el que viene, mientras que Gas Natural ha distribuido 730 millones en 2010 y elevará esta cantidad hasta los 802 millones. Estos desembolsos a sus accionistas están condicionados normalmente por la evolución de los resultados y por la situación financiera de las compañías. En este último caso, las eléctricas acumulan en la actualidad una deuda de 63.380 millones, ligeramente inferior a los 64.900 millones que acumulaban a cierre de 2009. De esta cantidad, 17.869 millones corresponden a Endesa; 25.677 millones, a Iberdrola; y 19.834 millones, a Gas Natural Fenosa, según datos recogidos por la agencia de noticias Europa Press. En este contexto de flujos de euros millonarios, una subida del precio de la luz un 9,8% puede causar más indignación a ojos de los usuarios, a pesar de que con este recargo extraordinario está previsto que el sistema se adapte a la prórroga de las ayudas a la producción del carbón nacional, cuya pervivencia cuesta más de 580 millones de euros a las arcas públicas, el equivalente a cerca de 220.000 euros por cada minero empleado en este sector. Déficit de tarifa La patronal eléctrica Unesa ha dejado claro que "es la senda a seguir", sobre todo para reducir el déficit de tarifa que los usuarios pagan para compensar los gastos derivados de que las tarifas estuvieran durante años por debajo de los costes. Sin embargo, esta subida no contribuye a la reducción del déficit como tal, sino a que crezca menos, ya que la subida estrecha la diferencia existente entre el coste de fabricación/distribución con el precio final, que se marca por un complejo sistema de subastas trimestrales y de peajes fijados por el Gobierno. Precisamente, las eléctricas se encuentran pendientes del proceso de colocación en los mercados del déficit de tarifa del sector eléctrico, que les permitirá sacar de su balance cerca de 13.000 millones de este desajuste que financian directamente mediante la titulización de este préstamo y su conversión en valores negociables. Las empresas que más parte del déficit deben financiar son Endesa, con 5.681 millones, e Iberdrola, con 4.421 millones, mientras que a Gas Natural Fenosa le corresponden 1.662 millones. Ahora que la subida se convierte en un tema de debate público, con las asociaciones de consumidores al frente de las críticas, el responsable del PP, Mariano Rajoy no dejó pasar ayer martes la oportunidad para calificar la decisión como una "injusta vuelta de tuerca" para la economía de los españoles al "decretar, en plena crisis económica, la mayor subida de las tarifas eléctricas reguladas" que ha tenido lugar en "los últimos 28 años". El líder de la oposición tachó la política energética socialista como "demencial" y apuntó al reparto de "primas a determinadas empresas que han ganado mucho dinero" y a las "decisiones equivocadas" como las principales causas que han llevado a este tarifazo. La respuesta por parte del PSOE ha sido igual de contundente, evidenciando la falta de sintonía existente sobre el pacto energético entre los dos principales partidos. El dirigente socialista Hugo Morán, secretario federal de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, recordó también ayer que “fue en los tiempos en los que Rajoy formaba parte del Gobierno de España cuando el Partido Popular se inventó un sistema para subir la luz sin que los consumidores se enterasen, al tiempo que cargaba los costes de aquella ‘subida clandestina’ en el recibo de todos los abonados con independencia del consumo”. “Aquello recibió el eufemístico nombre de ‘déficit tarifario’, algo así como que las eléctricas fuesen apuntando en una cuenta todo lo que no pudiesen cargar en el recibo a fin de no perjudicar la ‘buena imagen’ del Gobierno”, continuó Morán, “y ya se encargarían los que viniesen detrás de cobrárselo a los ciudadanos asumiendo el coste político correspondiente”. En su descargo, los populares, esta vez por boca de su secretario de Economía, Álvaro Nadal, aseguran que “el 95% del problema del déficit tarifario ha sido generado por la incompetencia de los ministros de Industria, Montilla y Clos, quienes hicieron el problema gravísimo”. Mientras tanto, la luz sube un 9,8% a partir del 1 de enero. EL CONFIDENCIAL. 29-12-2010 Sindicatos. El Economista Las federaciones de CCOO podrían proponer la convocatoria de una nueva huelga general Las federaciones sectoriales y territoriales de CCOO se reúnen este miércoles para estudiar la posibilidad de convocar nuevas movilizaciones en contra de la política económica y laboral del Gobierno, que podría incluir una huelga general. Sin embargo, la reunión de secretarios generales de estas federaciones que se celebra hoy miércoles sólo tiene carácter consultivo y deberá ser el Consejo Confederal quien apruebe la convocatoria de estas movilizaciones. Según ha explicado el secretario de Comunicación del sindicato, Fernando Lezcano, de la reunión de este miércoles podría salir la petición de convocatoria del Consejo, que es el máximo órgano de dirección entre congresos. Según Lezcano, el encuentro de los secretarios generales sectoriales y territoriales "no es un ámbito en el que se tomen las decisiones, pero sí es consultivo y puede dar una medida del estado de opinión de la organización". Valoración de la situación Así, ha apuntado que los responsables de las federaciones valorarán la situación actual y qué tipo de movilizaciones se deberían emprender, incluida la posibilidad de una nueva huelga general. En este sentido, Lezcano ha subrayado que el paro general "se puede plantear pero sin tomar una decisión" y agregado que sí que puede salir de la reunión la convocatoria del Consejo Confederal. EL ECONOMISTA. 29-12-2010 Autonomías. El País Mas se propone rebajar impuestos y revisar el modelo de sanidad pública Àngels Piñol / Miquel Noguer El Gobierno de Artur Mas tomará hoy posesión en el Palau de la Generalitat con una hoja de ruta clara bajo el brazo. Una de sus primeras decisiones será encargar una auditoría para saber el estado de las cuentas. Según el balance del ex presidente José Montilla, la Generalitat tiene una deuda de 40.000 millones de euros. Mas tiene dos prioridades: reducir impuestos y revisar el modelo de la sanidad pública para evitar su colapso. Otra de las medidas será anular la limitación de velocidad a 80 Km/hora en los accesos a Barcelona y el código ético de los Mossos. Estos son algunos de los ejes de su futuro Gobierno. – Supresión de impuestos. La eliminación del impuesto de sucesiones fue una de las propuestas estrella de Mas de su programa electoral. Pese a la crítica situación económica, lo eliminará. Su objetivo es que los catalanes reciban en este capítulo el mismo trato que los ciudadanos de otras comunidades como Madrid o Valencia. El tripartito ya suprimió la tasa para las clases medias y lo dejó solo para las grandes fortunas. Con esa abolición, las arcas públicas dejarán de ingresar unos 400 millones de euros. Además de esta tasa, Mas quitará todos los aumentos que aplicó el tripartito como los impuestos vinculados a la compra de vivienda o el de matriculación de vehículos. – Revisión de la sanidad. Durante la campaña, Mas se comprometió a mantener la misma inversión que el tripartito en sanidad durante dos años. Y, después, se entra en el terreno de la incógnita aunque cualquier reforma que aplique requerirá el consenso del PSC de acuerdo con el pacto de investidura. De entrada, rechaza el copago porque cree que afectaría básicamente a los pensionistas, los principales usuarios de la sanidad. Pero su objetivo es dar con fórmulas para evitar el colapso del modelo. No ha sido claro y es críptico cuando, a título de ejemplo, habla de establecer filtros para acceder al sistema o que las enfermeras asuman más funciones de las que ejercen. Sus intenciones, en cualquier caso, quedan claras con sus dos fichajes: su consejero de Sanidad es Boi Ruiz, presidente de la Unión Catalana de Hospitales, la patronal del sector, que en más de una ocasión ha defendido cobrar por servicios complementarios como el menú o gravar los medicamentos que se dan en los hospitales. Su otro fichaje, este como asesor, es Miquel Vilardell, presidente del Colegio de Médicos, partidario del copago. El programa de CiU contempla desgravar fiscalmente a quien tenga una mutua privada. – Inmersión lingüística. CiU considera absolutamente irrenunciable la defensa de la inmersión lingüística y mantendrá el sistema pese a la sentencia del Tribunal Supremo. Todos los grupos de la Cámara, salvo el Partido Popular y Ciutadans (21 diputados sobre 135) le darán apoyo. En la sesión de investidura, Mas apeló al "sentido común" para defender la inmersión como garantía de cohesión social y la mejor forma para que todos los alumnos aprendan el catalán. Como mucho, CiU revisará la aplicación de la norma por si hay una mala praxis. Ciutadans repitió ayer que no le gustaría que ningún cargo público sea detenido por un delito de desacato. El consejero de Cultura, el ex socialista Ferran Mascarell, gestionará el tema. – Administración territorial. La ley de veguerías, que pretendía aplicar la distribución territorial previa a 1714 y abolida por el Decreto de Nueva Planta, pasará seguramente a mejor vida. CiU ya votó en contra de la ley, que dividía Cataluña en siete grandes áreas porque dijo que se articuló de forma precipitada y con escaso consenso del territorio. El propio alcalde de Tarragona, el socialista Josep Félix Ballesteros, le ha pedido a Mas que se olvide de esa ley "absurda" que ha desatado rencillas entre localidades vecinas por razones de la capitalidad. Una de las obsesiones de Mas es adelgazar la Administración y ya dejó claro que no impulsará ninguna nueva Administración mientras existan las cuatro Diputaciones. – Estatuto. Tras la sentencia del Constitucional, Mas dio por muerta la vía estatutaria y en la sesión de investidura afirmó que Cataluña está a las puertas de una "nueva transición nacional". Bajo el lema del derecho a decidir, su aspiración es alcanzar el pacto fiscal en la línea del Concierto vasco. El programa de CiU incluía la creación del Consejo de Justicia de Cataluña pese a que la sentencia laminó esa posibilidad. El presidente Zapatero prometió a Montilla en verano que antes de final de año modificaría la Ley Orgánica del Poder Judicial para colmar esa reivindicación. Mas confía poco en las promesas del presidente del Gobierno. En cualquier caso, ha nombrado para la Consejería de Justicia a la jurista Maria Pilar Fernández Bozal, hasta ahora jefa de los Abogados del Estado en Cataluña. Su nombre se interpreta como un guiño a la derecha y ha desatado la ira de los independentistas, que le reprochan haber supervisado las alegaciones contra la consulta soberanista de Arenys y las del Gobierno ante el Constitucional contra la Ley de Consultas. EL PAÍS. 29-12-2010