Las dos caras de la nueva reforma laboral

Por primera vez desde hace 40 años una reforma que afecta a las reglas que rigen el marco laboral ha sido aprobada con un pacto firmado por gobierno, patronal y sindicatos.

La reforma laboral, junto a la de las pensiones, es decisiva, y determinará salarios y condiciones de trabajo para una gran mayoría durante los próximos años.

¿Cuáles son las claves del acuerdo? ¿Suponen un avance o un retroceso para la defensa de los intereses populares?

No se derogará la reforma laboral de 2012, y se mantendrán algunos de sus ejes, que han permitido en la última década imponer rebajas salariales y aumento de la precariedad.

Pero, al mismo tiempo, y frente a una ofensiva que pretendía utilizar la pandemia para imponer “mayor flexibilidad laboral”, este es el primer cambio en las reglas laborales donde los trabajadores no han retrocedido sino que, por el contrario, hemos conquistado avances, aunque sean parciales.

Se han valorado las negociaciones sobre los cambios en la reforma laboral desde las disputas en el seno del gobierno de coalición, o fijando la atención en las exigencias de la patronal o la cerrada oposición del PP. Pero esta es solo una parte de la realidad, y no la más importante.

En torno a la reforma laboral se han enfrentado dos fuerzas, cuya disputa vemos en muchos otros episodios claves.

Por un lado quienes, bajo la bandera de la “necesidad de mayor flexibilidad para crear empleo”, perseguían no solo mantener el marco laboral impuesto en 2012 por el gobierno de Rajoy, sino también darle una “vuelta de tuerca”. Utilizando los fondos europeos como chantaje, condicionando su llegada a la aprobación de una reforma laboral “moderada”.

Por otro, una mayoría social progresista, expresada en las múltiples luchas del movimiento obrero, representada por sindicatos y otras organizaciones, y cuya influencia llega hasta el mismo gobierno de coalición. Que exigía revertir los recortes salariales y el aumento de la temporalidad y la precariedad, disparados gracias a la reforma laboral de 2012.

¿Cuál es el saldo de esta disputa? ¿Cómo se expresa en el acuerdo alcanzado entre gobierno, sindicatos y patronal? ¿En qué va afectar a las condiciones de vida y trabajo de la mayoría?

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1º.- No se derogará la reforma laboral de 2012, sino que se ha “reformado la reforma”.

Esta era una de las “líneas rojas” impuestas por la Comisión Europea, el FMI, el capital extranjero y la oligarquía española. Buscando preservar al máximo el “marco de explotación” vigente desde hace una década. Esta es la razón por la que la CEOE no se ha levantado de las negociaciones, como sí hizo en el último acuerdo sobre pensiones. Y también explica por qué se impuso la participación de Nadia Calviño, especialmente vinculada con Bruselas y con centros oligárquicos como el Santander, en las negociaciones.

Pero éste tampoco va a endurecerse, tal y como pretendían. Los sectores de la CEOE que no han respaldado el acuerdo -especialmente la gran patronal madrileña y catalana, y la del automóvil- defendían la necesidad de “más flexibilidad laboral”. Y aunque los grandes medios han respaldado el acuerdo, los principales periódicos económicos -portavoces del gran capital extranjero y oligárquico- han dado la nota discordante. Expansión editorializa “Esta no es la reforma laboral que España necesita”, El Economista la califica de “un duro golpe a la competividad”. Querían más, y no han podido imponerlo.

2º.- Se refuerzan los convenios colectivos sobre los de empresa.

La prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales permitía a muchas empresas “descolgarse” del convenio general e imponer en cada centro de trabajo salarios más bajos y peores condiciones de trabajo. Ahora, los convenios colectivos prevalecerán sobre los de empresa en todos los aspectos relacionados con la cuantía del salario base y los complementos. Reforzando la capacidad de negociación de trabajadores y sindicatos.

3º.- Se restaura la vigencia sin límites de la ultraactividad.

La ultraactividad decreta que, cuando no se ha alcanzado un acuerdo entre empresa y trabajadores, sigue vigente el convenio anterior. Esto da más fuerza a los trabajadores en la negociación, y dificulta a las empresas imponer peores condiciones sin acuerdo. La reforma de 2012 fijó en un año el límite de la ultraactividad. Ahora se ha derogado este punto, volviendo a la situación anterior a 2012.

4º.- Límites a la subcontratación.

La reforma de 2012 disparó la subcontratación como forma de rebajar drásticamente el salario aunque se realizara el mismo trabajo. Es el caso de las “kellys”, pero también el de muchas subcontratas de grandes monopolios.

Ahora, las subcontratas deberán regirse, en el salario y las condiciones de trabajo, por el convenio general de la actividad realizada. Limitando que puedan aumentar sus beneficios rebajando salarios.

5º.- Medidas para reducir la temporalidad.

Se limitan los contratos temporales a solo dos tipos: estructural -para actividades cuya naturaleza sea temporal-, y el formativo -combinando trabajo y aprendizaje-. Potenciando que los trabajadores temporales puedan tener estabilidad a través de los “fijos-discontinuos” -contratar todos los años a los mismos trabajadores para las actividades temporales-. Y reduciendo a 90 días al año los contratos temporales en un mismo puesto de trabajo, para limitar que un trabajo fijo se sustituya por el encadenamiento de temporales.

Aunque siguen existiendo “grietas” que pueden permitir el abuso de la temporalidad, con esta reforma sí se imponen límites que lo dificultan.

6º.- Unos ERTEs permanentes.

El Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo va a ser, en los hechos, unos ERTEs con vocación de permanencia. Que buscan sustituir los despidos masivos, como vía para ajustar costes por parte de las empresas, por un mecanismo financiado con dinero público.

7º.- Los agujeros negros: despido y flexibilidad.

Hay dos elementos que ni siquiera han entrado en la negociación. Se aparcaron antes de iniciar las conversaciones entre gobierno, sindicatos y patronal.

Uno es el del coste del despido, drásticamente rebajado por la reforma de 2012. Hoy despedir a un trabajador es un 63% más barato que hace diez años. Esta es una “espada de Damocles” que permite imponer, bajo la amenaza de perder el empleo, salarios más bajos y peores condiciones de trabajo.

El otro elemento que no va a tocarse en esta reforma son algunos de los más importantes mecanismos de “flexibilidad interna y externa” en manos de as empresas. No se toca ni el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que permite a la compañía modificar condiciones sustanciales a unos pocos trabajadores o un colectivo acotado. Ni el 40, que recoge la movilidad geográfica. Ni el 82,3, que es la inaplicación del convenio.

Este es el saldo final de la disputa, plasmada en el acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos.

Los grandes centros de poder internacionales y nacionales han impuesto “líneas rojas”. Que no se derogue la reforma de 2012, manteniendo algunos de sus puntos esenciales. Y utilizar un nuevo concepto -”flexiseguridad”- para garantizar que, aunque se vean obligados a aceptar “más seguridad en el empleo”, sigan disponiendo de los mecanismos de “flexibilidad laboral” que les permiten rebajar salarios y condiciones de trabajo.

El gobierno, desde la presidencia a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han aceptado estas condiciones, bajo el argumento de “la necesidad de alcanzar un acuerdo”.

Pero también los trabajadores y la mayoría progresista han impuesto sus “líneas rojas”. No permitiendo que se endurezcan las condiciones laborales, como algunos pretendían, y conquistando algunos avances parciales pero importantes.

Es significativa la reacción, descalificando el acuerdo o confesando que no es el que pretendían, de quienes buscaban imponer mayores recortes -desde el PP hasta los sectores más agresivos de la patronal-.