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Victor de Aldama, el empresario situado como el “elemento corruptor” de la trama del ‘caso Koldo-Ábalos’, se ha presentado a declarar ante la fiscalía Anticorrupción, confirmando las acusaciones que implican al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García en el sumario de la trama, y disparando sus acusaciones contra el presidente del gobierno, varios ministros y altos cargos del PSOE.
Aldama no ha presentado pruebas de sus acusaciones. Sánchez y el PSOE lo niegan todo y anuncian acciones legales contra él. Pero son acusaciones muy graves y el juez del caso, Ismael Moreno, ha decidido enviar la declaración de Aldama el Tribunal Supremo, donde ya está imputado Ábalos y que podrá investigar a otros aforados.
Aldama, en prisión desde el 10 de octubre por otra causa, el fraude de los hidrocarburos, pidió declarar de manera voluntaria para contestar únicamente a las preguntas del fiscal Anticorrupción y de su abogado, y llegar a un pacto para salir en libertad.
Durante más de dos horas el corruptor aseguró que pagó en comisiones hasta 400.000 euros al exministro de Transportes José Luis Ábalos y 200.000 euros a su asesor Koldo García por los servicios prestados. Además de otros pagos en especie como vehículos y tratamientos de salud para la familia de Koldo o el chalet de lujo para Ábalos y el pago del piso su pareja en Madrid.
Estos pagos estarían en concordancia con las investigaciones de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción recogidas en el sumario del caso.
Pero Aldama llegó mucho más lejos en sus acusaciones. Declaró una supuesta estrega de 15.000 euros al actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en un bar frente a la sede del PSOE. Así como una petición de Koldo García para el entonces presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Victor Torres, relacionada con la compra de mascarillas, que no llegó a realizarse. Un supuesto pago de 25.000 euros en metálico al jefe del gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Incluso sacó a relucir una relación con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con la que afirmó haberse reunido varias veces para tratar proyectos en pueblos de la España vaciada, en los que participaría Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, dueña de Air Europa, y hasta Begoña Gómez, la mujer del presidente, a través de una de las empresas de Globalia que participaba en el proyecto, Wakalua.
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Una foto y un viaje, munición contra el presidente
Aldama disparó contra todos pero de forma especial contra el presidente del Gobierno. Inició su declaración hablando de la foto que se hizo con Pedro Sánchez en febrero de 2019 durante un acto electoral del PSOE, recogida en el sumario y publicada por el diario El Mundo.
Según el empresario, Sánchez estaba informado de sus gestiones, estaba “interesado en conocerle” y le “dio las gracias” por lo que estaba haciendo en favor de las empresas españolas en México relacionadas con el proyecto del Tren Maya, Acciona, FCC, UG21 y Azvi. Y la foto «no fue fortuita», sino tomada en un reservado por Koldo García.
La foto se hizo un día antes de un segundo viaje de Ábalos a México para afianzar la presencia de las empresas.
El segundo frente de ataque a Sánchez fue el extraño viaje nocturno de Delcy Rodríguez, ministra de economía y vicepresidenta de Venezuela, a España en enero de 2020; recibida por Ábalos, llegó a estar 5 horas en una terminal del aeropuerto de Barajas a pesar de tener prohibida la entrada en la UE. Según Aldama, Sánchez estaba al tanto de ese viaje, incluso estaría prevista su asistencia a una posible cena en un chalet de lujo alquilado.
Desde el gobierno y el PSOE confían en que el caso no tendrá mucho recorrido por falta de pruebas, pero es un escenario abierto a nuevas investigaciones
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El nuevo escenario
Aunque Pedro Sánchez y el PSOE niegan todas las acusaciones y se muestran “muy tranquilos” por la estrategia de defensa de Aldama para salir de la cárcel y negociar con Anticorrupción, sus declaraciones son un auténtico terremoto judicial y político.
Las consecuencias políticas de las declaraciones no se han hecho esperar. Feijóo cree que tiene delante una bomba de destrucción masiva contra Sánchez y ha salido en tromba pidiendo su dimisión y reclamando a PNV y Junts que retiren su apoyo al PSOE. Aunque éstos dicen que no van a dedicar “ni un segundo” (PNV) a la posible moción de censura que quisiera presentar el PP.
Judicialmente la situación es muy diferente.
Las declaraciones de Aldama consolidan el caso Koldo como el auténtico “caso Ábalos” que ahora está investigado por el Supremo y que depende, en gran parte, de lo que los investigadores de la UCO y Anticorrupción logren sacar de los dispositivos electrónicos incautados y aún por desencriptar y de las pruebas que Aldama pueda presentar.
El empresario corruptor tendrá que probar sus graves acusaciones y presentar pruebas que demuestren la implicación de los miembros del gobierno y del PSOE a los que ha señalado. Desde el PSOE dicen estar tranquilos porque creen que Aldama no tiene pruebas y ridiculizan sus “fantasiosas” declaraciones. “Una inventada”, que dice Sánchez.
Pero es prematuro aventurar nada a la espera del recorrido que puedan tener las nuevas investigaciones en el Supremo, de las pruebas que se aporten y de las nuevas imputaciones que se quieren pedir desde las llamadas acusaciones populares.
¿Un pequeño Nicolás?
Victor de Aldama no es un “pequeño Nicolás”, aunque mienta y engorde sus acusaciones.
En el informe de la UCO aparece como el “elemento corruptor”, un empresario, presidente del Zamora CF., capaz de manejar millones de euros y dedicar cientos de miles al pago de mordidas. Relacionado con grandes empresas como Acciona o FCC para las que mediaba en México, donde era cónsul honorario de España; asesor del consejero delegado de Globalia, la dueña de Air Europa, para la que medió en su rescate por 400 millones de euros; con negocios en México, República Dominicana y en Venezuela, relacionado con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Y vinculado con empresas del sector de los hidrocarburos y las tramas para defraudar el IVA en un sector en el que el fraude para no pagar el IVA destapado por la UCO llega hasta los 530 millones de euros en los últimos cuatro años.
Aldama ya ha sido puesto en libertad con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción que lo justifica por el reconocimiento de los delitos que se le imputan, su “amplia declaración” y el compromiso de colaborar con la justicia tanto en el caso Koldo-Ábalos como en la estafa de los hidrocarburos.
Estamos ante un nuevo escenario, y aunque desde el gobierno y el PSOE confían en que el caso no tendrá mucho recorrido judicial por falta de pruebas, es un escenario abierto a nuevas investigaciones por acusaciones muy graves que afectan a las cúpulas de poder del partido y del gobierno.