La no del todo aclarada información sobre la posibilidad de que el Gobierno español actual hubiese inflado artificiosamente las cifras de déficit público de 2011 ha abierto un primer enfrentamiento entre Bruselas y Moncloa acerca de la situación presupuestaria de España. La Comisión ha desmentido que considere que existe una manipulación en las cifras, aunque posteriormente el comisario de Economía y Finanzas, Olli Rehn, se ha limitado a esperar a finales de febrero para analizar la situación fiscal de cada país.
Mientras el Gobierno español insiste en que las cifras de déficit estimadas adelantadas hasta ahora (un desequilibrio del 8% del PIB, en vez del 6% que daba por bueno el Gobierno de Zapatero) son reales (aunque no oficiales), Bruselas ha aprovechado el forcejeo para apremiar a España a presentar cuanto antes las cuentas de este año y poner en marcha todas las medidas para reducir el déficit existente. Da a entender que el Gobierno de Rajoy retrasa intencionadamente los Presupuestos hasta que hayan pasado las elecciones autonómicas andaluzas, por temor a que recortes adicionales del gasto puedan perjudicarle en las urnas.