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La precariedad laboral de los interinos es un grave problema a nivel estatal, siendo Euskadi la región de Europa con mayor porcentaje de temporalidad. Además, el 70% de los trabajadores temporales interinos son mujeres de más de 50 años, madres de familia que llevan unos 30 años trabajados y las cuales tendrían difícil reubicación en el mercado laboral si son cesadas.
Entrevistamos a Sonia González Troya, portavoz de la Coordinadora de Interinos y temporales de las Islas Baleares y trabajadora temporal.
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¿Cuál es la situación de los trabajadores interinos en la actualidad?
A nivel estatal se calcula que hay entre 800.000 y un millón de trabajadores temporales, tanto interinos como estatutarios, de la Sanidad y también personal laboral de las Administraciones públicas. Somos personal que viene realizando funciones estructurales (las mismas que realizaría un funcionario de carrera) mediante contrato de trabajo o nombramiento de interino, durante más de 10, 15 o 20 años. Estamos encadenando contratos temporales de forma ilegal o bien con un nombramiento desde hace décadas, sin que haya mediado, desde que nos nombraron, una oposición para poder ser funcionarios de carrera. Hay muchas administraciones que llevan más de 10, 12 y 15 años sin convocar ofertas públicas de empleo y esto ha provocado la cifra brutal de personal temporal en las Administraciones. Han estado vulnerando la ley y abusando de los contratos temporales, porque las plazas deberían haber estado saliendo cada año, como máximo cada dos años.
Cuando contratas a un trabajador se le puede hacer una prórroga de un contrato, incluso una segunda, pero a la tercera prórroga, por ejemplo, de un contrato anual, esa persona ya es indefinida, tiene que pasar a ser fija. No se puede estar haciendo un contrato anual durante años. Cuando eso sucede, la empresa, en este caso, debería ser sancionada, y al trabajador, como ha sido abusado, se le tendría que indemnizar y hacerlo fijo, indefinido. Esto, que viene por la Ley 1999/70, en nuestro país se ha traspuesto para las empresas privadas pero no para las Administraciones Públicas, y se ha hecho un abuso en la contratación. Los trabajadores llevan con un contrato durante décadas y otros van renovando de forma anual o cada cierto tiempo.
¿Qué cambia el nuevo Decreto Ley de los Interinos respecto a la anterior normativa?
Prácticamente lo que hace es empeorar la normativa, desde nuestro punto de vista. Nosotros tenemos el Estatuto Básico del Empleado Público, por el cual, si hay una plaza vacante y se le hace un contrato a un interino, esa plaza debe salir el primer año de nombramiento, como máximo al segundo, si no ya se está en fraude. Esto no lo ha hecho la Administración.
“Acabar con la temporalidad de los interinos es uno de los requisitos para poder recibir los fondos europeos.”
Ahora lo que van a hacer es alargar ese plazo, van a poder continuar con contratos temporales más allá del plazo que ya tenían marcado. También lo que hace el Decreto es decir que la situación de fraude de ley la van a solucionar mediante los procesos de consolidación, una oposición concurso. Habrá una fase de oposición del examen, que valdrá un 60 % y la fase de concurso, que son los méritos que un trabajador aporta, experiencia, cursos, estudios… valdrán un 40%.
Se dice que se va a atajar la temporalidad haciendo concurso oposición, lo cual ya se podía hacer. Este personal está en fraude de ley, y Europa, en la sentencia del 19 de marzo de 2020, ya dijo que si había personal en abuso de temporalidad no se podían hacer estos procesos de consolidación, puesto que no cumplen con la normativa europea, ya que no sanciona a la empresa que ha abusado, en este caso la Administración, y no resarce a la víctima del abuso, que es el trabajador que lleva décadas contratado en fraude de ley.
A través de este concurso oposición el trabajador puede perder el puesto de trabajo y que no se le dé absolutamente nada. Ahora, han previsto que en el supuesto de que se suspendiera esa oposición se le daría una indemnización al trabajador, pero no es una indemnización al abuso de temporalidad. Si hay una indemnización tiene que ser disuasoria por el fraude y no por una oposición suspendida.
Entonces, el decreto sigue incumpliendo con la directiva europea 1999/70, sigue incumpliendo con las reiteradas sentencias y autos que han ido emitiendo los Tribunales de Justicia de la Unión Europea. Nuestro país tiene que cumplir con las normas de Europa porque tienen prevalencia legislativa, están por encima de los marcos jurídicos de todos los Estados, incluida la Constitución. Y esto es lo que vulnera este Real Decreto. No cumple con ninguno de los dos objetivos, cumplir con las leyes europeas y solucionar el problema de la temporalidad. Tienen que dar estabilidad en el empleo a las personas y que la Administración asuma la responsabilidad del fraude que ha cometido.
Respecto a las oposiciones, están abiertas a todo el mundo, no solo a los trabajadores temporales, entonces no soluciona el abuso de temporalidad. Una oposición es lo que se tendría que venir haciendo anualmente desde hace décadas. La oposición no es garantía de que el trabajador temporal vaya a superarlo y ser fijo.
¿Qué medidas proponéis para acabar con la temporalidad y la precariedad?
Nosotros lo que llevamos proponiendo desde hace mucho tiempo es dar la estabilidad mediante la creación de una figura legal, como por ejemplo el personal fijo a extinguir o el personal estabilizado. Entregamos en todas las Administraciones Públicas, al ministro Iceta en su momento y en todas partes, un informe elaborado por María Emilia Casas, expresidenta emérita del Tribunal Constitucional, donde desarrollaba que la situación que estamos viviendo nosotros para dar continente a la normativa europea y tener cabida constitucional, se podría generar la figura del personal fijo a extinguir o el personal estabilizado. Esta figura es la que estamos reclamando, cumple con la Constitución y con Europa. La indemnización que han puesto ahora a quien suspenda oposición, no a quien esté en abuso, va a menoscabar mucho las arcas públicas. Todas nuestras propuestas son a coste cero, dar una estabilidad real al personal en abuso.
“Al trabajador temporal del que se ha abusado se le tendría que indemnizar y hacer indefinido.”
¿Os parece bien el concurso de méritos?
Nosotros le vemos ciertos fallos al concurso de méritos. El concurso de méritos existe en el Estatuto básico, se podría aplicar y desarrollar mediante una ley y se podría dar estabilidad, como muchas personas apuntan, es una vía. Pero entendemos que el concurso de méritos continuaría vulnerando la normativa europea, porque es incierto lo que le puede pasar al personal en abuso. Se pueden suspender porque está abierto a cualquier persona, como una oposición. Este es el fallo que le vemos. Si estuviera restringido a las personas en situación de abuso de temporalidad que ocupan puestos de trabajo estructurales, sí podríamos estar ante una medida que pudiera resarcir a las víctimas de este abuso. La plaza que se saque ocupada por una persona temporal la podría ganar o no esa persona y acabar en la calle sin indemnización.
El Gobierno se ha puesto de acuerdo con los sindicatos para el Decreto. ¿Con las organizaciones de trabajadores como la vuestra ha habido comunicación?
Lo que hacen es negociar en la mesa general donde tienen representación sindicatos como CCOO, UGT, CSIF y ELA. El ministro Iceta no se reunió en ningún momento ni con parlamentarios de otros partidos políticos, ni con ningún tipo de plataforma o entidad de interinos. No ha escuchado, no ha dialogado con nosotros. Aunque la negociación sea con sindicatos, se pueden recoger propuestas o atender a las plataformas, lo que ha habido es una falta de diálogo impresionante.
Los sindicatos sí nos han escuchado pero tienen una postura diferente acerca de la solución al problema respecto a las plataformas y organizaciones. Entre las distintas organizaciones de interinos sí tenemos bastante unidad. Nosotros continuaremos con las movilizaciones.