Cargando...Las reacciones internacionales -en Israel y EEUU- a la decisión del juez Andreu de la Audiencia Nacional de admitir las acusaciones contra un ex-ministro israelí y seis militares más por un bombardeo en 2002 contra la franja de Gaza no se han hecho esperar, y son furibundas. Mientras que Livni está presionando al gobierno español para que cambie su legislación para acabar con la jurisdicción universal -la capacidad de la justicia española de investigar crímenes de lesa humanidad-, distintos grupos de presión en EEUU arremeten contra la justicia española. Les ha hecho daño.
En una entrevista ara la televisión israelí, la ministra de exteriores Tzipi Livni aseguró que estaban trabajando intensamente para frustrar las intenciones de la justicia española de juzgar al ex ministro de Defensa israelí, Benjamín Ben Eliécer, y a seis militares más, por un delito de crímenes contra la humanidad. Aseguró que sus gestiones habián conseguido arrancar del gobierno de Zapatero la promesa de que cambiarían la legislación. "El ministro de Exteriores español Moratinos me acaba de decir que España ha decidido cambiar su legislación en relación con la jurisdicción universal y que eso puede evitar el abuso del sistema legal español", declaró Livni. Aunque un eventual cambio en la legislación española que limitara el uso de Justicia Universal –la competencia para juzgar crímenes de guerra, de genocidio y de lesa humanidad, que no prescriben, ocurridos fuera de las fronteras españolas- no tendría carácter retroactivo y no afectaría a la investigación del juez Andreu, Livni afirmó que Moratinos se comprometió a que ese asunto recibiría un “trato especial”. El juez Andreu ha admitido a trámite la querella interpuesta por el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés) por el lanzamiento de una bomba de una tonelada el 22 de julio de 2002 por un avión de combate israelí contra la vivienda de Salah Shehade, destacado dirigente de Hamas. El proyectil lanzado sobre el barrio de Al Daraj de Gaza, mató a Shehade y a otras 14 personas y causó heridas a 150.Pero no sólo en los pasillos de Tel Aviv cunde el nerviosismo estos días, también en EEUU, los círculos más próximos al Estado de Israel y más cerradamente alineados con el sionismo, han calificado de "hipócrita" la decisión de la Audiencia Nacional.La irónicamente llamada Liga Antidifamación ha despotricado contra la justicia española. “La decisión de España de lanzar esta investigación alcanza nuevos niveles de hipocresía y es un insulto al Estado de Israel (…) dado el vergonzoso historial de su propia judicatura, España no está en posición de destacarse a sí misma como un ejemplo sobre terror y ley. Hubiera sido mejor que tratara de abordar sus mayúsculas deficiencias en vez de empañar la independencia y alta respetabilidad de la judicatura de Israel”.Esta organización -una de las más activas del llamado lobbie judío norteamericano- ha difamado a la justicia española esgrimiendo argumentos como que la reciente paralización de las investigaciones contra la dictadura franquista, o algunos clamorosos fallos en la investigación de los atentados del 11-M inhabilitan automáticamente al sistema judicial español. Pero además de desacreditar al demandante, no han dedicado ni una sola palabra a los hechos que se juzgan.La Liga Antidifamación –bien conocida por calificar de antisemitismo a toda crítica contra el Estado de Israel- es una organización fundada por la B´nai B´rith (Orden Independiente de los Hijos de la Alianza), con un presupuesto de 40 millones de dólares, 29 oficinas en EEUU y tres en el resto del mundo.Una cosa está clara. A los centros de poder de EEUU e Israel les inquieta que la brecha que ha abierto la justicia española se abra y se extienda por el mundo. Aunque consigan cerrarla, el ejemplo ya ha sido propagado. Numerosas organizaciones y gobiernos preparan ya demandas similares por los recientes hechos de la masacre de Gaza.