Cargando...
Primero fue la reactivación de la Flota yanqui para el Caribe y América Latina. Después la instalación de 7 bases militares en Colombia. Más tarde en Panamá, luego en Honduras. Y ahora le ha llegado el turno a Costa Rica. El Congreso costarricense autorizaba la pasada semana la entrada en su país, al menos hasta diciembre, de 46 buques artilleros, 200 helicópteros, 10 aviones, un portaviones y 7.000 marines estadounidenses.
El motivo aducido, como en Colombia o Panamá, es el de la cooeración en la lucha contra el narcotráfico. Pese a la más que notable oposición popular, las autoridades del gobierno costarricense se han empeñado en otorgar el permiso a la fuerza naval de los Estados Unidos para su ingreso en territorio nacional de naves de guerra, aviones, helicópteros y un enorme contingente de más de 13.000 marines y civiles (para un país de una extensión similar a Aragón y de poco mas de 4,5 millones de habitantes), en lo que constituye en los hechos una práctica ocupación militar sin precedentes en ningún otro país latinoamericano. La oposición parlamentaria ha impugnado inmediatamente ante el Tribunal Constitucional el permiso otorgado debido a que, según afirma el recurso presentado: “la magnitud de la fuerza autorizada, su capacidad destructiva, la amplitud del plazo del permiso y la condescendencia para que entren y salgan de puerto prácticamente de forma irrestricta, hacen que su sola presencia, aun en el caso que efectivamente se dediquen exclusivamente a las actividades enunciadas, se constituya en un factor de posicionamiento geopolítico con implicaciones claras, si no bélicas, al menos logístico-castrenses”. Por su parte, la Comisión Nacional de Enlace (CNE), una plataforma de coordinación política nacida en 2003 para impulsar la resistencia popular frente al TLC con EEUU, en un comunicado urgente titulado “Estados Unidos ocupa Costa Rica y la suma a su agenda de guerra”, denunciaba cómo el permiso otorgado por el parlamento a la US Navy “adhiere a nuestro país a los planes y a la agenda de guerra del gobierno de EEUU y de paso convierte nuestro territorio en un objetivo militar”. La CNE hace directamente responsable “de cualquier situación que se dé en el marco de esta ocupación de nuestro territorio por parte de esa fuerza naval estadounidense, que adquiere derechos para hacer lo que le dé la gana en el territorio nacional siempre que consideren que sea necesario para cumplir su misión”, al sumiso e irresponsable gobierno del PLN, ya que Costa Rica, además, renuncia a presentar cualquier reclamación por daño, pérdida o destrucción de la propiedad de otros, lesiones o muertes que pudiera provocar esta auténtica ocupación militar. Narcotráfico y seguridad nacional Bajo la bandera del combate al narcotráfico y en nombre de la nueva doctrina de seguridad nacional aprobada por Obama, EEUU está procediendo a un nuevo alineamiento geoestratégico en Iberoamérica mediante el despliegue y el reposicionamiento de sus fuerzas militares en la región. Y cuando habla de narcotráfico en Centroamérica, Washington sabe muy bien de lo que está hablando. En la década de los 80 del siglo pasado, en plena Guerra Fría y con una revolución sandinista triunfante que se desplazaba rápidamente hacia la órbita de Moscú y amenazaba con extenderse fuera de sus fronteras, la CIA y el Pentágono establecieron, a través de la DEA, la agencia norteamericana antidroga, estrechos vínculos con algunos de los más poderosos cárteles del narcotráfico centroamericano. Con un objetivo doble. Por un lado, financiar todas aquellas actividades ilícitas y encubiertas (actos de sabotaje, terrorismo, ejecuciones selectivas, cárceles secretas donde aplicar la tortura,…) “necesarias” para enfrentar a las guerrillas y los movimientos de oposición, pero para las que, por su misma naturaleza, no podían disponer de fondos aprobados abiertamente por el Congreso. Por el otro, apoyarse en los ejércitos privados de los narcotraficantes, bien para enfrentarlos directamente con las fuerzas guerrilleras, bien para sembrar el terror entre las comunidades campesinas que daban apoyo a la guerrilla. Más de dos décadas después, el narcotráfico vuelve a jugar un papel de primer orden en la estrategia yanqui. Sólo que esta vez, aquellos mismos cárteles (o sus sucesores) que ellos ayudaron a crecer ahora son la excusa perfecta para proceder a una ocupación militar “legal” y silenciosa en la región. A nadie se le escapa que todo esta reactivación de la presencia militar yanqui en Centroamérica, Colombia o Paraguay (más las que se sospecha que se está produciendo en la selva amazónica peruana) tiene como objetivo último frenar el desarrollo de las fuerzas bolivarianas antihegemonistas en lo que siempre ha considerado su patio trasero. Durante los ocho años de mandato de Bush, con unos EEUU empantanados y concentrada toda su energía en las dos aventuras bélicas imperiales de Afganistán e Irak, Iberoamérica ha conocido una verdadera explosión de triunfos encadenados de las fuerzas antiimperialistas o de aquellas que buscan una mayor autonomía de Washington. A Venezuela se le fueron sumando Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras, a otro nivel Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay,… Hasta la llegada de Obama a la Casa Blanca. Con él, y tras la retirada de Irak, EEUU ha vuelto a fijar sus ojos en Iberoamérica, reordenando y activando sus fuerzas. Desatando una agresiva ofensiva político-militar en los últimos dos años. La instalación de las siete bases militares en Colombia y el triunfante golpe de Estado de Honduras han sido hasta ahora sus puntos álgidos. Pero no van a detenerse ahí. De la mano del multilateralismo y el diálogo de Obama, la política del garrote y la cañonera del Tío Sam está de vuelta en Iberoamérica. La unidad política iberoamericana para hacer frente a la amenaza que viene del norte es una necesidad cada vez más imperativa para la región. Costa Rica es sólo el último ejemplo.