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En las últimas semanas, la Comunidad de Madrid ha sido escenario de intensas movilizaciones protagonizadas por profesores, estudiantes y personal administrativo de sus seis universidades públicas (Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos). Las protestas denuncian la asfixia económica, los recortes y la precariedad de sus docentes que impone el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que atentan contra la calidad y la sostenibilidad de la educación superior en la región.
Las universidades públicas madrileñas enfrentan una crisis financiera sin precedentes. Una carta abierta firmada por todos los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad alerta de una situación de auténtica asfixia económica, con fondos asignados que no cubren necesidades básicas como el mantenimiento de infraestructuras, aumentos salariales y el impacto de la inflación. Las autoridades académicas claman por una enmienda al presupuesto y la creación de un modelo de financiación plurianual que garantice la sostenibilidad del sistema universitario.
Ante esta crítica situación, el 5 de diciembre, miles de personas se congregaron frente a la Asamblea de Madrid bajo el lema «La uni no se vende, la uni se defiende». La protesta, que contó con la participación de docentes, alumnos y representantes políticos, subrayó el contundente rechazo a los recortes presupuestarios impuestos por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. A pesar de un incremento de 47,3 millones de euros en el presupuesto y la propuesta de contratar a más de 1.000 profesores, los manifestantes consideran estas medidas insuficientes frente al 18% de aumento solicitado por las autoridades universitarias.
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) se ha convertido en un símbolo de esta crisis. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología ha solicitado la retirada del título de Alumna Ilustre otorgado a Ayuso, argumentando que las políticas financieras de su gobierno condenan a las universidades públicas a la insostenibilidad. Además, han anunciado la presentación de una demanda judicial y han solicitado el amparo del Gobierno central y del Defensor del Pueblo.
Ante la presión de la comunidad universitaria y las críticas recibidas, el gobierno de Ayuso ha “reconsiderado” su postura inicial y ha aceptado los 169 millones de euros ofrecidos por el Gobierno central para la contratación de profesores. Sin embargo, esa subida ha sido calificada de “insuficiente” por los seis consejos de gobierno de las universidades públicas de la región. «Con eso solo se puede pagar el 80% de las nóminas». «Es una situación derivada de 15 años de infrafinanciación acumulada», denuncian, exigiendo compromisos más firmes para garantizar la sostenibilidad y la calidad de la educación pública.
Las movilizaciones reflejan el profundo malestar de la comunidad educativa ante lo que consideran un desmantelamiento progresivo de la universidad pública en favor de intereses privados. La precarización laboral de los docentes, la falta de recursos para investigación y la obsolescencia de las infraestructuras son algunos de los problemas que han llevado a esta situación. La comunidad universitaria exige una financiación adecuada que permita revertir la tendencia actual y garantizar una educación pública de calidad para las futuras generaciones.