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60.000 familias arruinadas por los recortes a las energías renovables. Existe una discriminación por parte del Estado entre inversores extranjeros y nacionales a favor de los primeros. Exigencia de un trato igualitario.
El pasado 5 de mayo, la CIADI (Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) ha multado con 128 millones de euros al Estado Español por los recortes producidos en las energías renovables a pagar a un fondo de inversión extranjero. Mientras tanto, una gran multitud de pequeños inversores españoles (60.000 familias) son totalmente arruinados y no reciben ninguna compensación por los mismos recortes sufridos.
La multa deberá ser abonada como indemnización a Energía Solar Luxembourg, filial del fondo de inversión británico Eiser Infrastructure Limited, a la que se tendrá que sumar intereses, por lo que todavía habrá que pagar más. Esto es toda una alarma roja, ya que la CIADI cuenta además con otras 26 demandas pendientes de inversores extranjeros por la misma situación, que tras el precedente de Eiser, casi segura tienen la victoria. Lo que supondrá más que probablemente una pérdida de las arcas del Estado (y por tanto, de nuestro bolsillo) de miles de millones de euros.
¿Por qué pasa esto? Todo empezó en 2007, cuando el gobierno de Zapatero creó un sistema de retribución a la producción de energías renovables con el fin de estimular su inversión. Muchas familias decidieron invertir sus ahorros de toda la vida en paneles solares aprovechando la situación tan favorable que había. O endeudándose con bancos con créditos de 200.000 a 500.000 euros en diez años.
Lo que no se esperaban todas estas familias es que se cambiasen las normas a mitad de partida. Ya en 2010 se recortó un 45% las ayudas a huertos solares, el 25% a las grandes instalaciones y el 5% a las de placas solares pequeñas. Todavía se ganaba dinero, pero en ocasiones no el suficiente para hacer frente a los pagos de los créditos bancarios.
Pero la situación fue a peor. Desde enero de 2012, ya con Rajoy, las nuevas instalaciones no recibirían ni un céntimo de retribución por parte del sistema eléctrico. Y en 2013, el gobierno lanzó otra reforma eléctrica que recortó otros 1.700 millones de euros la retribución a las renovables. Lo que supuso el último golpe mortal para muchos productores.
Se calcula que 60.000 familias españolas se han visto arruinadas por los recortes a las energías renovables viéndose obligados en su inmensa mayoría a entregar las instalaciones fotovoltaicas invertidas a los bancos, venderlas a precios mucho más bajos que cuando las compraron, o refinanciar los créditos a intereses mucho más elevados para no perder sus casas.
¿Pero no pueden ser ellos indemnizados también, como ha sido el caso de Eiser y los distintos fondos de inversión extranjero que han abierto causa contra el Estado Español por los recortes en las energías renovables? No. Porque la CIADI no acepta a trámite ninguna denuncia de parte de inversores nacionales, sólo de inversores extranjero. Los grandes fondos extranjeros tienen sus inversiones a salvo y garantizadas, mientras que las familias españolas se encuentran totalmente desprotegidas.
Así lo critica ANPIER (Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos) en un comunicado: “Resulta inaceptable que por una misma situación el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales”. Consideran que existe una discriminación por parte del Estado entre inversores extranjeros y nacionales a favor de los primeros y exigen un trato igualitario.