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Joanen Cunyat participó recientemente, representando a la MERP, en el Cuarto Encuentro Monográfico de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) para presentar el ‘II Barómetro Mayores UDP’ que analiza la situación de la población de 55 y más años y sus perspectivas sobre el futuro del Sistema Público de Pensiones.
Joanen Cunyat es coportavoz de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP). Dirige la revista cultural Foros 21 y pertenece a la coordinadora estatal de Recortes Cero.
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¿Se siente respaldada la MERP por los resultados del Barómetro de la UDP?
La principal conclusión del Barómetro es que la mayoría de la población, en el caso de los mayores de 55 años, considera que el actual Artículo 50 de la Constitución no da suficiente protección a las pensiones.
Sus resultados son un respaldo a la reivindicación por la que desde su nacimiento lleva peleando la MERP. El 80% de los encuestados, mayores de 55 años, no solo pensionistas, y el 82% entre las mujeres, responden que el Artículo 50 no es suficiente y es necesario blindarlas como derecho fundamental en la Constitución.
Las pensiones públicas no están reconocidas como un derecho constitucional
Las pensiones están en el artículo 50 de la Constitución, pero ¿por qué no están suficientemente protegidas?
Por tres razones. La primera es porque el Artículo 50 está en el apartado de “principios rectores de la vida económica y social” de la Constitución, un apartado que hace referencia no a derechos constitucionales sino a aspiraciones, a expectativas de derecho, derechos que pueden cumplirse dependiendo de que los poderes públicos lo aseguren; pero pueden no cumplirse.
Este es el primer problema: no están reconocidas como un derecho, sino como una orientación.
La segunda razón es porque el Artículo 50 no las reconoce como pensiones públicas sino que habla de “pensiones adecuadas”. La Constitución sí reconoce la existencia de la Salud Pública pero las pensiones no están reconocidas como derecho constitucional.
Y en tercer lugar porque no reconoce el derecho a que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, solo dice que las pensiones deben actualizarse; por ejemplo, podrían actualizarse a la baja.
Estas son las tres razones por las que el Artículo 50 no da protección suficiente a las pensiones. No son un derecho constitucional, pueden privatizarse y pueden perder poder adquisitivo, como ya ha ocurrido en alguna ocasión.
Esta idea es la que en las charlas y debates más le sorprende a la gente: que las pensiones públicas no están consideradas un derecho constitucional.
La MERP lo que reivindicamos y lo que nos une a las 500 organizaciones es una reforma que incluya un artículo en el que se prohíba de forma explícita la privatización total o parcial del Sistema Público de Pensiones y la pérdida de poder adquisitivo. Y que al incluir este artículo reciban el tratamiento de un derecho fundamental.
Los planes privados no pueden desarrollarse a costa de degradar el Sistema Público de Pensiones.
¿Por qué prohibir la privatización?
El problema no es que haya alguien que diga que tiene el objetivo de privatizarlas, que lo puede haber, sino que existe la amenaza real de privatización por las condiciones en que vivimos. Esto ocurre porque las pensiones son a escala mundial, y en nuestro país, una de las principales concentraciones de riqueza generada colectivamente y por eso es uno de los principales negocios de los grandes fondos de inversión y bancos del planeta.
La MERP como plataforma (aunque dentro haya diferentes posiciones) no estamos en contra de las pensiones privadas en cualquiera de sus versiones, planes individuales o planes de empresa, lo que sí decimos es que esos planes privados no pueden desarrollarse como negocio a costa de degradar el Sistema Público de Pensiones.
¿Tiene el blindaje constitucional de las pensiones una dimensión social?
Tiene una dimensión social y tiene repercusiones para el conjunto de la sociedad.
El mejor ejemplo es lo que ha ocurrido en los últimos meses con la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término ‘disminuidos’ por ‘personas con discapacidad’, que ha sido la primera reforma social de la Constitución. Las anteriores tuvieron una razón económica marcada por directrices de fuera de nuestro país.
Es una conquista de toda la sociedad protagonizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, en una lucha a lo largo de 16 años. Es un avance para todo el país y ha abierto un camino.
La siguiente gran reforma social tiene que ser el blindaje constitucional de las pensiones, porque las pensiones, por su misma naturaleza de solidaridad intergeneracional e interterritorial, nos unen a todos, a los 47 millones de pensionistas presentes y futuros
Hay que impedir que nos impongan una degradación de las pensiones públicas
La reforma del artículo 49 no solo ha abierto un camino sino que da confianza a todas las organizaciones, las que pertenecen a la MERP y las que todavía no pertenecen, de que ¡Sí se puede reformar la Constitución para blindar las pensiones! Es posible y podemos conseguirlo.
¿Por qué la MERP quiere hacer de 2024 un año de preparación para abordar lo que viene en 2025?
El 2025 es el año en que la Comisión Europea va a someter a revisión la reforma de las pensiones aplicando el mecanismo que se incluyó en la última reforma de las pensiones, impuesto por Bruselas como condición para que España reciba un plazo de las ayudas europeas. Un chantaje que cualquier demócrata rechazaría.
¿Qué tenemos que esperar? Bruselas o el FMI vienen exigiendo que se alargue la edad de jubilación, aumentar los años para el cálculo de la pensión… y otras medidas que degradarían las pensiones públicas. Esto es lo que podemos esperar y que no podemos aceptar.
Es necesario blindar constitucionalmente las pensiones para impedir un retroceso y que se nos imponga desde fuera una degradación de las pensiones públicas. Lo que nos preocupa no es lo que puede hacer el gobierno, sino lo que pretendan otros imponer al gobierno o a nuestro país.
¿Cómo se propone la MERP desarrollar su actividad en los próximos meses?
Caminando con dos pies. Extender la campaña “Somos 47 millones” a todo el país. Y en eso juegan un papel fundamental las plataformas autonómicas de la MERP, impulsando el movimiento social por el blindaje constitucional de las pensiones en la calle, en los barrios, pueblos, universidades…, recogiendo firmas, haciendo charlas y debates…
Y por otra parte, abrir el debate por el blindaje constitucional en el Pacto de Toledo y en el Congreso. El 28 de febrero tenemos una reunión con la presidenta del Pacto de Toledo para proponerle realizar el segundo gran debate en el Congreso sobre el blindaje de las pensiones. El primero fue en 2019.
*Para ponerse en contacto, recibir información y colaborar con la MERP.
En la página web merp.es o en blindarlaspensiones.es