La renovación del PP a golpes de corrupción

Una nueva oleada de casos de corrupción sacude no solo los cimientos, sino hasta las estructuras superiores del PP y su gobierno. ¿Por donde van a salir de esta auténtica ola de corrupción que cada vez los envuelve más? ¿Hasta dónde llegará el incendio provocado por la onda expansiva de la Operación Lezo y su racimo de bombas?

Pero lo que ocurre en el PP ¿es sólo un problema de corrupción, o bajo la oleada de la corrupción se está librando otra “guerra” donde están en juego intereses que van mucho más allá de los meramente personales de los protagonistas?

Al hacernos estas preguntas no podemos menos que traer a la memoria la última vez que en España un gobierno y el partido que lo sustenta fue acorralado por el destape de una escalada de escándalos de corrupción. Ocurrió en los años 90 del siglo pasado, con Felipe González de presidente. Se desató una “guerra de dossieres” y grandes escándalos -financiación irregular del PSOE con Filesa, los negocios del hermano del Vicepresidente Alfonso Guerra, la “beautiful people, el caso Roldán, Mariano Rubio (presidente del Banco de España), el caso Banesto…- que hicieron tambalear los cimientos de las instituciones del Estado.

Pasados los años, cantidad de artículos, reportajes y libros han ido develando cómo se dieron muchos de aquellos hechos, y ya sabemos que bajo de aquella “guerra de dossieres” se enfrentaban dos líneas, si España tenía que seguir una línea fundamentalmente norteamericana o podía permitirse reforzar a una Alemania que avanzaba imparable su proyecto de una Europa alemana.

Vivimos una situación de cambios acelerados. De todos ellos en estas páginas vamos a tratar de contribuir a esclarecer aquellos que afectan al PP, considerando diversas hipótesis de trabajo.

Quizás convenga empezar recordando un “Informe Confidencial” que se dio a conocer hace poco más de cuatro años.

A principios de 2013, el periódico digital La República, dirigido por Pablo Sebastián, uno de los más veteranos periodistas de nuestro país -y por ello buen conocedor de los entresijos del régimen político surgido de la transición- publicaba un articulo sobre la existencia de un “Informe Confidencial” redactado por un antiguo miembro de los servicios de inteligencia norteamericanos, dirigido al entonces embajador de EEUU en Madrid, Alan D. Salomon.

El informe constataba, en primer lugar, cómo la corrupción y el desprestigio estaban destruyendo la credibilidad de la clase política española, hasta el punto de que, de seguir así las cosas, hasta Rajoy podría retirarse, “antes incluso de que concluya su mandato”. Y advertía del papel de las grandes potencias con intereses en España para “ayudar a controlar” la situación; modificando o cambiando el modelo bipartidista “a la vista de cómo vayan decantándose los acontecimientos”.

En estos últimos cuatro años vivimos un acelerado desarrollo de los acontecimientos y una quiebra del viejo modelo bipartidista, certificada a partir de los resultados de las elecciones generales del 20-D y el 16-J que han convertido en inaplazable la necesidad de recambio.

En el PP, envuelto por una ola de corrupción sistémica, la regeneración no es ya una opción, sino una imperiosa necesidad.

Operación Lezo. Una bomba de racimo

La Operación Lezo contra la corrupción del PP en la Comunidad de Madrid estallaba el pasado 19 de abril desatando un escándalo de grandes proporciones.

La UCO, Unidad Central Operativa, de la Guardia Civil detenía a una docena de personas, entre ellas al ex presidente del Canal de Isabel IIª, Ignacio González, y mano derecha de Esperanza Aguirre, por su gestión durante su etapa como presidente del Canal, la mayor empresa pública de la Comunidad madrileña, auténtica joya de la corona con una facturación de 1.000 millones de euros anuales.

Según las investigaciones del juez Eloy de Velasco, Ignacio González había convertido el Canal de Isabel Iiª en su principal centro de operaciones para su enriquecimiento personal y la (presunta) financiación ilegal del PP de Madrid.

Desde ese día, como una auténtica bomba de racimo, las implicaciones derivadas de la Operación Lezo van explotantando poco a poco afectando cada vez a más y más altos niveles del PP.

Las investigaciones sobre las operaciones de compra por el Canal de empresas sobrevaloradas en Brasil, Colombia y Santo Domingo, o las obras en Tahití tras el terremoto, con sobrecostes y comisiones millonarias, han llevado a Mercasa (Mercados Centrales de Abastecimientos SA) y la detención de Pablo González, hermano de Ignacio, directivo y testaferro suyo en Mercasa, cuya cúpula está imputada por el cobro de comisiones de operaciones también en Iberoamérica.

Y de ahí a investigar el destino de decenas de millones en publicidad del Canal de Isabel Iiª para beneficiar a medios informativos amigos. La concesión de obras en la Comunidad de Madrid a cambio de comisiones millonarias, como el fallido tren de Navalcarnero por el que OHL pagó 1,4 millones a González y que ha llevado al encarcelamiento del consejero de OHL Javier López Madrid y la imputación de Villar Mir, expresidente de la constructora. Y el desvío de dinero para financiar las campañas electorales de Esperanza Aguirre en Madrid.

Más de 50 investigados, una lista que crece cada día.

Las consecuencias políticas han sido inmediatas. Apenas cinco días después de estallar el nuevo escándalo de corrupción dimitía Esperanza Aguirre de todos sus cargos en el PP y en el Ayuntamiento de Madrid por no haber «vigilado» todo lo que debía. La realidad es que era la tercera dimisión después de dimitir como presidenta de la Comunidad y de la presidencia del PP madrileño por la implicación de su Consejero de Presidencia, Francisco Granados, en la «Púnica» y de López Viejo, Consejero de Deportes, imputado en la «Gürtel».«Ignacio González el Canal de Isabel II, con una facturación de 1.000 millones de ruos anuales, en su principal centro de operaciones»

La onda expansiva llega hasta Rajoy

La onda expansiva no se ha detenido en la Comunidad de Madrid y tiene abiertos dos frentes que afectan directamente al mísmo Rajoy.

Por un lado, la Operación Lezo alcanza de lleno a dos de sus ministros, al Fiscal General, al Fiscal Anticorrupción y a la actual presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el de Interior, José Ignacio Zoido, han tenido que responder en el Parlamento por sus injerencias en el Caso Lezo.

Catalá por su relación con Ignacio González (al que envió un mensaje deseándole “que se cierren los líos”) y por la actuación de los fiscales. Y el ministro de Interior, por la reunión de José Antonio Nieto, su número dos en el ministerio, con Pablo González, cuando ya se sabían investigados judicialmente por delitos de corrupción.

El Fiscal General nombró al Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, aún cuando estaba alertado por la Unión Progresista de Fiscales de que Moix era el fiscal preferido por González, “ideal para sus intereses”. Un fiscal , Manuel Moix, acusado de archivar por tres veces diligencias de irregularidades en el Canal Isabel IIª y por oponerse a controlar las llamadas de Ignacio González los cuatro días previos a su detención, según informaciones difundidas por eldiario.es.

Mientras la UCO implica a Cristina Cifuentes en el caso Púnica, por la financiación irregular del PP, adjudicando contratos ilegales como miembro del patronato de Fundescam.

El segundo frente abierto por la onda expansiva de Lezo es directamente Rajoy, que habría sido chantajeado por el ex presidente de Madrid a través del dueño de Intereconomía, Julio Ariza.

Según revelaciones difundidas por varios medios, conversaciones grabadas por la UCO entre Ignacio González y el exministro de Aznar, Eduardo Zaplana, el chantaje se habría producido con una cinta grabada a un empresario vasco, que visitaba con frecuencia la sede del PP en Génova, y que entregaba dinero al tesorero del PP, entonces Álvaro Lapuerta, para la financiación del partido. La noticia difundida por La 6ª decía que Rajoy habría acudido a Bárcenas para frenar a la persona que tenía en su poder la grabación: “Le soltaron pasta por la puta cinta, para taparlo”. (I.Gonzaléz a Zaplana).

Las ondas explosivas de Lezo se suman a las citas pendientes del presidente del gobierno ante la Audiencia Nacional, para declarar por la presunta caja B del PP en el juicio de la Gürtel, y ante la comisión del Congreso recién formada para investigar la financiación irregular del PP.

«Las ondas explosivas de Lezo se suman a las citas de Rajoy para declarar por la caja B en el juicio de la Gürtel, y ante el Congreso por la financiación irregular del PP»

Dos sectores en el PP

El PP no logra salir de la ola de corrupción sistémica que lo envuelve. Pero no se puede comprender lo que pasa en el PP sólo desde la corrupción, al margen de las líneas y los intereses que hay en juego.

Ni el discurso económico, ni el respaldo de la Unión Europea, tan necesitada en tiempos de Brexit y Trump de la “estabilidad” que da España y de que se mantengan las reformas y políticas de Rajoy, son suficientes para que el PP se presente como un partido renovado, no “contaminado”, en el nuevo modelo político que se está configurando en nuestro país tras la quiebra del bipartidismo.

La necesidad de renovación es cada día que pasa más imperiosa. Pero la profundidad de la corrupción, los niveles alcanzados por el fuego que quema los pies del mismísimo Rajoy y la cantidad de pruebas que se acumulan en los juzgados hace que este proceso esté lleno de incógnitas y consecuencias imprevisibles.

Bajo la catarata de casos de corrupción en los dos feudos principales del PP, primero en la Comunidad Valenciana y ahora en la de Madrid, se libra una batalla entre dos sectores.

Entre la “vieja estructura” (Aguirre, Zaplana, Acebes, el propio Ignacio González…), con una gran exposición a la corrupción, más vinculada al antiguo presidente Aznar, políticamente más cercana a lo que sería la nueva línea Trump instalada en la Casa Blanca.

Y, por otro lado, un sector más “tecnocrático”, menos “contaminado” por la corrupción, que se mueve en el entorno de Rajoy y está tratando de sacudirse el estigma de la corrupción para presentarse como una nueva élite renovada, “no contaminada”, con caras nuevas como ejemplo de renovación generacional: Pablo Casado, 35 años, vicepresidente de Comunicación con formación de Harvard y Georgetown, la catalana Andrea Levy,33 años, vicepresidenta de Estudios y Programas, Fernando Martínez Maillo, 45 años, vicesecretario de organización, o Javier Maroto, 45 años, vicesecretario sectorial.

Un sector que esgrime la “recuperación económica” y el respaldo de la Unión Europea a sus reformas como garantías, más alineado con la línea de Obama y las posiciones del Partido Demócrata, particularmente en lo referente a la Unión Europea y la globalización.

Sería ingenuo pensar que una concentración de casos de corrupción en un momento determinado, con filtraciones interesadas sólo son fruto de la casualidad. Sobretodo cuando tenemos ya tantos ejemplos cercanos. Por citar dos. La renovación de la Monarquía se inició con la aparición en los medios de las fotos de una cacería de elefantes en la que participaba el rey Juan Carlos y la princesa Corina. Y recientemente en las elecciones francesas, hemos visto como la aparición en plena campaña electoral de acusaciones de corrupción arruinaban la campaña de Fillon.

¿Cuántas bombas del racimo de la Operación Lezo quedan aún por estallar y en qué sentido? Servirán para enterrar definitivamente a la “vieja estructura” de Aguirre; o para acercar el fuego aún más a los pies de Cifuentes en Madrid y Rajoy en la Moncloa. ¿Dónde estará la línea de corte? ¿Podrán o querrán pararla antes de que abrasen a Rajoy y provoquen una crisis de gobierno de consecuencias imprevisibles?«Aznar se ha ofrecido para colaborar con Trump en Iberoamérica. Rajoy apostó por la victoria de Hillary Clinton»

Controlar el proceso

El control de los fiscales por Rajoy es una de las claves de la situación.

La “vieja estructura”, con la mayor parte de sus miembros retirados por los escándalos de corrupción, en la cárcel o a la espera de sentarse en el banquillo por alguno de los múltiples casos de corrupción pendientes, tiene poco que ganar. Aunque aún puede hacer mucho daño al otro sector con filtraciones y declaraciones.

Rajoy y los “renovadores”, y los centros de poder externos e internos que apuestan por un “PP renovado” como una de las patas del nuevo modelo político, necesitan salir cuanto antes de las sombras de corrupción que les persiguen y que amenazan hasta al propio equipo económico del gobierno. Montoro es el nuevo señalado por el caso de las Cámaras de Comercio que investiga la fiscal Carmen García, por unas supuestas comisiones que habrían cobrado su hermano, amigos y socios.

Acelerar la regeneración, pero al mismo tiempo hacerlo de forma controlada en los tribunales. De ahí la defensa que Rajoy hace de sus ministros de Justicia y de los fiscales, del Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción, para que mantengan, con todos los medios a su alcance, el control sobre los escándalos, jueces y fiscales. Una defensa que puede volverse como un boomerang en su contra.

Rajoy sigue refugiándose en los datos económicos (“Desde el punto de vista económico, las cosas están yendo muy bien, y para eso es muy importante que seamos capaces de mantener la estabilidad política”, declaraba desde Pekín), sin dar explicaciones sobre la corrupción y sin actuar con contundencia, lo que anuncia nuevos problemas para sacar adelante los acuerdos de gobierno, al mismo tiempo que las encuestas empiezan a reflejar un aumento del rechazo social al PP, incluso en su amplio suelo electoral.«Rajoy necesita acelerar la regeneración, pero al mismo tiempo hacerlo de forma controlada en los tribunales»

De esta situación sale un gobierno y un mapa político aún más debilitados.

Aunque el PP tiene una ventaja que le permite seguir perdiendo apoyos, el desarrollo de esta oleada de corrupción, cuando todo indica que aún hay más cosas por salir, golpea y debilita al PP en su conjunto y al gobierno de Rajoy.

Cuando Rajoy fue investido y formó gobierno tenía cuatro años por delante para llevar adelante sus políticas, aunque con una correlación de fuerzas parlamentaria desfavorable. Hoy la situación no es la misma. El mapa político se debilita por la derecha (por el PP y el gobierno) y por la izquierda, con un PSOE semiparalizado por los problemas internos. Y sin que nadie, entre las demás fuerzas parlamentarias, sea capaz de articular una alternativa y dar salida a esta situación.

Y no porque no la haya. Sino porque ha faltado voluntad política.

En el último año la alternativa de un Gobierno de Progreso y Regeneración Democrática, en base a un acuerdo PSOE, Unidos-Podemos y Ciudadanos, impulsada por Recortes Cero, y que hemos apoyado entusiastamente desde el De Verdad, se ha demostrado como la alternativa a la situación, la única capaz de formar un gobierno alternativo al de Rajoy, que dé respuesta a las demandas inmediatas que pide la mayorías social y aborde la regeneración de la vida política.

¿A quién le interesa un mapa político débil e incapaz de articular alternativas de progreso? Sólo puede interesarle a quienes buscan en la debilidad el mejor camino para seguir imponiendo las políticas de saqueo a la población en intervención del país.