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La segunda estación en el arco de la crisis del Sur de Asia nos mete de lleno en el gigante económico, demográfico, político y militar de la región: la India. Y la profunda inestabilidad a la que están sometidos todos los Estados del Sureste, donde la rebelión de la guerrilla del Partido Comunista de la India (maoísta) se extiende como una mancha de aceite desde que, tras la caída del Muro de Berlín, los sucesivos gobiernos hindúes han ido profundizando en una política de corte neoliberal, privatizando empresas públicas y firmando suculentos contratos multimillonarios con monopolios indios y multinacionales extranjeras para la explotación de los recursos naturales de unos Estados que se caracterizan por su gran riqueza minera y la pobreza extrema de sus habitantes.
Desués de que en junio de este mismo año, el gobierno de Mohamed Singh incluyera al ilegal y clandestino Partido Comunista de la India (maoísta) –PCI (m)– en la lista de “organizaciones terroristas”, al mismo nivel que los grupos fundamentalistas autores de los atentados de Bombay, en la actualidad se dispone a poner en marcha la mayor y más organizada ofensiva para erradicar cuatro décadas de insurgencia comunista.
La denominada operación “Green Hunt” (“Cacería verde”) involucra a más de 100.000 tropas, entre miembros de las fuerzas de seguridad estatales, grupos paramilitares y fuerzas armadas federales, algunas de las cuales son tropas de elite retiradas de la militarizada frontera de Cachemira, la región del noroeste del país disputada por India y Pakistán.
Y es que el estallido de la crisis económica mundial, pese a que la India en su conjunto sea una de las potencias emergentes que mejor está haciéndole frente, se deja sentir con fuerza entre amplios sectores de una población ya enormemente depauperada antes de ella. Un 25% de los indios, más de 250 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza. Y una gran parte de ellos se concentra en las regiones del sureste del país, particularmente en Bihar y Andhra Pradesh, dos de los Estados donde la guerrilla maoísta se ha hecho más fuerte en los últimos años.
Tras su nacimiento a finales de los años 60, los naxalitas –nombre con el quo se conoce a la guerrilla maoísta en India por el lugar donde tuvo su nacimiento, el poblado de Naxalbari, en el estado de Bengala Occidental– quedaron reducidos a la mínima expresión después de la feroz represión a la que fueron sometidos por el gobierno de Indira Gandhi a comienzos de los años 70. Sin embargo, 3 décadas después han resurgido con fuerza y se calcula que el Ejército Guerrillero del Pueblo (nombre de la rama militar del PCI-m) cuenta con cerca de 35.000 guerrilleros, entre combatientes de primera línea con las fuerzas indias y milicianos de retaguardia que defienden militarmente las bases liberadas de apoyo y realizan labores de inteligencia y ayuda logística a los combatientes. Además de 50.000 cuadros dedicados al trabajo político, presentes en 14 de los 28 Estados de la India.
Su presencia se ha extendido de tal modo desde comienzos del milenio, que hoy en el lenguaje popular indio se utiliza el vocablo “naxa” (de naxalita) para denominar a todos lo movimientos campesinos que en cualquier lugar del país se rebelen contra los terratenientes o el gobierno.
Andhra Pradesh, Orissa, Maharashtra y Bihar –con una extensión superior a los 833.000 kilómetros cuadrados (más de una vez y media la de España) y un población de más de 291 millones de habitantes– son los Estados en los que puede hablarse de la existencia de un verdadero “poder popular de nueva democracia”, donde el PCI (m) y el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) controlan el poder en las zonas rurales. Pues por el momento, la guerrilla india –aprendiendo de la experiencia de Nepal, donde al parecer se instruyeron los cuadros militares del EGP durante los años de avance y consolidación del ejército guerrillero maoísta nepalí– deja de lado las ciudades para centrarse en el control de la zonas rurales, siguiendo la vieja estrategia de guerra popular prolongada de Mao Tsé Tung de cercar las ciudades desde el campo.
A diferencia de lo ocurrido en los años 60, cuando encabezaron una auténtica insurrección popular en el Estado de Bengala Occidental, en la que durante tres meses cientos de miles de campesinos tomaron las tierras, quemaron los registros del catastro de propiedad, derogaron las deudas hipotecarias y ejecutaron a los más significados opresores y usureros, pero que se saldó con una feroz represión que dejó más de 10.000 muertos y la práctica desaparición de la organización de los naxalitas; su nueva y exitosa estrategia está siendo la de penetrar en las áreas rurales, ganarse el apoyo de un campesinado enormemente empobrecido y ferozmente oprimido por los ejércitos paramilitares de los terratenientes y las multinacionales, consolidar un nuevo poder político y militar en ellas y, una vez que las consideran bases de apoyo seguras, ir estableciendo la coordinación con las diferentes bases de apoyo en otras localidades y Estados.
Lo mismo que hicieron con tanto éxito sus camaradas del Partido Comunista de Nepal (maoísta), los comunistas indios respetan a los cargos locales –lo que incluye, insólitamente, incluso a los propios policías locales– si la mayoría de los habitantes del pueblo consideran que son gente honesta, no comprometida en casos de corrupción o que no se ha significado en actos de represión. Esto incluye también a las empresas que están instaladas en sus zonas de influencia, donde respetan la propiedad de sus dueños, pero les cobran un “impuesto revolucionario”, que oscila entre el 15 y el 20% de sus beneficios, con el que financian sus actividades. Impuesto que en el caso de las grandes empresas se eleva. Una vez tomado el poder en las bases de apoyo, los miembros del PCI (m) construyen diques, mejoran los sistemas de regadío, imparten justicia, resuelven litigios sobre los problemas de lindes de tierras entre los campesinos, alfabetizan a la población, otorgan derechos de igualdad a las mujeres y suprimen costumbres arcaicas y semifeudales como el sistema de división en castas o los matrimonios entre niños.
Desde hace años, y con el objetivo de hacer frente a la expansión de la guerrilla maoísta, el gobierno central de Nueva Dehli puso en marcha una estrategia ya probada por EEUU en Vietnam, extendida después a Centroamérica y aplicada ahora mismo en Colombia: la creación de “aldeas estratégicas” donde desplazan y concentran forzosamente a la población campesina con la excusa de “protegerla” de los guerrilleros y la formación de patrullas paramilitares encargadas de defender esas aldeas, los Salwa Judum (o ”Cazadores de la paz”) que tienen la categoría oficialmente concedida de “agentes policiales especiales” en los poblados campesinos. A diferencia de lo que ocurre en Colombia, en India no son sólo los terratenientes los que pagan a los paramilitares, una parte de su sueldo es proporcionada por el propio gobierno indio. Levantando así una guerra de contrainsurgencia con la que intentan cortar, a base de extender el terror entre la población campesina, el avance de la guerrilla.
Nada de esto, sin embargo, ha tenido hasta ahora éxito. Al contrario. La represión de terratenientes, gobierno central y locales y paramilitares no ha hecho sino aumentar el prestigio, la influencia y la organización de la guerrilla naxalita. Razón por la cual se prepara en estos momentos una ofensiva militar a gran escala como no se ha conocido jamás en la India desde su independencia. Sectores de oposición al gobierno de Singh ya han hecho oír su voz de protesta ante ella, argumentando que el uso de la fuerza directa y a gran escala contra los maoístas no será ni fácil ni efectiva, dadas sus extensas zonas de influencia, el apoyo de gran parte de la población civil y las dificultades del terreno.
Sugiriendo que si lo que de verdad quiere el gobierno es reducir la influencia guerrillera, la mejor solución reside en mejorar a largo plazo las perspectivas económicas de las tribus pobres y las poblaciones campesinas a través, sobre todo, de la reforma agraria, el reparto de las tierras, la construcción de carreteras, escuelas, hospitales y la instalación de electricidad y agua potable en un entorno de pobreza campesina rayana en la miseria.
Sin embargo, el aumento del apoyo electoral recibido por el gobierno en las pasadas elecciones de abril ha reforzado su intención de intentar resolver por la vía militar el problema. Para intentar justificarse ante la opinión pública internacional, el gobierno de Nueva Delhi ha aireado recientemente informes secretos de las agencias de seguridad indias en los que se afirma –aunque sin aportar ningún tipo de pruebas– que instructores militares de los Tigres de Liberación Tamiles, derrotados este pasado mes de mayo por el gobierno de Sri Lanka, después de décadas de lucha, han pasado desde la isla a los estados costeros del sur del Golfo de Bengala, donde estarían formando a los maoístas en el tipo de tácticas de guerra de guerrillas por los cuales fueron conocidos los Tigres Tamiles, incluidos los ataques sorpresa y las tácticas de guerra en la selva.
Vínculo que, independientemente de ser o no cierto –dado que todo apunta a un montaje de los servicios de seguridad indios para proporcionar excusas al gobierno– nos sitúa en la tercera escala del arco de la crisis en el Sur de Asia: la súbita irrupción de Pekín en Sri Lanka (la antigua Ceilán), zona de interés geoestratégico vital para EEUU a fin de controlar la ruta marítima que conecta el Golfo Pérsico, punto de salida de la mitad del petróleo de Oriente Medio, con el Estrecho de Malaca, puerta de entrada al Mar de China Meridional. Asunto del que nos ocuparemos en la siguiente entrega.