Cargando...
La propuesta profundiza la reforma de 2011 más allá de las recomendaciones aprobadas por la Comisión del Pacto de Toledo.
La quinta recomendación aprobada por la Comisión y ratificada por el Congreso considera “adecuado” mantener la progresiva ampliación de 15 a 25 años el periodo para calcular la cuantía de la pensión. Si el borrador se acaba aprobando vulneraría los acuerdos aprobados y sería un paso más en la degradación del Sistema Público de Pensiones, recortando de inicio la cuantía de las pensiones futuras.
La propuesta cambiaría la legislación actual para extender los 25 años previstos por la reforma de 2011 hasta 35 años, y todo apunta a que forma parte de las reformas económicas que la vicepresidenta de Economía Nadia Calviño negocia con Bruselas y que exige la Unión Europea para acceder a las ayudas del Fondo de Reconstrucción europeo.
La Comisión Europea ha criticado reiteradamente que la revalorización de las pensiones se vincule al IPC y exige una rectificación o “medidas compensatorias”. Ampliar en diez años más el periodo para la cuantía de las pensiones formaría parte de la “compensación” que el gobierno está dispuesto a ofrecer y que respaldan Calviño y el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Ya en enero de 2019, el entonces presidente de la AIReF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y ahora ministro Escrivá, planteó al gobierno de Pedro Sánchez seguir ampliando progresivamente el periodo de referencia para el cálculo de la pensión de los 25 años previstos en 2022 a 35 años en 2027, coincidiendo con la jubilación a los 67 años.
Un paso más en la degradación
La principal consecuencia de esta medida compensatoria es que supondría un nuevo recorte de las pensiones futuras.
La ampliación del periodo para calcular la pensión ya fue denunciada por los sindicatos cuando Zapatero propuso aumentar de 15 años a 25 años. “Nosotros no estamos de acuerdo. Rechazamos cualquier iniciativa que pretenda recortar la cuantía de las pensiones mediante la ampliación del periodo de cálculo de la cuantía inicial de la pensión”, decía el entonces Secretario General de UGT, Cándido Méndez.
En la práctica, el aumento de la vida laboral para el cálculo afecta negativamente a la cuantía de lo que se cobra, ya que establece un sistema de cálculo que, debido a la evolución normal de la vida laboral, hará que se tengan en cuenta periodos de cotización más antiguos en el tiempo, hasta treinta años o más, y en los que las condiciones laborales y salariales serán cuantitativamente inferiores y por lo tanto darán lugar a una una menor cuantía de la pensión.
¿Qué coste va a tener para la inmensa mayoría de los trabajadores calcular la pensión con sueldos de 30 o 35 años atrás?
Ya en 2011 diferentes cálculos de expertos cuantificaban que el aumento de 15 a 25 años tendría una repercusión en la rebaja de las pensiones por encima del 1% para los pensionistas del Régimen general de la Seguridad Social, y mucho mayor para los autónomos. Si se aprobara esta medida esta rebaja se duplicaría o triplicaría.
Cada paso en la degradación de las pensiones del Sistema Público es un salto hacia la privatización.