Cargando...
El 9 de noviembre, las calles de Sevilla, Málaga, Cádiz y Murcia se llenaron de manifestantes exigiendo soluciones inmediatas al problema de la vivienda. Al día siguiente, Albacete se sumó a las protestas, evidenciando que la preocupación se extiende por todo el territorio nacional. El 23 de noviembre, Barcelona, Burgos, Jerez y Oviedo fueron escenario de nuevas marchas, seguidas de Zaragoza, consolidando una ola de reivindicaciones que no muestra signos de detenerse.
El 1 de diciembre, Salamanca vivió su primera manifestación contra los elevados precios del alquiler, donde los asistentes denunciaron la situación como «insostenible» y clamaron: «¡Ya basta!»
El 14 de diciembre, Bilbao se unió a las protestas con una multitudinaria marcha en la que los participantes exigieron una vivienda digna y denunciaron la especulación inmobiliaria que afecta a la ciudad.
Especial atención merece la manifestación en Vigo, celebrada el 17 de diciembre. Convocada por los sindicatos CCOO y UGT, junto a colectivos como Recortes Cero, la protesta reunió a miles de personas que recorrieron las calles desde la Plaza de España, exigiendo soluciones a la problemática de la vivienda. Los sindicatos denunciaron que un porcentaje muy alto de familias debe realizar un esfuerzo económico considerable para pagar la hipoteca o el alquiler, lo que provoca un empobrecimiento generalizado y riesgo de exclusión social. Además, señalaron que solo el 17% de los jóvenes pueden emanciparse, a pesar de la mejora en su situación sociolaboral en los últimos años.
Estas movilizaciones reflejan una creciente preocupación por la falta de acceso a una vivienda asequible en España. Según datos recientes, el país se encuentra entre los de menor porcentaje de vivienda social en la Unión Europea, lo que agrava la situación para las familias de rentas bajas y los jóvenes que buscan independizarse.
La especulación inmobiliaria -por parte de bancos, fondos de inversión y Socimis- y la falta de políticas públicas efectivas han sido señaladas como principales responsables de esta crisis. Expertos en la materia, como Jaime Palomera, director de Vivienda y Ciudad de IDRA, abogan por mitigar el poder absoluto del mercado inmobiliario y promover la construcción de viviendas protegidas de manera perpetua, siguiendo modelos exitosos como el de Viena.
La ciudadanía, por su parte, continúa organizándose y exigiendo respuestas contundentes por parte de las administraciones públicas. Colectivos como «Jerez por la Vivienda» han llevado a cabo acciones simbólicas para visibilizar la problemática del turismo descontrolado y la explotación hostelera, que contribuyen a la escalada de precios y dificultan aún más el acceso a la vivienda.
En este contexto, se espera que las movilizaciones por el derecho a una vivienda digna se intensifiquen en los próximos meses, con nuevas convocatorias previstas para enero en diversas ciudades del país. La ciudadanía demanda soluciones urgentes y efectivas que garanticen este derecho fundamental y pongan fin a la especulación que ha convertido la vivienda en un lujo inalcanzable para muchos.