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En primer lugar, desde la MERP felicitamos que se haya conseguido un principio de acuerdo que permita avanzar en beneficio de las pensiones públicas. La unidad en defensa de las pensiones públicas es fundamental, así como lo es hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar a acuerdos.
Cualquier medida que beneficie a los pensionistas es positiva. Y esta desde luego lo es. La reforma aprobada en 2013, de forma unilateral por parte del gobierno y que, como reconoce el propio Pacto de Toledo, “no goza del suficiente consenso político y social”, fijaba un incremento máximo del 0,25%, muy inferior a la subida de los precios. Lo que ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo para millones de pensionistas.
La movilización de los pensionistas, de los presentes y de los futuros, ha sido clave para que hoy podamos celebrar este avance.
La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) consideramos que ahora es el momento de poner encima de la mesa una solución estructural que blinde en la Constitución nuestro sistema público de pensiones.
El acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo afecta a una de las 22 recomendaciones que están siendo discutidas en su seno, está formulada de forma genérica, y corresponde al gobierno concretarla y ejecutarla.
Por otra parte, las características del Pacto de Toledo permiten que sus acuerdos puedan ser revisados en función de los cambios en las mayorías políticas. Para garantizar el sistema público de pensiones es necesario un marco que obligue y comprometa. Consideramos que ese marco es el de la Carta Magna y el de los derechos fundamentales en ella recogidos.
Al mismo tiempo que se hacía público el acuerdo, el secretario de Estado de la Seguridad Social anunciaba que deberá volver a revisarse en diez años. Lo que necesitamos es una solución estructural, permanente, que no permita que la sostenibilidad del sistema público de pensiones pueda estar en cuestión periódicamente, ni dependa de consensos conyunturales, ni de las políticas de cada gobierno.
Por eso, desde la fuerza que nos da el que impulso de una mayoría social haya obligado a introducir cambios favorables a los pensionistas, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) llamamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a sumarse a la exigencia de que las pensiones públicas estén blindadas en la Constitución como derecho fundamental, a través de un artículo que impida aplicar medidas que afecten al poder adquisitivo de los pensiones, y prohíba cualquier privatización total o parcial del sistema público de pensiones.