La investidura de Sánchez se abre paso mientras la ultraderecha agita los disturbios

Tras una semana de tiras y aflojas, en la que Puigdemont ha tratado de estirar al máximo sus pretensiones, los negociadores de PSOE y Junts en Bruselas aseguran haber llegado a un acuerdo que da via libre a la investidura de Pedro Sánchez, que será en los próximos días.

Aún no se conoce la redacción y los términos concretos de la Ley de Amnistía que constituyen el nudo gordiano de las negociaciones.

Puigdemont ha tratado de incluír en ella no sólo a todos los encausados judicialmente por el 1-O y la DUI, sino a lo que él considera «represaliados por la represión española»: Laura Borrás (condenada a 4 años y medio de cárcel por corrupción, a 13 de inhabilitación y al pago de una multa de 36.000 euros por corrupción, prevaricación, falsedad docimental, y por trocear contratos para adjudicárelos a dedo a gente de su entorno), a la familia Pujol (el gran clan de la burguesía burocrática catalana, sentada en el banquillo por delitos fiscales, de blanqueo de capitales, falsedad en documento público y organización criminal), y a su propio abogado, Gonzalo Boye (que ya fue condenado a 14 años de cárcel en los años 90 por colaboración con ETA, y que ahora ha procesado por blanqueo de dinero en la red del narcotraficante Sito Miñanco).

Este trago -meter en la amnistía a reos por corrupción- parece demasiado amargo y puede haber sido descartado por PSOE y Sumar, que van a tener que hilar muy fino para que el texto sea intachable desde el punto de vista jurídico, dado que la derecha política y judicial -la mayoría conservadora de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva años con el cargo caducado- que ya afilan los cuchillos para presentar todo tipo de recursos en cuanto el texto se de a conocer. “Sabemos que van a diseccionar la ley” y a poner “a los mejores de los suyos” a buscar debilidades, reconocen tanto las fuentes de Moncloa como las del independentismo.

Hay más torpedos contra la amnistía: el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón -de clara alineación conservadora- ha imputando a Puigdemont por el caso Tsunami Democràtic, donde el magistrado, en contra de la opinión de la fiscalía, ve posibles delitos de terrorismo. Y quedan aún culminar las negociaciones con el PNV.

Pero todo parece indicar que una ver resuelto el principal escollo, las arduas pretensiones de Junts, la investidura de Sánchez empieza ver la luz verde al final del túnel y podría ser en los próximos días, seguramente en una semana o dos.

Seis días con la ultraderecha agitando los disturbios

Varios grupos de ultraderecha, desde falangistas a neonazis como Democracia Nacional y Hogar Social Madrid, ultras de fútbol (Ultras Sur y Frente Altético), grupos de presión como Hazte Oir y El Yunque, todos siguiendo la batuta de Vox y de su organización juvenil Revuelta -que pese a no estar legalizada es la convocante «extraoficial» de las manifestaciones violentas frente a Ferraz y otras sedes socialistas- protagonizaron una sexta jornada de disturbios en Madrid, con 40 heridos (30 son policías) y seis detenidos, pero con números claramente decrecientes frente a noches anteriores.

Los ultras, ataviados con todo tipo de parafernalia fascista y neonazi, profesaron gritos de odio e intolerancia frente a la sede socialista y agredieron a varios equipos de prensa. Reporteros de Antena 3 que grababan y preparaban un directo fueron golpeados y zarandeados por una jauría, mientras gritaban “prensa española manipuladora”, en un estilo que -paradójicamente- recuerda nítidamente a la actuación violenta e intolerante de los ultras del procesismo en los días del 1-O y la DUI.

Estos violentos disturbios fascistas -que nada tienen que ver con el legítimo derecho de protesta frente a la amnistía o contra la investidura de Sánchez- han sido promovidos y alentados por Vox -Abascal ha llamado a la movilización “permanente y creciente” contra el «gobierno ilegal»- y siguen el mismo patrón e inspiración trumpista de la toma golpista del Capitolio o de las movilizaciones bolosonaristas que llevaron a toma de la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia.

La actitud del PP ante estos actos ultras ha sido contradictoria y farisea. Algunos destacados líderes del PP, como Esperanza Aguirre, han llegado a participar en las movilizaciones frente a Ferraz. Otros, como el presidente murciano López Miras, las han condenado sin matices. Otros -como Díaz Ayuso- han mostrado su simpatía aunque tratando de marcar distancias.

Núñez Feijóo ha declarado que «la violencia no tiene cabida en la democracia y debe rechazarse siempre. La violencia no tiene cabida en democracia, ya sea por ultras de extrema izquierda o de extrema derecha, y debe rechazarse siempre», pero ha responsabilizado de ella a Pedro Sánchez.