Cargando...DESDE que el presidente del Gobierno anunciase meses atrás que no iba a producirse un incremento de la presión fiscal, hasta ayer, cuando el Consejo de Ministros confirmó exactamente lo contrario, cada semana han ido creciendo la confusión, la desinformación, las elucubraciones, la incertidumbre y la desorientación del ciudadano respecto al alcance real de una decisión que incidirá negativamente en el bolsillo de todos.
La Ley de Presuuestos quedará condicionada por una tensa negociación y no es descartable que el catálogo de impuestos afectados se amplíe aún más en función de las exigencias de partidos que aprovechen en beneficio propio la debilidad del Gobierno y su dependencia de la «geometría variable». EL PAÍS.- La presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2010 quedó ayer reducida a una sumaria enumeración de modificaciones tributarias que, en conjunto, suponen un brusco cambio de rumbo fiscal después de casi tres lustros de continuas rebajas de impuestos. Mientras estas explicaciones no se rindan, los ciudadanos tienen derecho a considerar la subida de impuestos como arbitraria e irreflexiva Editorial. ABC La hora de pagar los platos rotos DESDE que el presidente del Gobierno anunciase meses atrás que no iba a producirse un incremento de la presión fiscal, hasta ayer, cuando el Consejo de Ministros confirmó exactamente lo contrario, cada semana han ido creciendo la confusión, la desinformación, las elucubraciones, la incertidumbre y la desorientación del ciudadano respecto al alcance real de una decisión que incidirá negativamente en el bolsillo de todos. Al fin, el Ejecutivo confirmó que el IVA se verá incrementado en dos puntos a partir de julio de 2010, de modo que el tipo general pasará del 16 al 18 por ciento, y el reducido, del 7 al 8; se suprimirá la deducción general de 400 euros en el IRPF, medida de la que en su día presumió Rodríguez Zapatero como un hito en la política impositiva pese a no ser necesario y a su carácter electoralista; y se modificará -al alza, por supuesto- la tributación de las rentas de capital. La pretensión del Gobierno es incrementar la recaudación en 6.500 millones el año que viene y en 10.000 millones anuales el resto de la legislatura. Sin embargo, la lectura de estos datos sólo puede ser pesimista porque son la evidencia de que la imprevisión, la ausencia de una auténtica política de austeridad y la concepción de las cuentas públicas como un saco sin fondo han castigado el déficit hasta el extremo. De hecho, el déficit previsto para 2010 será de 57.000 millones; la deuda del Estado aumentará en más de 100.000, y España volverá a tener su deuda por encima del 60 por ciento del PIB. Aparte de que en 2009 ya ha se ha producido una subida de los impuestos que gravan el tabaco y la gasolina, la decisión del Gobierno ni es buena para los trabajadores, como desafortunadamente argumentó la vicepresidenta Salgado, ni es buena para incentivar el consumo en una profunda recesión. La supresión de la deducción de 400 euros incidirá en el IRPF y hasta doce de los veinte millones de contribuyentes verán penalizados sus ahorros por las inversiones en rentas de capital. La demagogia empleada por el Gobierno alegando que no será la mayoritaria clase media la que pague los platos rotos de la crisis cae por su propio peso. Alegar, incluso, como hace el Gobierno que la incidencia del incremento del IVA será imperceptible porque en junio de 2010 ya habrá comenzado la recuperación es más un engaño que un simple exceso de optimismo dada la previsión del déficit. En junio de 2010, el déficit puede estar sencillamente desbocado. Por otro lado, probablemente el Gobierno aún no ha revelado en su totalidad el misterio de su «limitada y temporal» subida de impuestos. La Ley de Presupuestos quedará condicionada por una tensa negociación y no es descartable que el catálogo de impuestos afectados se amplíe aún más en función de las exigencias de partidos que aprovechen en beneficio propio la debilidad del Gobierno y su dependencia de la «geometría variable». También es incierta la futura imposición de una ecotasa o de un mayor gravamen a las sicav. El Ejecutivo puede mantener viva su demagógica remisión al gasto social, a la adaptación a los vaivenes de la economía, a la solidaridad o a la oportunista comparación entre ricos y pobres, pero la austeridad brilla por su ausencia y es improbable una exigente reforma del mercado laboral. Subir los impuestos no es la única solución ni la idónea. Error sobre error, bandazo tras bandazo, el Gobierno avanza a trompicones hacia ninguna parte, incrementando sobre la marcha el coste de tan inútil viaje. ABC. 27-9-2009 Editorial. El País Cuentas oscuras La presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2010 quedó ayer reducida a una sumaria enumeración de modificaciones tributarias que, en conjunto, suponen un brusco cambio de rumbo fiscal después de casi tres lustros de continuas rebajas de impuestos. Al término del Consejo de Ministros que aprobó el borrador de Presupuestos, la vicepresidenta Salgado explicó cómo será la subida de impuestos: el tipo general del IVA aumentará dos puntos (a partir de julio de 2010) y la imposición sobre las rentas del ahorro se elevará desde el 18% al 19% para los primeros 6.000 euros de ganancias y el resto tributará al 21%; el impuesto de sociedades bajará cinco para las pequeñas y medianas empresas. El impacto calculado de las subidas es un aumento de los ingresos del Estado de 10.000 millones de euros. Pero lo que no explicó con claridad la vicepresidenta es por qué se suben los impuestos, para qué se suben y, sobre todo, cuál será el impacto de ese viraje fiscal en la actividad económica española. No es un argumento aceptable relacionar la subida del IVA y de la tributación del capital con un mayor compromiso de gasto social, porque los costes de la crisis -más gasto de cobertura de desempleo- pueden financiarse a través de los mecanismos de deuda. El aumento esperado de recaudación tampoco es suficiente para tapar la enorme brecha del déficit, que este año llegará probablemente al 10% del PIB. Por lo tanto, los contribuyentes tendrán que pagar más sin conocer con exactitud los motivos. Si el Gobierno teme dificultades de endeudamiento a corto o medio plazo debería decirlo; pero ayer, desgraciadamente, no lo hizo. Es evidente que el Ejecutivo no considera necesario defender sus decisiones, por más arbitrarias que parezcan. En un periodo de profunda recesión resulta discutible subir impuestos. No parece la mejor manera de estimular la economía. Pero puede aceptarse si media un cálculo detallado de cuál es su impacto sobre la actividad económica y resulta que las ventajas son superiores a los inconvenientes. Pero también en este caso la respuesta es el silencio. Mientras estas explicaciones no se rindan, los ciudadanos tienen derecho a considerar la subida de impuestos como arbitraria e irreflexiva. Resulta difícil de creer que el Presupuesto para 2010 reduzca el déficit público desde aproximadamente el 10% del PIB de 2009 hasta el 5,4% del PIB. Ni siquiera recaudando 10.000 millones más y suponiendo que la tasa de desempleo no superará el 19% es razonable pensar en una reducción superior al punto o punto y medio. Las directrices presupuestarias tampoco inspiran demasiada confianza. La vicepresidenta insistió en la prioridad del gasto social y de la inversión productiva. Ya se verá lo que dicen las partidas concretas cuando se hagan públicas; en particular las que reflejan la inversión en I+D. Por el momento, llama la atención la insistencia del Gobierno en confundir las medidas encaminadas a proteger a los damnificados por la crisis y las que nos ayudarían a salir con bien de la recesión. No son las mismas. Y de esa confusión nace la cadena decepcionante de errores en la gestión de esta crisis. EL PAÍS. 27-9-2009