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Cuando aún no ha emitido su sentencia definitiva sobre la causa impulsada por Sudáfrica, denunciando a Israel por genocidio por su actual ofensiva en Gaza, el máximo tribunal de la ONU responde a una consulta solicitada por la Asamblea General de la ONU sobre los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este, declarando ilícita la ocupación israelí e instando a todos los miembros de Naciones Unidas a interrumpir e impedir cualquier relación comercial o de inversión con Tel Aviv que contribuya a mantener la ocupación ilegal.
El cerco judicial se estrecha contra el Estado de Israel, pero sobre todo contra los gobiernos occidentales -encabezados por EEUU, y entre los que están los países europeos y España- que de cara a la galería llevan a gala el respeto y el cumplimiento de la legalidad internacional, pero que en lo referente a la cuestión de Palestina practican un intolerable y fariseo doble rasero.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha emitido una sentencia no vinculante, a petición de la Asamblea General de la ONU, sobre las consecuencias legales de las prácticas y políticas de Israel en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este.
En el dictamen se declara completamente ilegal la ocupación «de facto» de estos territorios por parte de Israel, afirmando además que la ocupación de Cisjordania establece una “discriminación y segregación sistemáticas, y un apartheid”, que mantiene separados a los cisjordanos entre sí, limitando sus movimientos y el acceso a sus propios recursos, expulsándolos de sus tierras y confiscándolas, y demoliendo sus viviendas.
El tribunal exige a Israel cesar esta ocupación lo antes posible, y reparar los daños causados a los palestinos. Obviamente, un Estado de Israel que goza de la más absoluta impunidad, gracias a ser el apéndice de los intereses de EEUU en Oriente Medio, no va a hacer caso alguno. Pero sin embargo, esta sentencia dificulta el apoyo de EEUU y de otros aliados europeos a Israel.
La CIJ ha pedido a todos los miembros de la ONU que no normalicen ni den carta de legalidad a esta ocupación ilícita, y les ha recordado que no deben prestar ayuda a Israel para mantener esa presencia. El máximo tribunal de la ONU ha sido además muy explícito con Washington acerca de este punto, señalando textualmente que “el apoyo financiero de EEUU a la ocupación de Israel es ilegal”.
De acuerdo a la legislación internacional -que la mayoría de países occidentales reconoce- los Estados deben suspender de forma inmediata cualquier ayuda, asistencia o protección a las políticas de ocupación ilegal israelí.
Destacados relatores de la ONU han expresado además públicamente su posición de suspender temporalmente a Israel como miembro de la Asamblea de Naciones Unidas, al igual que se hizo en el pasado con la Sudáfrica del apartheid.