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2018 es el año de los juicios por corrupción: Gurtel, los ERES de Andalucía, o el caso Palau entre otros. Pero cuanto más ponen los medios el foco en los casos particulares de corrupción, más se borra el continuo, planificado y medido atraco con el que todo el entramado de corrupción esquilma a nuestro país.
Una de las cuestiones que siempre se oculta cuando sale a colación el tema de la corrupción es precisamente el coste que supone para los ciudadanos españoles ¿Cuánto perdemos con la corrupción?
Dar una respuesta concreta es complicado, debido al ingente número de casos de corrupción en España. Actualmente existen más de 1.700 causas y 500 imputados por delitos de corrupción. Sin embargo, existen varias estimaciones que sitúan la cifra entre 80.000 y 90.000 millones de euros anuales. Eso sin contar el fraude fiscal, que también es producto y efecto de la corrupción y que es la mayor causa de robo de dinero público.
Una estimación sobre el coste de la corrupción la realizó recientemente Diego Crescente, socio de MAS ConsultingGroup , quien afirmó en el periódico digital “La Información” que el coste de la corrupción alcanzaría los 81.500 millones de euros. “Las cifras muestran unas magnitudes que ningún país puede permitirse”, comenta Crescente en el artículo.
Otra de estas estimaciones proviene de un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de principios de febrero de 2015, que cifra el coste de la corrupción en aproximadamente 87.000 millones de euros al año, el equivalente al 9% del PIB español.
Más de la mitad de ese dinero robado, 47.600 millones de euros, viene de sobrecostes inflados en los gastos de las administraciones del Estado. Este dato es una estimación basado en una media que ha realizado la ONG Transparencia Internacional para los países de la UE. El resto de dinero saqueado proviene de otras formas de corrupción, siendo el fraude a la Seguridad Social el segundo tipo de corrupción más frecuente (representa un 16% de los casos totales), seguido por los casos de cohecho, prevaricación y fraude a la Hacienda Pública (un 8%).
Por último, existe una estimación que realizó el Parlamento Europeo en 2010 en un informe titulado “The Cost of Non-Europe in the area of Organised Crime and Corruption”. Ahí se calcula que la corrupción en España supone el 9’58% del PIB español al año, lo que superaría los 90.000 millones de euros.
Esta es sólo una parte de la corrupción. A esta hay que sumarle los casos de fraude fiscal, aparentemente ajena al Estado, pero que en realidad es permitida y potenciada desde el mismo.
En 2017, el sindicato Gestha, partiendo de datos de la NBER (Nacional Bureau of Economic Research) reveló como España tenía 140.000 millones de euros en paraísos fiscales, el equivalente al 12% del PIB español. De hecho, uno de cada cuatro euros que España invierte en el extranjero va a parar a un paraíso fiscal. Y más de la mitad de la inversión extranjera a nuestro país (el 54%) se hace a través de paraísos fiscales o los llamados “territorios opacos”.
Además Gestha señala que más del 70% del fraude fiscal en nuestro país es realizado por grandes empresas y monopolios. Y que entre el 30% y el 40% de los mayores patrimonios de nuestro país está camuflado en territorios con poca o ninguna tributación.
Sin embargo, también han denunciado como en 2015 el 90% de la evasión fiscal no fue descubierta por Hacienda. Y señalan la causa: la Agencia Tributaria dedicó sus recursos a perseguir a las clases populares (pymes, autónomos y trabajadores), dando así manga ancha a los verdaderos defraudadores. Al permitir este crimen, persiguiendo sólo al pequeño estafador pero dejando libre al gran defraudador, se está siendo cómplice del mismo ¿Cómo no considerar este saqueo permitido como corrupción?
Los árboles no dejan ver el bosque
Obviamente, los casos mediáticos de corrupción forman parte de todo este entramado de saqueo de las cuentas públicas que existe en nuestro país.
Según “El Plural”, el coste de lo defraudado por el caso de la Gurtel alcanzó los 863 millones de euros. El caso Púnica alcanzaría los 500 millones de euros. Los EREs de Andalucía han supuesto una pérdida 741 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción. En el caso Lezo, que encarceló al expresidente madrileño Ignacio González, se desviaron 23’5 millones de euros.
Son mordidas importantes, pero meras gotas de agua si se compara con el aluvión que nos cae cada año. Y que nos seguirá cayendo mientras no se empiece a tratar a la corrupción como lo que realmente es: crimen organizado.
Una auténtica red mafiosa donde los verdaderos responsables no pisan nunca los tribunales. Porque se puede hablar del pequeño corrupto (Correa, Bárcenas, Granados…) pero nunca de los corruptores: Las empresas, principalmente bancos y constructoras, que son las beneficiarias directas de las tramas de corrupción, mediante contratos con los que saquean las cuentas públicas o a través de altos cargos a mediante de los cuales logran adjudicaciones.
Ejemplo son la constructora OHL en el caso Nóos, Cofely España SA, la filial española del gigante energético francés GDF-Suez (Gaz de France) en la trama Púnica o la constructora Ferrovial en el caso “Palau”.
Se puede poner en la diana a Barberá, a Camps o incluso ahora a Cifuentes. Pero no a los verdaderamente beneficiados, las grandes empresas que organizan todas las tramas, formando un tupido entramado criminal para saquear los recursos del país, evaden impuestos y defraudan con total impunidad y se llevan sus jugosos beneficios, a costa del dinero de todos.