Cargando...Los partidos no han sido capaces de atajar hasta ahora esta lacra, con casos tan recientes como Gürtel, Mercasevilla, Benidorm, El Ejido, Palma y Unión Mallorquina. No hay una solución fácil a esta desvergüenza. Pero si los partidos tienen voluntad de combatir el mal, podrían llegar al acuerdo de crear una comisión parlamentaria que acometiera las reformas legales en todos los órdenes -desde el Código Penal a la legislación en urbanismo- para erradicar estos comportamientos.
O la democracia acaba con la corrución o la corrupción acabará poco a poco con la democracia. Los líderes políticos tienen que elegir cuál es la opción por la que se decantan. PÚBLICO.- Lo escandaloso no es que se atraque sino que quienes han alentado el delito se encojan de hombros o se enzarcen en reproches. Son ellos y sus enjuagues los responsables de esta crisis económica sin precedentes. ¿Acaso este fracasado modelo productivo basado en la construcción y en la especulación surgió de la nada? Aquí se ha construido sin medida porque cada obra pública, cada piso, cada recalificación enriquecía a alcaldes, concejales de urbanismo y a los intermediarios de los partidos. Ha sido el sostén de unos políticos corruptos, que ahora nos proponen salvarnos de ellos mismos. EL PAÍS.- Caja Madrid no es una entidad cuya suerte resulte indiferente para el sistema financiero; el daño que se le cause por desidia o irresponsabilidad lo pagarán también otras cajas, cuyas expectativas de inversión, solvencia y depósitos sufrirán por el descrédito. Por eso, además de un espectáculo político abyecto, los dirigentes del PP están incurriendo en negligencia culposa. Editorial. El Mundo La corrupción empieza a ahogar la democracia LA CORRUPCIÓN salpica toda la geografía española, como una fiebre contagiosa de la que no se libra ninguna comunidad ni ningún partido político. El viernes pasado, era detenido el alcalde de El Ejido, anteayer, el alcalde y tres concejales de Castro de Rei (Lugo) y ayer, siete personas relacionadas con una trama de blanqueo de dinero y especulación inmobiliaria en Santa Coloma de Gramanet y otros municipios de Barcelona. Entre los detenidos, destacan dos viejas glorias de CiU, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, importantes colaboradores de Pujol y hombres clave en el Gobierno de Cataluña en los 80. Otro de los implicados es Bertomeu Muñoz, alcalde del emblemático feudo de Santa Coloma desde 2002 y miembro del Comité Federal del PSOE. La trama de Cataluña tiene la peculiaridad de que la corrupción es transversal: afecta tanto al PSC como a CiU. Queda de manifiesto que, por encima de las ideologías, la corrupción puede unir a alcaldes, concejales, empresarios y conseguidores sin escrúpulos, dispuestos a cualquier cosa con tal de enriquecerse. El portavoz del PSC, José Zaragoza, prometió ayer que expulsarán a los militantes que sean acusados por el juez Garzón. Pero ello no basta. El partido debería haber detectado antes esos comportamientos. Ahí está el lujoso tren de vida de Bertomeu Muñoz, uno de los capitanes del PSC, que no vivía en Santa Coloma sino en el elitista Turó Parc de Barcelona, lo cual resulta insólito. Alavedra y Prenafeta ya habían sido imputados en diversas causas, que siempre se habían archivado. Pero tenían una turbia reputación en el oscuro mundo de los negocios en Cataluña, en ese oasis donde también ha aparecido el charco del Orfeó Català, caso en el que Félix Millet estafó unos 20 millones que repartió entre sus propios bolsillos y los de sus amigos de todos los partidos. Ya Pasqual Maragall amenazó en 2005 con tirar de la manta del famoso 3% que echó en cara a Artur Mas, pero ni el PSC ni CiU estaban interesados en investigar porque las miserias afectaban probablemente a los dos partidos por igual. Jordi Pujol, partidario de no mirar debajo de las alfombras, advirtió el lunes: «Si hay que entrar, entramos». Toda una filosofía que explica lo que está sucediendo. Ya no es suficiente llevarse las manos a la cabeza y expresar repudio por el latrocinio consumado. Hay que realizar reformas legales y extremar los mecanismos de control para que estos hechos no se repitan. Ayer todos los partidos aprobaron en el Congreso un endurecimiento de las penas de los delitos de corrupción, una iniciativa insuficiente pero que va en la buena dirección. Los partidos no han sido capaces de atajar hasta ahora esta lacra, con casos tan recientes como Gürtel, Mercasevilla, Benidorm, El Ejido, Palma y Unión Mallorquina, en el que María Antonia Munar ha tardado años en ser imputada -a pesar de sus continuos desmanes- gracias a la impunidad que le proporcionaba su alianza con Antich. El espectáculo es desolador, mientras cunde el descrédito de una clase política que utiliza los escándalos para minar al adversario pero que mira para otro lado hasta que la Justicia actúa cuando el cohecho está en sus filas. No hay una solución fácil a esta desvergüenza. Pero si los partidos tienen voluntad de combatir el mal, podrían llegar al acuerdo de crear una comisión parlamentaria que acometiera las reformas legales en todos los órdenes -desde el Código Penal a la legislación en urbanismo- para erradicar estos comportamientos. O la democracia acaba con la corrupción o la corrupción acabará poco a poco con la democracia. Los líderes políticos tienen que elegir cuál es la opción por la que se decantan. EL MUNDO. 28-10-2009 Opinión. Público Los culpables de la corrupción Juan Carlos Escudier La realidad se ha empeñado en confirmar que la corrupción es un fenómeno muy liberal y que el PP no tiene el monopolio. Basta colorear de negro las comunidades afectadas por esta forma de latrocinio para comprobar que el país es una pústula en el mapamundi, cuya extirpación completa salpicaría de heces al rincón más impoluto. El último foco se ha detectado en Cataluña, que antes era un oasis y ahora una fosa séptica, con la singularidad de que ha mostrado hermanados a cargos públicos del PSC con prebostes del pujolismo. Estar de mierda hasta el cuello une bastante. También en este caso, la clase política se ha visto sorprendida en su buena fe. Su ignorancia es tan clamorosa como su amnesia. Maragall le dijo a CiU que su problema era el 3% pero, en cuanto Mas le replicó que se metiera por la barretina su Estatuto, se olvidó del asunto, y eso que aún no estaba enfermo. Millet, el salteador del Palau, regó con sus desfalcos a diestro y siniestro, aunque todos se asombraron mucho de que robara siendo de tan buena familia. Hasta Pujol amenazó hace unos días con tirar de la manta. ¿Sabría a qué se dedicaban Alavedra y Prenafeta, los puntales de su gobierno detenidos? Pues claro que no. ¿Nos vamos a hacer daño a estas alturas? La conducta del Molt Honorable es irreprochable y, sin duda, mienten los que afirman que se reunía con constructores en las oficinas de la Generalitat en la calle Montalbán de Madrid para recordarles que tenían que pasar por caja. ¿Por qué le diría entonces Florentino Pérez a la ex ministra Matilde Fernández, cuando la acosaba para que apoyara la recalificación de la Ciudad Deportiva del Madrid, que él se entendía bien con todos los gobiernos menos con el de Pujol porque le pedía un porcentaje de las obras? Tremendo arcano. Lo escandaloso no es que se atraque sino que quienes han alentado el delito se encojan de hombros o se enzarcen en reproches. Son ellos y sus enjuagues los responsables de esta crisis económica sin precedentes. ¿Acaso este fracasado modelo productivo basado en la construcción y en la especulación surgió de la nada? Aquí se ha construido sin medida porque cada obra pública, cada piso, cada recalificación enriquecía a alcaldes, concejales de urbanismo y a los intermediarios de los partidos. Ha sido el sostén de unos políticos corruptos, que ahora nos proponen salvarnos de ellos mismos. PÚBLICO. 29-10-2009 Editorial. El País Espectáculo abyecto El pulso cainita entre las facciones del PP madrileño avanzó ayer imparable hacia las instituciones públicas que dirige el partido. El Grupo Popular del Ayuntamiento de Madrid votó, tras solicitar el concejal aguirrista Ángel Garrido la dimisión de Manuel Cobo, sobre la continuidad en el cargo del vicealcalde y portavoz popular en el Ayuntamiento, perseguido públicamente por las declaraciones a EL PAÍS en las que denunciaba las maneras políticas "de vómito" de Esperanza Aguirre en el conflicto de Caja Madrid. La votación fue favorable al alcalde Ruiz-Gallardón y a Cobo -19 votos rechazaron la destitución y 13 la aprobaron-, pero lo grave del caso es que la terrible división interna del PP ha estallado también en el Ayuntamiento de la capital. La corporación, escenario soterrado en los últimos años de escaramuzas entre aguirristas y gallardonistas, ha quedado ya marcado a la luz pública por diferencias irreconciliables. Con bastante desfachatez y pocos escrúpulos, la presidenta de Madrid está aplicando la vieja técnica de negociar con una mano y presionar con la otra. Mientras se proclama dispuesta a admitir la candidatura de Rodrigo Rato a la presidencia de Caja Madrid, como quiere Mariano Rajoy, los alcaldes de estricta observancia aguirrista exigen la sanción a Manuel Cobo y en el Ayuntamiento de Madrid cunde la división entre los concejales; mientras asegura que ella no ha pedido la cabeza de Cobo a cambio de aceptar a Rato -lo cual no sería sino una burda forma de chantaje-, califica como "injurias" las declaraciones del vicealcalde y deja bien claro a la dirección nacional del partido cuál es el resultado que espera. Aguirre quiere ganar a cualquier precio esta pugna por el poder en Caja Madrid y para ello parece dispuesta a movilizar a sus fieles y llevar este pulso al escenario político que le convenga. Rajoy ha evidenciado una vez más que carece de autoridad en el partido; y, como suele suceder cuando falta autoridad, se ha llegado a una situación extrema en la que es obligado un puñetazo encima de la mesa. Aunque Rajoy encuentre la fórmula para sancionar a Cobo sin daño para sí mismo y para el partido, quedarán sin resolver las ambiciones políticas insatisfechas de la presidencia de Madrid y su capacidad para desestabilizar el partido. Caja Madrid necesita con urgencia un presidente y una nueva dirección que se ponga a trabajar en sus debilidades -elevada morosidad, activos excesivamente dependientes de negocios en recesión- y en las decisiones de recapitalización. Si existe un atisbo de acuerdo entre Rajoy y Aguirre sobre el nuevo presidente, ha de aplicarse sin tardanza. Porque Caja Madrid no es una entidad cuya suerte resulte indiferente para el sistema financiero; el daño que se le cause por desidia o irresponsabilidad lo pagarán también otras cajas, cuyas expectativas de inversión, solvencia y depósitos sufrirán por el descrédito. Por eso, además de un espectáculo político abyecto, los dirigentes del PP están incurriendo en negligencia culposa. EL PAÍS. 29-10-2009