Cargando...
La incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones es un problema de primer orden que provoca rechazo e inestabilidad. No se puede comprar la certeza con miedo, necesitamos blindarlas en la Constitución
El debate en torno a los siguientes pasos que se deben dar para reformar las pensiones está de nuevo abierto y en breve cobrará un protagonismo mayor incluso del que tuvo entre noviembre y diciembre del año pasado, en la primera fase de la reforma. Lo que más importa a la mayoría no es cada uno de los aspectos que la componen, sino la certeza de que el sistema público de pensiones solo se va a tocar para mejorarlo. Y esa certeza no puede alcanzarse a cambio de convencernos de que hay que recortar las pensiones… ‘porque si no, el sistema no aguantará’. Hay dinero. Otra cosa es de dónde.
Por eso más vale unirnos en el convencimiento de que blindar las pensiones en la Constitución es una garantía, que unirnos en el miedo a perderlas. Salvo un grupo parlamentario que no representa ni el 15% de los escaños del Congreso, nadie defiende la privatización de las pensiones. Sin embargo, las pensiones ocupan el primer puesto en la cartera de negocios de cualquiera de los principales fondos del planeta. Si las pensiones privadas suponen un 10% del PIB en España, y un 85% o más de un 100%, en muchos de los países de nuestro entorno, lo que queda claro es que somos un ‘mercado virgen’ que puede ser objeto de todo tipo de abusos. Hay que blindar las pensiones en la Constitución prohibiendo de forma explícita la privatización y la pérdida de poder adquisitivo, elevándolas al rango de derecho constitucional, que no tienen actualmente.
La certeza, la certidumbre, la seguridad… la da el blindaje, no los recortes. Un candado constitucional que obligue a resolver cualquier contingencia en favor de las pensiones y de quienes las perciben.
Quién mete miedo
Cada vez son más frecuentes los medios de comunicación que avisan de que el aumento de los años cotizados para calcular la pensión va a suponer un recorte para las pensiones. Después de aprobar la ley que regule los planes de empresa, la reforma de las pensiones abordará la parte que hace referencia a este periodo de cálculo. A finales del 2020 se empezó a escuchar que pasaría de los actuales 25 años a 35.
Es público que es el Fondo Monetario Internacional quien presiona y se encarga de recordar al Gobierno que este compromiso forma parte del acuerdo con la Comisión Europea para poder recibir los fondos europeos que integran el plan de recuperación. Y que es quien nos mete miedo sobre la catástrofe que nos espera de no tomar estas medidas.
Hay estudios que hablan de que esto significaría una reducción del 8,6% para las pensiones. El ministro Escrivá ha acabado negando que sea una obligación para el ejecutivo. Además, tras la aprobación de la primera parte de la reforma, CCOO y UGT advirtieron al Gobierno que no aceptarían, decía el comunicado, «en ningún caso» medidas que supongan un recorte de las pensiones como, por ejemplo, la ampliación del periodo de cálculo.
Tal y como se presenta el debate en algunos medios de comunicación, el problema parece que es encontrar el mejor mecanismo para reducir el índice de sustitución o tasa de reemplazo, que no es otra cosa que el porcentaje del último salario que representa la pensión. Actualmente en España es del 80%. Si este mengua, la pensión se reduce, se gasta menos en pensiones, y –dicen– se hacen más sostenibles. No hay que detenerse mucho para darse cuenta que lo que se da aquí por supuesto es la insostenibilidad y la necesidad de recortes para corregirlo.
La certeza está en prohibir su privatización
Por otra parte, está el debate del destope de las bases máximas de cotización como alternativa de financiación. En España hay un máximo a partir del cual, por muy alto que sea el salario, ya no hay que cotizar. Según los sindicatos, eliminar esta limitación incrementaría en más de 8 mil millones lo que se recaudaría. Las diferencias también existen a la hora de que esa mayor cotización se refleje o no en un aumento de la pensión máxima, que actualmente está en 2.700 euros. Por no hablar de la negativa de la CEOE a aceptar cualquier destope.
Pero todo este debate, que ya calienta por la banda, prepara lo que ha de venir después de que se aprueben los planes de empresa, que, siempre según Bruselas, deben ser el 30 de junio.
Lo único que creo que merece la pena rechazar sin debate previo son los ‘recordatorios’ del Fondo Monetario Internacional’ y las condiciones de Bruselas. El miedo y la incertidumbre. Las pensiones solo deberían depender de los intereses de nuestro país y de quienes las perciben.
Y mientras… unidad
Dejemos que este debate se desarrolle. Es más, hay que alentarlo y proteger que se escuchen todas las alternativas posibles. En un proceso de diálogo y negociación es imprescindible confrontar las distintas alternativas, incluso que los distintos sectores de la sociedad se manifiesten, especialmente todo el movimiento en defensa del sistema público de pensiones, desde los partidos, pasando por los sindicatos y las plataformas.
Y mientras eso pasa, trabajemos por la unidad para blindar las pensiones en la Constitución, porque toda la sociedad saldrá beneficiada. Es ya difícil hablar de las pensiones públicas sin la certeza de que el progreso está íntimamente ligado al próximo gran avance democrático que significa este candado constitucional para el sistema público de pensiones.
La única preocupación debe ser cómo mejorar las pensiones públicas
La certeza la da la máxima garantía jurídica que existe en nuestra sociedad, como ocurre con todos los derechos fundamentales. Prohibir de forma explícita la privatización y la pérdida de poder adquisitivo proporcionaría a la inmensa mayoría una estabilidad, una confianza y una seguridad buena también para todos los sectores económicos. Un marco de progreso en el que también hacer negocio. No olvidemos que el consumo supone el 60% del PIB.
En los próximos meses, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones vamos a hacer un llamamiento especialmente a la juventud del país, a empujar en esta misma dirección, y continuaremos con el camino que iniciamos reclamando a los parlamentos autonómicos, como ya hizo el de Navarra y el Cabildo de Gran Canaria, que apuesten por la certidumbre, por la certeza de una pensión pública y la única preocupación de cómo mejorarla.