La carta de los presupuestos

Algunos medios afirman que esta es “un acto de pre campaña”, una escenificación sin consecuencias, pues el gobierno no conseguirá la mayoría necesaria para aprobar los presupuestos. Pero esta decisión evidencia algunas cuestiones de calado político.

En primer lugar, presenta a un gobierno de Pedro Sánchez que no parece dispuesto a sucumbir a la reiterada exigencia de que acorte su mandato a través de unas elecciones anticipadas. Renunciar siquiera a presentar los presupuestos hubiera sido una aceptación de incapacidad que hubiera puesto en cuestión su continuidad.

En segundo lugar, como el propio Pedro Sánchez ha reconocido y muchos medios han valorado, el gobierno pretende con esta inciativa “cambiar el foco de atención de la situación política”. Concentrado ahora en las negociaciones para la formación de gobierno en Andalucía entre PP y Ciudadanos, con Vox de incómodo pero imprescindible invitado en esa operación, y en un “problema catalán” que va a enfrentar el inicio del juicio contra los dirigentes independentistas encarcelados. 

Para “cambiar el foco de atención”, el gobierno enseña la carta de los presupuestos. Estas son unas cuentas que aceptan los límites impuestos por la Comisión Europea, una “camisa de fuerza” que ejerce un severo control sobre los gastos sociales. O incluye también concesiones a las exigencias norteamericanas, como un incremento de los gastos militares. Pero también ofrecen la satisfacción de algunas de las demandas de la mayoría social enfrentada a los recortes. De forma parcial y limitada, pero dando un giro al sentido de los presupuestos aprobados por los gobiernos de Rajoy y todavía vigentes. Traducido en la reafirmación del incremento del salario mínimo a 900 euros, de las subidas salariales a los funcionarios o la actualización de todas las pensiones en función del IPC. Además del blindaje de la sanidad universal, el aumento de las becas o la reducción de las tasas universitarias, el incremento de las partidas destinadas a vivienda, a la lucha contra la violencia de género o a la Ley de Dependencia…

Y esta es una de las cuestiones que más influyen, y que más se ocultan, en el actual panorama político español. 

Si se repasa el seguimiento de la actualidad en los grandes medios, parece que solo existe la irrupción de Vox y el alumbramiento de un “tripartito de derechas”, el retroceso de la izquierda y el “giro a la derecha”, o la cuestión catalana, utilizada como ariete contra el gobierno de Pedro Sánchez.

Pero existe una mayoría social progresista que no ha dejado de movilizarse, y que sigue teniendo una considerable influencia política. La vemos en las persistentes movilizaciones en defensa de las pensiones públicas, en la convocatoria de los sindicatos de movilizaciones para exigir la aplicación del acuerdo alcanzado con el gobierno, que implica la derogación de los aspectos más  lesivos de la reforma laboral, en las luchas obreras que obtienen éxitos, como ha sucedido con los trabajadores de Coca Cola o Cacaolat, en las movilizaciones contra los recortes en sanidad o educación, en un movimiento feminista que avanza…

Con la presentación de los presupuestos, todos los grupos políticos tendrán que definirse.

Estamos contemplando las contradicciones que entraña el nuevo “gobierno de los recortes” con que algunos sueñan. Plasmados en la compañía “tóxica” que supone Vox, dado su carácter extremadamente reaccionario.

La tramitación de los presupuestos también va a agudizar las contradicciones. Por ejemplo entre las fuerzas del independentismo catalán. En diciembre tuvieron que afrontar sucesivas movilizaciones en Cataluña contra los recortes que ellos mismos han ejecutado. Ahora, como sucedió ante la moción de censura que desalojó de la Moncloa a Rajoy, se han abierto dos posiciones: la de la “caverna de Waterloo”, encabezada por Puigdemont, que aboga por impedir la aprobación de los presupuestos, apostando al “cuanto peor, mejor”, y la de cada vez más sectores, no solo en ERC sino también en el PDeCAT, que apuestan por rebajar la tensión. Y que, como ha expresado incluso Dolors Bassa, una de las ex conselleras encarceladas, temen que una caída del gobierno socialista de paso a uno encabezador un PP de Casado que aboga por una versión dura del 155.

La tramitación en el Congreso de los presupuestos no comenzará hasta febrero, y se prolongará durante semanas. Coincidiendo con la resolución de la formación de gobierno en Andalucía y la celebración del juicio contra los dirigentes del procés. Está por ver cual será su resolución. Pero la presión de la mayoría social contra los recortes va a jugar un destacado papel, aunque algunos se empeñen en silenciarla.