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El Gobierno de Sánchez ha presentado unos Presupuestos Generales del Estado para 2019 (PGE 2019) expansivos del gasto público y que tienen un marcado acento social, con más dinero para becas, dependencia, vivienda, empleo juvenil, igualdad… pero no tiene asegurados los apoyos necesarios para aprobarlos. Paralela a la batalla por aprobar estos presupuestos está la lucha por la propia pervivencia del gobierno salido de la moción de censura de junio, al que algunos sectores de la oligarquía han sentenciado como “el gobierno que no puede ser”.
La pugna por la aprobación de las cuentas públicas viene siendo muy intensa desde hace meses, y Pedro Sánchez se niega a gobernar con los presupuestos de Rajoy. En los esfuerzos de Moncloa por aprobar los PGE 2019 acordados con Podemos se ha cruzado en repetidas ocasiones la apertura del juicio a los líderes del procés, que ha irrumpido en las negociaciones y dificulta que ERC o el PDeCAT voten favorablemente. Por otra parte, populares y ciudadanos han hecho del bloqueo a los PGE una trinchera desde la que disparar al gobierno. Pero Sánchez no tira la toalla, se niega a dar por liquidada la legislatura y ha declarado que seguirá negociando.
Sánchez se empeña en seguir empuñando la iniciativa y ha presentado unos presupuestos que -más allá de sus carencias, incoherencias o inconsecuencias- están bajo el influjo y las exigencias del viento popular. Se trata de unos presupuestos que nada tienen que ver con los de Rajoy, que tienen voluntad expansiva del gasto social, y que -en palabras de El País– “aspiran a corregir las carencias de renta y de bienestar originadas por la crisis y por las políticas de austeridad de los últimos cinco años”. El gasto social presupuestado para 2019 ascenderá a 209.510 millones de euros, lo que representa el 57,3% del total y supone un incremento de 12.599 millones con respecto a 2018.
Las nuevas cuentas públicas recogen la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 900 euros, o la subida de las pensiones (un aumento del 1,6 % de las pensiones generales, y del 3% de las mínimas y no contributivas, así como la supresión del copago farmacéutico para los pensionistas) y su vinculación con el índice de precios de consumo (IPC). También se incluye un aumento de las partidas a la dependencia, que llegarían hasta los 2.228 millones de euros, 831 más que el año anterior, y se prevé un plan de 20.000 viviendas en el parque público de alquiler.
En el sector de la educación, los PGE establecen un incremento del 10% de las partidas destinadas a becas y una reducción de las tasas universitarias. Se asignan 670 millones de euros al Plan de Choque por el Empleo Joven, con la perspectiva de que esta partida aumente hasta los 2.000 millones de euros en 2021.
Los PGE de Sánchez aumentan en un 4,7% el dinero destinado a políticas de fomento del empleo, alcanzando los 5.985 millones de euros. Y dotan de la financiación prevista -por primera vez- al pacto de Estado contra la violencia de género: 220 millones de euros.
Las nuevas cuentas públicas pretenden financiarse con una subida del Impuesto de Sociedades y del IRPF para las rentas más altas (superiores a los 130.000 euros anuales). Al mismo tiempo, estipulan una bajada del IVA para artículos de primera necesidad, como los de higiene femenina.
La batalla por la aprobación de estas cuentas va a seguir abierta, y hay poderosas fuerzas que piensan oponer toda la resistencia posible. Esos centros de poder buscan que Sánchez tire la toalla y convoque de inmediato nuevas elecciones, o presionar hasta conseguir que no pueda seguir llevando adelante iniciativas favorables a las exigencias de la mayoría social.