Entre el 15 y el 25 de junio tuvo lugar en Madrid una cumbre inédita de la que desde entonces poco se ha vuelto a hablar en los medios. Convocada por la gran patronal CEOE, bajo el lema: “Empresas Españolas Liderando el Futuro”, reunió a los principales directivos y asociaciones empresariales del país, representantes cualificados de la oligarquía financiera, la clase dominante española, reunidos durante 12 días en sesiones de mañana y tarde, en los que se pronunciaron 150 discursos con todo tipo de propuestas y opiniones sobre cómo “encarar el futuro del país tras la crisis”.
Por allí pasaron lo más granado de la Banca, Ana Patricia Botín (Santander) y el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, y hasta el de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri; los directivos de los sectores más castigados, como el Turismo y el Transporte; pero también los presidentes de las eléctricas y las petroleras, el presidente de Inditex, Pablo Isla, o empresas de la industria y las telecomunicaciones…
Hoy, cuando el presidente del gobierno Pedro Sánchez presentaba el Plan de Recuperación, Transformación y Resistencia de la Economía Española, que ha de enviar a Buselas en quince días, y mencionaba algunos de los datos que supondrá, la cumbre de la oligarquía española ha aparecido en primer plano.
También aquí ha habido una puesta en escena: se han conectado por videoconferencia casi doscientas personas, entre ellas el consejo de ministros en pleno, representantes de la patronal y los sindicatos, presidentes y altos directivos de empresas y los embajadores de los 27 países miembros de la Unión Europea.
Según Pedro Sánchez, el Plan creará 800.000 puestos de trabajo en tres años y ha de ser una guía para invertir las ayudas europeas; 72.000 millones de euros del Fondo de Recuperación europeo entre 2021 y 2023. Este es el primer eje: las ayudas europeas son la base del plan.
El segundo son las grandes prioridades del plan, sobre todo dos: la transición ecológica, a la que según el gobierno se van a dedicar el 37% de los recursos. Y la transición digital a la que se destina otro tercio.
Ante las dificultades de negociación con Bruselas y el más que probable retraso en la llegada de los fondos, el presidente Sánchez a anunciado que España adelantará en los Presupuestos de 2021 27.000 millones de euros.
Y a modo de ejemplo ha señalado que el plan: “Promoverá el despliegue de 250.000 vehículos eléctricos nuevos en un año para llegar a cinco millones de ellos en 2030. Además, se rehabilitará medio millón de viviendas en 10 años para hacerlas más eficientes. Se desarrollará el 5G para dar cobertura al 75% de la población, se ofrecerá formación digital a 2,5 millones de pymes, o se crearán 65.000 plazas de educación infantil de 0 a 3 años gratuita para reducir la brecha de género”.
Basta con dar un vistazo a la hoja de ruta de la cumbre de la CEOE de junio para encontrar un hilo conductor entre aquella y los planes de recuperación. Una hoja de ruta basada en tres pilares: la deuda pública, una apuesta decidida por la llegada de los fondos europeos y unas medidas consensuadas con los agentes sociales.
En aquella cumbre la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, llegó pidiendo consenso para “invertir en políticas consensuadas que permitan invertir y generar empleo, apoyar la temporada turística, un plan de rehabilitación de edificios y ayuda de compra de vivienda para jóvenes menores de 35 años”.
Los riesgos: el festín de los monopolios
La música del Plan de Recuperación ha sonado bien en la presentación de Sánchez: 800.000 empleos, transición verde y digital… Pero habrá que mirar al fondo para que todos estos recursos no acaben sirviendo para que los grandes poderes económicos del país, en colusión con el gran capital extranjero, salgan de la crisis con nuevos y flamantes negocios, eso sí más verdes y digitalizados, mientras se perpetúan las dependencias del país, la precariedad laboral y social y se aniquila una parte importante de la pequeña y mediana empresa.
Los grandes monopolios ya están tomando posiciones para llevarse los mayores bocados. Así por ejemplo: Endesa, Repsol o Naturgy ya anuncian planes para destinar unos 10.000 millones a las energías renovables, entre ellas la producción de combustibles sintéticos a partir del hidrógeno. Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, ya está tomando posiciones para estar en los primeros puestos del reparto del dinero, y ha enviado un informe al gobierno central y a los autonómicos con sus propuestas…