Juana Rivas ha sido condenada este viernes a cinco años de cárcel seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre ellos, una indemnización de 30.000 euros por el daño moral y material hacia Francesco Arcuri, su expareja, y el pago de todas las costas del juicio.
El fallo del juzgado de lo Penal número 1 de Granada ha desatado una ola de indignación entre dirigentes políticos, organizaciones feministas y usuarios de redes sociales.
En Madrid, las manifestantes han cortado el tráfico en la calle San Bernardo y minutos después la policía se ha acercado para impedirlo. «Que no, que no, que no tenemos miedo, que sí, que sí, que si tenemos rabia», gritaban las convocadas.
“Con esta sentencia nos están diciendo que si queremos huir del maltrato y del infierno, lo tenemos que hacer costa de perder a nuestros hijos, e incluso a ser condenadas”, lamenta Marina Marroquí del colectivo AIVIG.
El juez no ha tenido en cuenta ni como atenuante ni como eximente, la sentencia que condenó a Francesco Arcuri por un delito de violencia de género, ni tampoco la denuncia que por el mismo motivo interpuso luego su ex mujer hace ahora dos años, y que dieron origen al caso Juana Rivas.
El Convenio de Estambul de 11 de mayo de 2011, que ha sido ratificado por España, y también por Italia – que es el país donde debían entregarse los menores- establece que los países firmantes “tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que, en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, se tengan en cuenta los incidentes de violencia” incluidos en su ámbito de aplicación.
En julio de 2017, instada por una juez a entregar a sus dos hijos al padre para que volviera con ellos a Italia, Rivas desapareció durante un mes con los niños. Antes de huir, presentó una denuncia por malos tratos físicos y psicológicos contra Arcuri. «Estaba defendiendo a mis hijos frente a un padre que me maltrataba física y psicológicamente. Yo no entiendo de leyes».