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En 1971, cuando Bangladesh se independizó de Pakistán, Sheikh Mujibur Rahman, el líder del movimiento nacionalista decidió que la mitad de los puestos de trabajo públicos -los más estables y mejor remunerados- no se cubrirían en función de los méritos académicos o laborales, sino mediante unas cuotas que favorecieran a las mujeres y a los residentes de zonas menos desarrolladas.
Esta era la parte positiva de la llamada «ley de cuotas». La otra cara, mucho más controvertida, reservaba un 30% de los puestos de la administración pública para los miembros de la Liga Awami gobernante tras la independencia, y para sus hijos y nietos.
Obviamente, a lo largo de estos 50 años, esta cláusula flagrantemente nepotista se ha convertido en una gran fuente de corrupción y de redes clientelares en Bangladesh.
Por eso, desde hace años, su supresión es una de las principales demandas populares, especialmente de los estudiantes universitarios, que ven frustradas sus aspiraciones de lograr un puesto de trabajo estatal si no son de la casta de la Liga Awami.
En 2018, fuertes protestas populares, encabezadas por los estudiantes, forzaron al entonces presidente a abolir esta ley de cuotas. Pero el pasado mes de junio, el Tribunal Supremo obligó a reinstaurar el nepotismo en la propia Constitución, desatando de nuevo la ira popular, con grandes movilizaciones en las universidades de todo el país, especialmente en la capital Dhaka, que fue tomada varios días por los estudiantes. Los disturbios más intensos en años se han extendido a casi la mitad de los 64 distritos del país.
El gobierno de la primera ministra Sheikh Hasina de la Liga Awami, que hace pocos meses ha asumido el poder por cuarta vez consecutiva, en unas elecciones boicoteadas por la oposición, ha respondido con dureza, enviando a la policía y las Fuerzas Especiales del ejército y prohibiendo las manifestaciones en todo el país.
La agencia de noticias AFP informó de al menos 39 muertos y más de 1.000 heridos, pero se estima que pueden ser muchos más.
Sin embargo, la represión no puede sofocar la llama del descontento juvenil en un país de 170 millones de habitantes, donde una quinta parte no tiene trabajo ni educación, y donde el nepotismo apenas reserva 3.000 puestos de trabajo (de un total de 400.000 empleos públicos) para ser conseguidos por méritos académicos o laborales.