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El Tribunal Supremo declara nulo el ‘bono social’ que se aplicaba a los más vulnerables -las familias bajo la lacra de la pobreza energética- y que beneficiaba a 2,4 millones de usuarios. El fallo obliga a indemnizar a los monopolios energéticos con más de 500 millones de euros. Unas eléctricas que han multiplicado sus beneficios mediante un atraco en la factura de la luz, que ha aumentado más de un 76% en una década.
Se había dado un paso favorable para aliviar la pobreza energética, seguro que han oído hablar de ella o la han sentido en su piel. Afecta a cinco millones de españoles (el 11% de los hogares), que pasan frío en invierno por no poder hacer frente a sus facturas. Esa que sufren jubilados de pensión mínima, hogares con todos sus miembros en paro, familias numerosas, de inmigrantes o de precarios. El bono social era un insuficiente analgésico -un 25% de descuento sobre la tarifa normal- en la economía de estas familias, duramente castigadas por una factura de la luz que supone el 5-10% de sus gastos. Pero era mejor que nada. El Tribunal Supremo lo ha declarado ‘nulo’.
La sentencia obliga al gobierno a compensar a las eléctricas con 500 millones de euros, coste que a su vez el Ministerio trasladará al recibo de la luz. La sentencia la pagaremos entre todos.
Las que reciben esta agradable indemnización son las grandes distribuidoras: Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo. Las mismas que han logrado 34.463 millones de beneficios netos, subiendo entre un 76% y un 101% el precio de la electricidad en la última década, según Facua, que también cifra en el 24% la subida de la luz en 2016. Sin contar el ‘rescate encubierto’, la montaña de dinero público (cuyo montante acumulado se eleva a más 28.000 millones de euros) con el que el gobierno ha “compensado” a las eléctricas por la excusa fraudulenta del ‘déficit de tarifa’. O sin contar con medidas hechas a su medida, como el ‘impuesto al Sol’ del ministro Soria.
El alto tribunal ha actuado de forma eléctrica a favor de estas grandes empresas. No ha ocurrido así cuando se ha descubierto las prácticas ilegales -de cártel monopolista- que usan estos gigantes para jugar con la factura de la luz. En noviembre, la CNMV condenó a las electricas por alterar la producción hidráulica… a 25 millones de euros. Entre todas las compañías. Lástima que la risa de los ejecutivos no genere kilovatios.