Impunidad de Estado

En aquel vergonzoso episodio -donde murieron 62 militares españoles que retornaban de una misión en Afganistán- aparece con indigna claridad el desprecio absoluto del Estado, transformado en un aparato frí­o e inmisericorde, hacia la vida, y la impunidad con la que comete sus desmanes.

Todos los caminos más oscuros confluyen en el accidente del Yak-42.

Primero, el por qué soldados españoles deben arriesgar su vida en una misión, la de Afganistán, que sólo obedece a los intereses de dominio norteamericanos.

En segundo lugar, por qué el ministerio de Defensa optó, sólo por ahorrar unos miserables euros, que luego los altos responsables del ministerio despilfarran, por trasladar a los soldados en un tétrico avión de una compañía de quinto orden de Kirguizistán que incumplía todos los requisitos de seguridad.

A pesar de la propaganda oficial que se aprovecha del “heroico” papel de los soldados en los conflictos internacionales, en realidad son tratados por el Estado como “carne de cañón”. El relato de los hechos que acabó en la tragedia del Yak-42 es escalofriante. El informe de la Comisión Internacional de Investigación reveló que el accidente se debió sobre todo “al cansancio de la tripulación y a deficiencias en el mantenimiento del avión”.

El Yak-42 acabó siendo subcontratado por el Ministerio de Defensa, a través de la Agencia de Mantenimiento y Apoyo de la OTAN (NAMSA), a una compañía aérea ucraniana Ukranian Air Mediterranean (UM-Air). El ministerio de Defensa hizo caso omiso de las quejas y denuncias de mandos militares sobre las deficiencias de los vuelos y la falta de seguridad como, por ejemplo, recogía la Voz de Asturias dos meses antes del accidente.

Con Bono en el ministerio se tomaron medidas contra los jefes del Estado Mayor Conjunto y la División de Operaciones por gravísimas irregularidades: se cambió el modelo de avión para ahorrar 6.000 euros, la tripulación superaba las 23 horas de vuelo y no funcionaban la caja de registro, ni el sensor de combustible. Los funerales de Estado con los cadáveres sin identificar, las amenazas a los familiares que querían conocer la verdad…

Pero tras el accidente, todos los límites de la indignidad se superaron. El teniente general José Antonio Beltrán ha admitido en el juicio que Federico Trillo le transmitió una orden precisa: «Traedme los cadáveres cuanto antes». Tenían que llegar al funeral de Estado, y todo lo demás no importaba. Hasta el punto de que Beltrán reconoce que «yo estaba dispuesto a traerme los cadáveres como fuera. Para mí no era impedimento para traerlos que estuvieran sin identificar».

A los familiares de las víctimas se les entregaron féretros sellados a sabiendas de que no pertenecían a sus seres queridos. Pero eso poco importaba. Lo único importante es que el funeral de Estado pudo realizarse en el horario previsto.

Cuando los familiares sospecharon, la impunidad que se auto concede el Estado estalló en toda su extensión.

Teresa Jiménez Cabello, esposa del brigada Juan Carlos Jiménez Sánchez, ha denunciado en el juicio el «machaque psicológico y maltrato a los familiares y a los propios muertos» que tuvieron que sufrir en los meses posteriores a la catástrofe.

Amparo Gil, madre del sargento Francisco Cardona, denunció que el coronel de la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) les dirigió «amenazas» para que no dijeran «nada de lo que se pudieran arrepentir algún día», y les impidió ver el cuerpo de su hijo alegando que estaba «prohibido abrir los féretros”.

Lo ocurrido con el Yak-42 es un hecho, pero no un hecho aislado. En el terreno militar, aún está pendiente de aclarar otro accidente de Afganistán, el del helicóptero Cougar que costó la vida a otros 17 militares españoles en agosto de 2005, archivado por el Juez Togado Militar y que sólo la insistencia de Eduardo Guitard, padre del piloto, ha logrado que se reabra la investigación.

En el terreno civil los casos son innumerables y afectan a miles de ciudadanos abandonados a su suerte por la lentitud de la Justicia, las víctimas de estafas inmobiliarias o financieras (como el Forum y Afinsa o los que se han quedado colgados por la paralización de sus viviendas, etc.).

Es necesaria una profunda regeneración democrática que defienda a los ciudadanos frente al Estado.