Cargando...Ayer, Rosa Díez, la única diputada de UPyD en el Congreso, logró el apoyo unánime del PSOE, PP, CiU, PNV e IU en la Comisión de Exteriores. Como ya se ha escrito, uno vale más que 349, si se defiende aquello que la inmensa mayoría de los ciudadanos de España reclaman. Y lo que Rosa Díez, en nombre de UPyD, proponía era algo tan justo como que los delitos de terrorismo se incluyeran dentro del ámbito de intervención legal de la Corte Penal Internacional (CPI). Lo ha hecho con la presentación de una proposición no de ley que insta al Gobierno español a que, en la primera ocasión que pueda, plantee, en el organismo internacional concerniente, la inclusión del terrorismo como delito en los que pueda intervenir y juzgar la CPI.
Se trata de dar otro aso más en la lucha consecuente y eficaz contra el terrorismo, y acabar con las posturas que se limitan a realizar condenas verbales ante cada atentado pero no agotan todos los recursos políticos, policiales, legales y económicos para acabar con las bases y los apoyos del terrorismo. En palabras de Rosa Díez: “estamos hablando de los crímenes más execrables, de delitos contra los derechos humanos y de los más indignos. Por estos y otros motivos, estos delitos, nunca deberían prescribir ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista humano”.Para dar un paso adelante y en perspectiva de la Primera Conferencia de Revisión de los Estados Partes para examinar las enmiendas al Estatuto de la CPI que tendrá lugar en 2009, Rosa Díez solicitó y obtuvo el apoyo del resto de los grupos parlamentarios. Incluso con el objetivo de conseguir la mayor unidad, ha aceptado una propuesta transaccional presentada por el PSOE que se ha incluido en la proposición de UPyD. Rosa Díez, destacó ayer, en la Comisión de Exteriores, que dicha medida si bien tiene un efecto jurídico innegable tiene otro efecto, igualmente importante, de carácter simbólico y moral que no hay que obviar, máxime cuando ayer se cumplían cinco años del atentado del 11-M.Recordemos las dificultades y la lentitud con el caso de De Juana en Irlanda del Norte y, lo que es especialmente grave, la inadmisible existencia de la “retaguardia” terrorista de ETA, desde hace ya muchos años, sin que sea combatida y eliminada por el Estado francés. La inclusión del terrorismo en el ámbito del TPI contribuiría, por tanto, a una persecución más efectiva de los terroristas evitando que se refugiaran en un Estado que pudiera darles cobijo, o impedir su extradición. Además, esta medida impediría la prescripción de sus crímenes.