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La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de la sociedad, especialmente dentro de la juventud. Los alquileres cada vez están más altos mientras que poco a poco los fondos buitres se están convirtiendo en los principales caseros del país. Hablamos con Isabel Saavedra, portavoz de la Plataforma Derecho al Techo. Una plataforma que nació en Gran Canaria como una iniciativa vecinal para parar ocho desahucios de vecinos del barrio que ha crecido hasta ser uno de los referentes de la lucha por la vivienda digna en Canarias.
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La vivienda se ha convertido en la principal preocupación social para miles de familias. ¿cómo definirían hoy el “atraco de la vivienda” y a quién está golpeando con más fuerza?
Es resultado de no haber llevado a cabo las políticas legislativas, incluso no se han aplicado, o no se están aplicando leyes que por sí podrían ayudar. Nosotros siempre pensamos que la ley estatal de vivienda tiene una serie de herramientas que, de ser aplicadas por el gobierno de Canarias, se podría conseguir, por lo menos, paliar un poco el problema. Y que, evidentemente, no se quiere hacer. Declarar la zona como tensionada, es algo que ahora mismo el gobierno de Canarias no quiere hacer. Esto al final, lo que hace es dejar el mercado en manos de quienes fijan los precios abusivos, y las víctimas, quienes son, independiente a la clase de trabajadora, a la gente joven que quiere emanciparse, no puede, y, sobre todo, a los hogares más vulnerables.
Entonces, al final, los beneficiarios son los grandes tenedores, los grandes propietarios y los grandes fondos de inversión. Porque la vivienda ahora mismo es un bien de especulación, y no un bien que debería estar protegidísimo, desde nuestro punto de vista, porque es tan necesario.
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En los últimos años, la lucha por el derecho a la vivienda ha ganado visibilidad con protestas masivas, plataformas ciudadanas y movilizaciones en todo el Estado. ¿Creen que este movimiento necesita coordinarse a nivel nacional para ganar fuerza política y mayor capacidad de presión?
Sin duda, estamos convencidas de ello. De hecho, nosotros estamos en contacto con otros movimientos por la vivienda que hay en el resto del Estado español, sobre todo sindicatos de inquilinos, la plataformas de afectadas por la hipoteca. Lo que entendemos es que pone en evidencia que mientras en algunas zonas del país, de algunas comunidades autónomas se aplican algunas políticas legislativas y en otras no. Al ser competencias transferidas, cada gobierno autónomo puede hacer un poco lo que quiera, pues nos damos cuenta de las diferencias y de que, en realidad, no es que no se puede hacer nada, es que no se quiere hacer.
Esto me recuerda que yo viví en la época de Stop Desahucios, hace casi dos décadas, y era el grito, del “Si se puede, pero no quieren”. Cuando nos reunimos con otros compañeras y compañeros de otras comunidades autónomas para darnos cuenta de que hay zonas en las que se están intentando hacer cosas.
Por ejemplo, hoy, leía el caso de Navarra, que se han aplicado las zonas tensionadas, y han conseguido bajar el más del 8% los precios. Es un inicio, es algo que nos puede servir, para fijarnos y para poder exigir a quienes están gobernando que hagan las cosas de otra manera. Cada vez más colectivos plantean la necesidad de una alternativa concreta al modelo actual de vivienda.
El mercado está en manos de quienes fijan precios abusivos.
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Más allá de la denuncia, cada vez más colectivos plantean la necesidad de una alternativa concreta al modelo actual de vivienda. ¿Cuáles dirían que son los pilares fundamentales de la propuesta de Derecho A Techo para garantizar una vivienda digna y asequible?
Partimos de que el problema de la vivienda es extremadamente complejo y que solo puede abordarse con la implicación de todos los agentes sociales y políticos. No es un problema sencillo ni se resuelve con recetas simplistas. En ese sentido, creemos fundamental asumir que el mercado de la vivienda no se autorregula. La idea de que basta con construir más viviendas no solo es insuficiente, sino que ha demostrado que, cuanto más se construye, más suben los precios.
Uno de los pilares básicos debería ser la movilización de la vivienda vacía. En Canarias, según datos del INE de hace años, había más de 200.000 viviendas desocupadas. No sabemos si esa cifra sigue siendo exacta, pero lo que sí sabemos es que nunca se ha hecho un diagnóstico serio y actualizado. Nadie ha querido afrontar esa realidad y cuantificar cuántas viviendas vacías existen realmente.
A esto se deben sumar políticas de control del precio del alquiler y límites claros a la turistificación. En Canarias, la vivienda vacacional es un factor clave. Aunque siempre ha existido el pequeño apartamento, en los últimos años la situación se ha desbordado, en gran parte por políticas excesivamente permisivas que priorizan el crecimiento turístico sin límites.
También consideramos esencial diferenciar entre el pequeño propietario que complementa una pensión y los grandes tenedores o empresas que operan edificios enteros como si fueran hoteles encubiertos. Esa distinción no se ha hecho, y el resultado ha sido enfrentar a pequeños propietarios e inquilinos, alimentando bulos sobre la ocupación y criminalizando a las personas vulnerables.
La realidad es que la mayoría de las familias pagan sus alquileres hasta que no pueden más. Defender esto y combatir el miedo, la desinformación y las prácticas coercitivas es parte central de nuestra propuesta por el derecho a una vivienda digna.
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El discurso dominante tiende a meter en el mismo saco a pequeños propietarios y a grandes fondos de inversión. ¿Consideran que es necesario sumar a los pequeños propietarios —quienes tienen de una o tres viviendas— a una alternativa común por el derecho a la vivienda, en lugar de enfrentarlos con los inquilinos?
Yo pienso que cuando menos hay que tratarlos de forma diferente. En muchas ocasiones nos encontramos con ese perfil de yo tengo una pequeña vivienda y la alquilo y con eso le pago a la cuidadora que tengo para madre, que es una señora muy mayor y el apartamento que ella compró y se sienten hasta culpables a veces en nuestras asambleas de tener que explicar eso. Y yo siempre lo digo no podemos caer en esa trampa porque los pequeños propietarios efectivamente no sabemos si es el que tiene una, dos, tres o hasta diez como dice la ley.
En cualquier caso desde Derecho al Derecho siempre nos planteamos la posibilidad de tender una mano y buscar esos propietarios yo digo caseros buenos pero en realidad no es que haya ni buenos ni malos sino simplemente gente con principios. Que sabe perfectamente que ellos mientras les paguen una renta digna y normal, sin pasarse.
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En los últimos años se han anunciado planes públicos como Casa 47, pero con límites de renta que dejan fuera a los hogares más pobres. ¿Creen que estos programas están garantizando el derecho a la vivienda o que están creando un sistema de acceso excluyente?
Casa 47 realmente al final no deja de ser una transición para que todas aquellas propiedades que pasaron a manos de la Sareb, el famoso Banco Malo, que se creó con muchísimo dinero público, en anteriores etapas de políticas de este país. Pues ahora esas propiedades vuelvan a un sistema en el que pueda ser de manera controlada pues alquilada. Pero es verdad que deja fuera a las personas más vulnerables. Me parece que tiene que tener un mínimo de 16.000 euros al año y un máximo de 63.000, dejando completamente fuera a las personas que peor lo están pasando.
Porque nosotras en la plataforma nos encontramos en muchos, muchos casos de personas que cobran salarios muy bajos, pensiones muy bajas también y esta gente no tendría en ningún caso acceso a esta vivienda, ¿Qué significa también el hecho de crear Casa 47? Pues que se está reconociendo que este problema existe y que de alguna manera hay que buscarle soluciones. Lo que pasa es que parece un producto de marketing.
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La juventud es una de las más afectadas por la precariedad y la imposibilidad de emanciparse. ¿Qué políticas concretas proponen para garantizar que las personas jóvenes puedan acceder a una vivienda sin condenarse al endeudamiento o a la precariedad?
Claro, es que hay que tener en cuenta que hoy en día la gente joven no se puede ni plantear la compra de una vivienda, primero por los precios y segundo porque el acceso a la hipoteca ya no son tan sencillas como lo fueron en un momento que también provocaron un confinamiento. Tendríamos que discutir sobre el tema pero es verdad que si no tienen un ahorro de un 30% de valor de la vivienda no pueden acceder a una hipoteca.
Se nos ha vendido un poco el rollo romántico del cohousing, de la cooperativa pero para eso realmente también hay que tener un patrimonio ahorrado para poder invertir en ese tipo de proyectos. Con lo cual, al final ya sea social, ya sea pública o simplemente con unos alquileres limitados y acorde a lo que son los salarios de esta juventud porque no olvidemos que además especialmente en Canarias tenemos unos salarios muy bajos los segundos más bajos de todo el Estado. Entonces, con los alquileres abusivos al final te provoca una imposibilidad total de que la gente joven sigue viviendo en casa de sus padres, cuando puede porque otra veces tampoco pueden eso y al final, lo que produce es que se vayan de aquí y que se pierda toda esa fuerza que supone tener gente joven viviendo en los barrios.
Nos ponen a pelear a inquilinos y pequeños propietarios: es una trampa.
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Los datos muestran que los alquileres han crecido muy por encima de los salarios en la última década. En el caso específico de Canarias, ¿qué impacto está teniendo esta subida en el riesgo de pobreza, especialmente entre jóvenes, familias trabajadoras y hogares monoparentales?
El impacto es evidente y además produce una gran desigualdad. Cada vez vemos que entre una generación que podemos hablar de padres y abuelos de los jóvenes de hoy muchos pudieron acceder en su momento a comprar una propiedad y la gente joven todo lo contrario. No pueden emanciparse, no pueden salir de casa de sus padres. Esto produce una gran desigualdad que la única forma de paliarla sería pues con medidas legales que como dije no se aplican.
Entonces, lo que pasa finalmente también es que vemos mucha gente viviendo en infraviviendas e incluso compartiendo habitación o sea, ya no comparten los pisos compartiendo habitación.
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Canarias sufre una presión añadida por la turistificación y la expansión del alquiler vacacional. ¿Qué papel juegan plataformas como Airbnb y los grandes tenedores en la escalada de precios en Canaria?
Son el síntoma, la causa desde luego es la falta de mecanismos eficaces de control. Ahora en los últimos meses hemos visto que se han exigido una serie de requisitos, que algunas asociaciones de propietarios han protestado, porque han dicho que al final no deja de ser una limitación a su derecho a la propiedad.
Siempre olvidamos que también existe la función social de la propiedad de eso nadie o poca gente se acuerda. Pero esas pequeñas limitaciones que se han ido poniendo ¿qué han hecho? pues algunas de las propiedades hayan salido de las plataformas. Hay propietarios que quizás digan «pues mira yo lo voy a alquilar como vivienda habitual». Es verdad que también hecha la ley hecha la trampa: se están alquilando por temporadas cuando en realidad son viviendas habituales con lo cual tienen menos garantías y menos controles. El turismo es un factor decisivo para el encarecimiento de los precios, quien diga lo contrario yo creo que no sabe lo que dice.